Desde Lima
Pagina 12
10 de Junio de 2009
El gobierno de
Perú acusó a los gobiernos de Venezuela y Bolivia de promover las
protestas, que dejaron 50 muertos. El líder indígena Pizango pidió
asilo en la embajada de Nicaragua.
Acorralado por
las críticas luego de la masacre de indígenas amazónicos ocurrida el
viernes en la selvática localidad de Bagua, que ha dejado más de 50
muertos, entre nativos y policías, el gobierno de Alan García ha
endurecido su discurso represivo y se defiende acusando a los
indígenas por la violencia. Las comunidades selváticas están en pie
de lucha contra el gobierno desde hace dos meses, exigiendo la
derogatoria de una serie de leyes que promueven el ingreso a la
Amazonia de empresas transnacionales para explotar hidrocarburos,
madera y biocombustibles sin consultarles a las comunidades
indígenas, cuyas tierras se verían afectadas por las operaciones de
las transnacionales. Tratando de justificar la represión, el
gobierno ha denunciado que la protesta indígena formaba parte de una
supuesta “conspiración internacional” para derrocarlo.
En un
discurso ante un auditorio formado por militares, García habló de un
“complot contra la democracia”, el cual, según su versión de la
realidad, estaría promovido por sus opositores internos y por
“intereses extranjeros”, que, señaló, “han manipulado a los
indígenas y los han azuzado a la violencia”. García no identificó
los “intereses extranjeros” de los que habló, pero el vocero
parlamentario del partido oficialista, Aurelio Pastor, fue más
explícito y acusó directamente a los gobiernos de Venezuela y
Bolivia de promover las protestas indígenas. La acusación generó un
nuevo intercambio de acusaciones entre Lima y los gobiernos de
Caracas y La Paz, que mantienen relaciones diplomáticas tensas.
Venezuela y Bolivia respondieron la acusación negando tener alguna
intervención en las protestas de los indígenas peruanos y
responsabilizando al gobierno peruano por la matanza de los
indígenas. La ministra venezolana para los pueblos indígenas, Nicia
Maldonado, dijo que el gobierno peruano había cometido “un
genocidio” y lo acusó de “fascista”. Por su parte, Celima Torrico,
ministra de Justicia de Bolivia, acusó al gobierno peruano de no
atender las demandas de los indígenas y lo responsabilizó de “tanta
matanza”.
El
líder de la protesta indígena, Alberto Pizango, a quien el gobierno
pretende responsabilizar de la muerte de los 24 policías fallecidos
en los enfrentamientos con los nativos, pidió ayer asilo en la
embajada de Nicaragua. El gobierno había desatado una cacería
policial contra Pizango, acusado de rebelión, ataque a las fuerzas
armadas y homicidio, entre otros delitos. El anuncio del pedido de
asilo lo hizo el primer ministro, Yehude Simon, durante una larga y
accidentada presentación en la Comisión de Defensa del Congreso,
marcada por las acusaciones a gritos entre el gobierno y la
oposición y que al momento del envío de esta nota todavía
continuaba. Simon acudió al Congreso acompañado de la ministra del
Interior, Mercedes Cabanillas. Ambos repitieron el discurso oficial
de culpar de la violencia a los indígenas y a supuestos
“agitadores”, tanto internos como externos. La oposición, encabezada
por el Partido Nacionalista (PN), del ex candidato presidencial
Ollanta Humala, acusó al gobierno de tener las manos manchadas de
sangre y exigió las renuncias de Simon y Cabanillas, que
respondieron apuntando el dedo acusador contra el PN, al que
responsabilizaron de “haber azuzado la violencia” al respaldar los
reclamos de los indígenas
“Ignorantes”,
“salvajes”, “cobardes”, “asesinos de policías”, “terroristas” son
algunos de los epítetos que los principales voceros del gobierno han
disparado contra los indígenas en los días siguientes a la masacre
de Bagua. En la Amazonia, que ha sido militarizada, continúa la
tensión. En Bagua los nativos han comenzado a replegarse a sus
comunidades, pero en otras localidades de la Amazonia, como
Yurimaguas, mantienen bloqueadas algunas vías. Los indígenas han
acusado a las fuerzas de seguridad de estar desapareciendo los
cadáveres de nativos caídos en la represión policial, arrojándolos
al río o cremándolos, y aseguran que hay cerca de un centenar de
desaparecidos. El gobierno insiste en reconocer solamente la muerte
de nueve nativos, cifra desmentida por todas las versiones que
llegan de la zona de la matanza y que coinciden en que los nativos
muertos son alrededor de treinta.