Los
piratas que operan en las costas somalíes y el Golfo de Adén
son presentados por los medios de (des)información como los
villanos de las historias que cuentan, mientras que la
militarización en la región impulsada por Estados Unidos, la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la
Unión Europea (UE) es encumbrada, pues garantiza la
protección de esas importantes rutas comerciales, por donde
circulan cada año 20 000 buques.
Pero en esta historia también existen otros bandidos que
hacen de las suyas en silencio, con la complicidad de las
transnacionales mediáticas y sin que las potencias hayan
levantado un dedo al respecto.
Desde el colapso del Estado somalí en 1991 con la caída del
gobierno de Mohammed Siad Barre, la vida institucional del
país es un caos total. No existen bancos que regulen una
política monetaria para evitar la inflación, ni leyes que
pongan un orden civil. Un ejemplo de la magnitud de la
disfuncionalidad estatal es que el Ejecutivo ha entregado
sus finanzas a una consultoría privada estadounidense para
que las administre y tranquilice a los proveedores
internacionales de fondos.
En medio de este vacío legal y de una guerra que se hace
eterna y trajo consigo la desintegración de la fuerza naval
y guardacostera nacional, numerosos barcos extranjeros han
usado las aguas somalíes como un basurero para verter
desechos tóxicos y nucleares, o han saqueado los recursos
pesqueros (principalmente atún y langosta, muy codiciados en
el Primer Mundo) durante 18 años, a través de la pesca
ilegal, aprovechándose de que no existe una autoridad que
regule sus faenas.
Otros operaban con licencias concedidas por los denominados
«señores de la guerra», que en la década del 90 se
disputaban el control del poder político y económico del
país, por lo que los contratos eran ilegales, y los fondos
que pagaban estas compañías pesqueras servían para mantener
el conflicto.
Sólo
en 2005, en las aguas somalíes podían estar operando unos
800 pesqueros, según reportes de la High Seas Task Force
citados por Somali Press Review, mientras que la FAO daba
cuenta de 700 embarcaciones, y asegura que es imposible
calcular el saldo total de su saqueo.
La ganancia que deja la pesca ilegal en Somalia está
valorada en 450 millones de dólares anuales —cinco veces el
valor de la ayuda humanitaria destinada a ese país—, pero de
esa gran suma no sale un centavo para pagar impuestos ni
para compensar a las comunidades pesqueras cuyo único sostén
es esa actividad, fundamentalmente luego de las enormes
sequías que ha sufrido ese país y que ha obligado a muchos
somalíes a desplazarse al litoral costero (más de 3 000
kilómetros).
Entre
los países que han estado a la cabeza de la pesca ilegal en
la región desde 1991 se encuentran Italia, España, Grecia,
Gran Bretaña, Corea del Sur, Japón y Taiwán.
Algunas compañías mafiosas como AFMET y SAMICO, que a su vez
contaron con el asesoramiento técnico de las inglesas
McAllister Elliot y Partners, tuvieron la autorización de
varios «señores de la guerra» para conceder licencias de
pesca. La empresa española Pescanova y el grupo francés
Cobrecaf estuvieron entre las licenciadas por estos
contratos entre ladrones.
Estos
son los otros piratas, la otra parte de la moneda a la que
no le da el sol… Mientras, poderosos barcos de guerra
invaden el mar somalí, pretendiendo proteger el comercio
internacional, pero sin defender los recursos marinos de esa
nación africana.