Los crímenes de Estado de
Álvaro Uribe siguen causando víctimas, con la complicidad de quien ocupa
ilegítimamente el Poder Ejecutivo en México, Felipe Calderón. Las
amenazas de extradición a Ecuador de Lucía Morett Álvarez y la detención
ilegal del sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas cuando
realizaba trámites migratorios, y su expulsión inmediata a Colombia, son
dos sucesos más que lamentar de la cadena que se inicia con la acción
militar del gobierno colombiano en territorio ecuatoriano el primero de
marzo de 2008, en la que fueron asesinados, además de Raúl Reyes y sus
compañeros de armas, cuatro estudiantes mexicanos.
Álvaro Uribe se
responsabilizó públicamente de este hecho violatorio del marco jurídico
internacional y el que rige los actos de guerra y el derecho
humanitario, sin que hasta la fecha se le finquen cargos por este y los
innumerables crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo de
Colombia, como los denunciados en esta columna sobre los cientos de
ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos
(La
Jornada, 21 de marzo de 2009).
Paradójicamente, Lucía
Morett, herida gravemente en ese bombardeo, es inculpada en un juicio de
extradición por Wirmar Gonzabay Pérez, agente fiscal del distrito
Sucumbíos, y Orellana, del Ministerio Público de Ecuador (fallecido en
una zona de tolerancia de Lago Agrio, víctima de un paro cardiaco), por
el delito contra la seguridad del Estado, sin que hasta la fecha se
conozcan acusaciones y trámites judiciales similares en contra de los
militares colombianos y su comandante en jefe, Álvaro Uribe, quienes son
los delincuentes confesos de la incursión en territorio ecuatoriano. El
juez local de la provincia –asimismo– dictó una orden de llamamiento a
juicio en contra de Lucía. La larga mano de Uribe llega al aparato
judicial ecuatoriano, tan sospechosamente sesgado que responsabiliza a
las víctimas y no a los victimarios; pero también llega a México, cuyo
gobierno no ha condenado el homicidio de esos jóvenes estudiantes que
desarmados y sin uniforme se encontraban en el campamento, y cuyo
presidente se dispone a visitar Colombia para ser recibido como un héroe
de la lucha contra el terrorismo
.
Los padres de esos
estudiantes afirman en carta a Felipe Calderón, fechada el primero de
marzo de este año: “Múltiples ataques e infundios se han manejado para
desprestigiar a nuestros hijos asesinados y a Lucía como testigo,
pretendiendo con ello desviar la responsabilidad que los asesinos tienen
por los delitos cometidos. Categóricamente reiteramos, nuestros hijos
ingresaron y transitaron legalmente por Ecuador. Su visita como civiles
en un campamento de las FARC no constituía ningún delito. Eran jóvenes
entusiastas, interesados en conocer los procesos sociales
latinoamericanos. Su derecho a realizar investigaciones académicas
in situ fue reivindicado por autoridades, profesores, trabajadores
y estudiantes de la UNAM”. Se destaca en este documento la negativa de
Patricia Espinosa y el titular del Ejecutivo federal a recibir a los
padres, no obstante la gravedad de lo sucedido y los diversos documentos
enviados sobre la masacre de Sucumbíos. Se señalan la falta de una
defensa efectiva para los mexicanos víctimas de delitos en el extranjero
y el nulo interés del gobierno de Calderón para que los culpables
materiales e intelectuales de los homicidios de mexicanos sean juzgados.
También se hace un enérgico extrañamiento a que la investigación de las
autoridades mexicanas se ha centrado en los jóvenes y sus acciones, y no
en la incursión extraterritorial colombiana. Se denuncian el carácter
persecutorio del interrogatorio de la Procuraduría General de la
República (PGR) a Lucía Morett y los dos procesos penales abiertos
contra ella y otros ciudadanos sin pruebas ni fundamentos. Sobre todo,
se demanda que el gobierno mexicano no otorgue la extradición de Lucía
Morett, con base en el artículo 3 del tratado de extradición entre el
gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República
de Ecuador, que es muy claro en negar dicho acto si existen razones
fundadas para considerar que una solicitud de extradición ha sido
formulada con el propósito de perseguir o castigar a una persona por
motivos de su raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o
cualquier otro tipo de discriminación prohibida por la legislación
interna de cada una de las partes, así como por los tratados
internacionales vigentes para ambas partes
. Lucía es perseguida por
sus creencias políticas en favor de la solidaridad entre los pueblos de
México y Colombia y en defensa de los derechos humanos de los
colombianos violentados gravemente por Álvaro Uribe Vélez.
Convenientemente, los
aparatos de inteligencia colombianos encontraron
en la ya
legendaria computadora de Reyes todo un expediente contra Miguel Ángel
Beltrán Villegas, maniobra que con precisión el editorial de nuestro
periódico del 24 de mayo califica de montaje elaborado por la
administración uribista
. Ahora se tratará de relacionar a este
peligroso terrorista
con Lucía Morett y con otros mexicanos y
extranjeros de la supuesta red internacional de la guerrilla colombiana,
académicos, intelectuales y activistas que han manifestado desde
nuestro país posturas críticas hacia el gobierno uribista y que podrían,
por tanto, estar incorporados en la lista negra
de Bogotá (Ibid.).
Apoyo a Lucía Morett y a la
negativa de su extradición; a los padres de los estudiantes masacrados
en Ecuador. Indignación por la obsecuente complicidad de Felipe Calderón
y su gobierno con Uribe Vélez en la detención y expulsión de nuestro
colega Beltrán Villegas, a quien envío un saludo solidario. Alto a las
agresiones a la Universidad Nacional Autónoma de México.