El ministro del Interior, Roberto Maroni, firmó ayer un decreto con el reglamento de actuación de las patrullas, cuya actividad ha sido redimensionada en los últimos tiempos después que aparecieron "Guardias Nacionales" de extrema derecha, con uniformes que evocaban a las SS nazis, que pretendían incorporarse a las rondas de los campeones del orden.

Según el decreto de Maroni, cada patrulla no podrá tener más de tres miembros y se colocará solo una chaqueta amarilla que los identifica. No podrán utilizar vehículos ni animales, después de que se estaban preparando perros y coches semiblindados. Los patrulladores podrán sólo avisar a la policía y los carabineros si observan violaciones al orden público.

Las rondas existen desde hace más de un año en las regiones del norte. Las de la Liga Norte se llaman Guardias Padanos. En Verona y Treviso, ciudades gobernadas por alcaldes acusados de xenofobia y racismo, se llaman "asistentes cívicos". Su misión es que la ciudad "esté más limpia y segura", dijo el alcalde Flavio Tosi.

En la región de Varese, la ciudad del líder máximo liguista, Umberto Bossi, grupos de vecinos han puesto en vigor un sistema de control de "movimientos sospechosos" para garantizar el control del territorio.

Policías y carabineros no ocultan su disgusto por el crecimiento del fenómeno de los "observadores voluntarios", el nombre oficial de las rondas. El secretario del gremio de los policías, Enzo Letizia, reiteró que la defensa del orden público debe estar a cargo de las fuerzas públicas del Estado. Pero policías y carabineros sostienen que en lugar de recibir refuerzos y más medios para combatir el crimen, han sufrido recortes en los presupuestos.

En el centro y sur italianos las patrullas ciudadanas son impopulares. Gobernantes regionales y locales, junto con los dirigentes opositores, reiteraron su apoyo a policías y carabineros como únicos delegados al uso de la fuerza pública.

La entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad aprobada el mes pasado por el Parlamento, que establece normas muy restrictivas para los cinco millones de inmigrantes residentes, la mayoría regulares. Ya se produjeron los primeros arrestos -dos norafricanos en San Remo y otros dos en Pescara- y fueron presentadas las primeras de las muchas denuncias que se están preparando. La mayor parte están siendo tramitadas en las prósperas regiones septentrionales de Italia, donde crece un clima de hostilidad, racismo y xenofobia contra los inmigrantes, sobre todo si tienen la piel oscura y provienen de países pobres.


En la Unión Europea es evidente el recelo frente a la nueva vuelta de tuerca de las medidas represivas en Italia, que ya originaron objeciones y denuncias en Bruselas y en el Parlamento Europeo.

Motor de las iniciativas es la Liga Norte de Umberto Bossi, que va ganando hegemonía en las regiones ricas septentrionales: Lombardía Véneto, Piamonte, Liguria (Génova) y Friuli, aunque la influencia liguista comienza a extenderse hacia el sur, en la Emilia Romagna (Bolonia) y las Marcas (Ancona).

La Liga Norte es el principal aliado externo del partido de la Libertad del premier Silvio Berlusconi. La Liga ha impuesto medidas cada vez más duras para reducir el número de inmigrantes.

Las primeras iniciativas de hacer una ley fuertemente restrictiva de la inmigración incluían como castigo la prisión de los inmigrantes irregulares, pero las protestas aliviaron la pena hasta convertirla en multas de hasta 14 mil dólares.

Algunos países latinoamericanos expresaron su preocupación por la ley. Ecuador, que cuenta con una fuerte comunidad de trabajadores radicados en Italia, manifestó un "profundo rechazo", afirmando que "alimenta la violencia xenófoba. El gobierno de Quito dijo que responsabilizará al gobierno de Berlusconi por las agresiones que puedan sufrir los inmigrantes ecuatorianos en Italia.

Ayer, además de los dos arrestados en San Remo, dos marroquíes fueron detenidos en Pescara y se anunció que ambos serán procesados. Además de las multas, la sanción inevitable es la expulsión. En Bolonia, Milán, Turín y Génova se registraron numerosas denuncias contra inmigrantes ilegales por parte de ciudadanos italianos.

Las nuevas normas amplían hasta seis meses el tiempo de retención de los indocumentados que deban ser identificados. El extranjero que carezca de papeles en regla no podrá realizar ningún trámite en las oficinas públicas. Muchos inmigrantes asiáticos, africanos y latinoamericanos explicaron que el futuro es sombrío para sus familias: muchos niños no podrán ir a la escuela, muchos extranjeros tienen ahora miedo de ir a un hospital o a realizar un trámite por temor de resultar expulsados.

En un siglo, desde 1870, muchos millones de italianos emigraron al exterior y hoy en el mundo son más numerosos los miembros de las comunidades italianas que los 60 millones que residen en la madre patria. A la Argentina fueron tres millones de peninsulares y que 24 de los 40 millones de habitantes de nuestro país tienen al menos en parte sangre italiana. Sin embargo, sobre los argentinos caerá sin piedad todo el peso de las sanciones previstas por La ley de Seguridad.

Los italianos que alquilen viviendas a los inmigrantes irregulares corren el riesgo de ir a la cárcel entre seis meses y tres años. También será más arduo para un extranjero "extracomunitario" casarse con un o una italiana.

Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la tragedia de Marcinelle, en Bélgica, cuando los estallidos de gas en una mina causaron en 1956 la muerte de 263 mineros, de los cuales 136 eran italianos. El presidente Giorgio Napolitano envió un mensaje en nombre de la mejor Italia, que aún es numerosa. Dijo que "la integración es un derecho fundamental y los trabajadores deben ser siempre respetados aunque no tengan documentos".

"Debemos reflexionar sobre la plena integración de los inmigrantes", señaló Napolitano. El presidente recordó a las generaciones de italianos "que vivieron el angustioso período de las migraciones de las regiones más pobres del país y afrontaron condiciones de trabajo pesadas y extremadamente riesgosas".

La ceremonia en Marcinelle fue presidida por el presidente de la Cámara de Diputados, Gianfranco Fini, que es el segundo líder del partido de Berlusconi como "capo" de los ex neofascistas. Fini está cada día más lejos del premier y de la Liga Norte. Ayer dijo que tratar a los inmigrantes como "huéspedes momentáneos" significa "no haber comprendido nada". Agregó que la historia futura de Italia será escrita por italianos con pleno derecho aunque hayan nacido más allá de sus fronteras.

Las posiciones de Fini coinciden cada vez más con la oposición y son muchos los que creen que esta nueva Ley de Seguridad puede convertirse en un revulsivo pleno de complicaciones para Berlusconi.