La Jornada 16 de Junio de 2009
Ayer, en un
discurso leído en la Universidad de Bar-Ilan, en las
inmediaciones de Tel Aviv, el primer ministro de Israel,
Benjamin Netanyahu, respaldó por primera vez la creación
de un Estado palestino, con la condición de que éste
carezca de ejército, sea incapaz de hacerse de armamento
y decline imponer limitaciones sobre su espacio aéreo a
las milicias israelíes. Al mismo tiempo, aunque señaló
que su gobierno no tiene la intención de crear nuevos
asentamientos judíos en territorios palestinos,
Netanyahu advirtió que no impedirá el crecimiento
natural
de éstos –eufemismo con el que los
gobernantes israelíes tratan de justificar la constante
expansión de esos enclaves ilegales–, a efecto de
permitir que los residentes lleven una vida normal
.
Debe
señalarse, por principio de cuentas, que esta alocución
se produce a sólo 10 días de que el presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, emitió en El Cairo,
Egipto, un discurso orientado a la reconciliación entre
su país y el mundo islámico, en el que el mandatario
estadunidense enfatizó la intolerable
situación
que vive la población palestina a consecuencia del
asedio israelí, así como la ilegalidad
de los
robos de tierras perpetrados por el régimen de Tel Aviv.
De tal forma, las declaraciones hechas ayer por el
primer ministro de Israel parecen obedecer, más que a
una genuina voluntad de reconocer el derecho de los
palestinos a formar un Estado y vivir en él, a una
intención de congraciarse con Washington –ante las
presiones lanzadas en semanas recientes por el
presidente Obama– sin molestar demasiado a los
halcones y las posiciones conservadoras de la clase
política israelí –uno de cuyos miembros más prominentes
es el propio Netanyahu– y a la coalición de derecha que
domina la Knesset (parlamento).
Más allá de estas consideraciones, las condiciones que el gobierno israelí pretende imponer son improcedentes, en primer lugar porque incurren en el absurdo de exigir, para la construcción de un Estado palestino, la claudicación de principios y atributos básicos que lo definan como tal: el control sobre su territorio, la facultad de detentar el monopolio de la fuerza y la violencia legítimas, y la existencia de un ejército permanente y regular consagrado a funciones de defensa nacional. Es claro, además, que un Estado conformado según las condiciones enumeradas ayer por Netanyahu quedaría inerme ante la amenaza constante del país hebreo –potencia militar con un largo historial de agresiones colonialistas en la región–, y que nada podría evitar que se repitiesen escenarios como los que el mundo presenció a principios de este año, cuando el ejército israelí bombardeó la franja de Gaza y asesinó a miles de sus habitantes.
El premier
israelí incurrió en una distorsión adicional al insinuar
que la preservación de los asentamientos ilegales de
israelíes en territorios palestinos es un elemento
necesario para que los residentes lleven una vida
normal
: por el contrario, la restitución a sus
legítimos dueños de las tierras palestinas robadas por
la vía de la construcción de enclaves israelíes en
Cisjordania y la porción oriental de Jerusalén
constituye, de hecho, una condición necesaria para la
paz. Al día de hoy tales asentamientos, en conjunto con
los castigos colectivos que Tel Aviv aplica de manera
continua a la población de Gaza, no sólo constituyen un
despojo a todas luces injustificable, sino que hacen
imposible la vida cotidiana de los palestinos en su
propia tierra; son, además, un factor de permanente
descontento y de tensión en la región entre las
poblaciones de uno y otro bandos, y terminan por dotar
de bases sociales y argumentos a las expresiones
terroristas de algunos sectores fundamentalistas
palestinos.
Una solución para resolver de raíz la crisis de Medio Oriente requiere, como un primer paso imprescindible, el fin de la ocupación que Tel Aviv mantiene en los territorios palestinos; el cese de la aplicación de las estrategias de limpieza étnica seguidas en Al Qods –nombre árabe de la Jerusalén oriental– y en Cisjordania, y el pleno acatamiento a las resoluciones 242 y 338 de la ONU, que estipulan el retiro israelí de Cisjordania y la franja de Gaza, y la devolución a sus legítimos dueños de la Jerusalén oriental en los límites que se tenían hasta antes de la Guerra de los Seis Días, en 1967.
En la circunstancia actual, en suma, la salida al añejo conflicto entre israelíes y palestinos no pasa por la imposición de condiciones por Tel Aviv, sino por el cumplimiento de la legalidad internacional y por el pleno reconocimiento de los derechos de los palestinos a constituir un Estado –con todo lo que ello implica– y vivir en él.