Aunque
consistente con su actuación histórica, es deplorable la
complicidad de la oligarquía peruana y su régimen con
los ambiciosos esquemas de reconfiguración
territorial
de Estados Unidos y los monopolios
mineros y petroleros, por medio de políticas económicas
y de seguridad que desembocaron en la masacre perpetrada
la semana pasada por el gobierno de Alan García contra
la población indígena. Dicha población, ocupante
legítima de la vasta y rica región amazónica del Perú,
ha venido protestando por varios decretos legislativos
inducidos con jugosos préstamos del Banco Mundial, bajo
el régimen de concesiones del Tratado de Libre Comercio
entre Perú y Estados Unidos.
Los decretos
atentan contra la Amazonia: al reducir la definición de
patrimonio forestal, dejan en el aire
unos 45
millones de hectáreas, 60 por ciento de los bosques de
Perú, o bien permiten la disponibilidad de áreas
naturales
para facilitar concesiones forestales,
mineras, petroleras y gaseras. Éstas y muchas otras son
iniciativas que se vienen gestando desde la década de
1920 (Finer, Jenkins et al, 2008), pero ahora
el acelerado agotamiento de recursos naturales que se
detecta a nivel mundial, encabezado por los
hidrocarburos y una gama cada vez mayor de minerales
críticos y estratégicos, acrecentó la apetencia
corporativa sobre una vasta e intacta región: la
Amazonia occidental, que engloba partes de Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y el occidente de Brasil y que
ya fue dividida en 180 bloques para la explotación de
gas y petróleo en unos 700 mil kilómetros cuadrados
incrustados en zona de gran biodiversidad, por siglos
habitada y cuidada por culturas de honda tradición y
conciencia ecológica.
En Ecuador y Perú, indígenas y residentes locales han tomado acción legal contra petroleras de Estados Unidos por haber lanzado miles de millones de litros de basura tóxica en las forestas. Ahora al menos 35 grandes empresas de gas y petróleo ya están operando en bloques que literalmente se clavan en la Amazonia occidental. El año pasado había 48 bloques en Perú y Alan García estaba a punto de entregar 16 más cubriendo 72 por ciento de la Amazonia peruana. Once bloques se localizan en las Zonas de Reserva Comunal. En torno a la matanza de García et al, el botín no es menor: ya empezaron a explotarse hallazgos recientes en Perú y en su frontera con Ecuador estimados en 500 millones de barriles de petróleo y en la región de Camisea hay cerca de 15 billones (trillions) de pies cúbicos de gas (op cit).
Se giraron
órdenes de reprimir y matar: según Gregor McLennan, del
programa Amazon Watch, todos los testigos
dicen que las Fuerzas Especiales abrieron fuego sobre
manifestantes pacíficos y desarmados, incluyendo ataques
desde helicópteros, matando e hiriendo a decenas, en un
intento orquestado de desbloquear los caminos
. No
fue un encontrón
, dice McLennan, sino una
coordinada redada con los policías disparando contra los
manifestantes desde ambos lados de los retenes
. En
entrevista radiofónica con Amy Goodman, McLennan estimó
que unos 500 elementos armados sorpresivamente abrieron
fuego contra los manifestantes en el bloqueo carretero,
cuando algunos de ellos todavía dormían
. El
gobierno y la CNN en español (¿Colonial News Network?)
encubren o deforman el genocidio; docenas de cadáveres
fueron lanzados al río Marañón y hay silencio total
sobre los arrestados; así lo indican abogados defensores
de los derechos humanos. Personal del hospital de Bagua
Chica y Bagua Grande corroboró que el gobierno trasladó
docenas de cuerpos a un lugar desconocido
.
Con esta proeza, Alan García asienta su presencia en esa larga lista de carniceros del alto capital en América Latina. García es el cuchillo, porque los que llevan la batuta están en Washington y tienen como medios básicos para esta magna operación sobre la Amazonia occidental al Comando Sur, al Banco Mundial/BID y a cipayos locales que por sobornos, ejecutan y son cómplices de crímenes de lesa humanidad.