Colombia-2009: Juegos de espías ensombrecen gobierno de Uribe
Alberto Corona
PRENSA Latina
31 de Diciembre de 2009
Los colombianos fueron testigos este
año de uno de los escándalos más
sonados dentro de la
institucionalidad del país, tras
revelarse a principios de 2009 que
el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) realizaba labores de
espionaje ilegal.
Magistrados, políticos, ex
funcionarios públicos, opositores,
periodistas, activistas de derechos
humanos y organizaciones no
gubernamentales fueron objeto de
vigilancia ilegal de la policía
secreta, subordinada directamente a
la Presidencia.
Las revelación de las
interceptaciones de teléfonos y
correos electrónicos fueron hechas
por las revista Semana en
febrero
último.
Desde entonces se multiplicó a lo
largo del año la controversia sobre
los propósitos que perseguían los
agentes del DAS para cometer tales
ilegalidades e incluso la necesidad
de transformar o hasta hacer
desaparecer ese organismo.
La oposición en pleno y varias de
las víctimas del espionaje
responsabilizaron directamente del
problema al presidente Álvaro Uribe,
quien rechazó las imputaciones,
aunque la duda persiste hasta tanto
no aparezca quién ordenó pinchar las
comunicaciones.
En medio de la polémica, las
autoridades aseguraron que el DAS
fue infiltrado por las mafias del
narcotráfico y el paramilitarismo y
que incluso, según versión del
entonces ministro de Defensa y hoy
candidato presidencial, Juan Manuel
Santos, hasta gobiernos extranjeros
se beneficiaron de la fuga de
información.
En tanto, las inquietudes se
acrecentaron en la sociedad
colombiana tras revelarse con el
transcurso de las semanas y los
meses nuevos indicios sobre estas
prácticas sistemáticas ilegales, al
tiempo que el reclamo de la verdad
ganó en intensidad.
Varios legisladores llevaron el caso
ante la Organización de Estados
Americanos e instancias de Naciones
Unidas ante la gravedad del
problema, calificado por muchos como
el peor escándalo ocurrido en la
historia democrática de Colombia.
De acuerdo con el opositor Partido
Liberal, fueron centenares de
colombianos los que durante más de
un lustro han sido víctimas de
vigilancia, inspección y control sin
ninguna autorización judicial por
parte de DAS.
En sus personas, en sus domicilios y
en sus relaciones familiares han
sido seguidos los miembros de la
oposición y los magistrados,
atrocidad que según sostuvo esa
colectividad política se hizo
necesario denunciar ante la
comunidad internacional.
Incluso se denunció que la campaña
presidencial de 2006 fue sometida a
una guerra sucia sistemática por
parte del citado organismo de
inteligencia.
Acorde con las revelaciones, los
precandidatos de la pasada campaña
presidencial fueron objeto de
seguimiento continuo, a tal punto
que sus teléfonos móviles activaban
una alarma para que los agentes del
DAS empezaran a interceptar.
El escándalo adquirió tal magnitud y
resonancia en Colombia que obligó al
gobierno a comprometerse a velar por
la integridad y seguridad de los
magistrados de las Altas Cortes y a
impedir que se repitieran hechos
como el espionaje telefónico
realizado contra algunos de los
jueces y políticos.
Tales fueron los decibeles que
adquirió el tema que Uribe llamó a
reformar la institución de
inteligencia, en un intento por
atenuar las preocupaciones y diluir
el escándalo en medio de la
galopante realidad colombiana.
No obstante, para algunos analistas
y medios informativos no escapó el
hecho que la adhesión del presidente
a eliminar el organismo se produjera
a pocos días de efectuarse el primer
pronunciamiento por parte del
Departamento de Estado
norteamericano en torno al tema de
las escuchas ilegales.
Anterior a esa declaración el
mandatario colombiano no se había
mostrado interesado en eliminar al
servicio de inteligencia, sino en
preservarlo.
Lo cierto es que el DAS, creado a
fines de los década de los años 50
del pasado siglo, y que depende
directamente de la presidencia,
continúa activo.
Si bien algunas cabezas comenzaron a
rodar dentro del organismo, algunos
directivos renunciaron y cientos de
agentes fueron llamados como
testigos y hasta investigados por la
fiscalía, hasta la fecha se
desconoce quien está detrás de lo
que aquí se conoce como las ''chuzudas''.
Escándalo que traspasó incluso las
frontera nacionales en semanas
recientes, tras denuncias de países
vecinos como Ecuador y Venezuela en
torno a que varias de sus
instituciones fueron infiltradas
ilegalmente y objeto de seguimiento
por agentes del DAS, lo que generó
fuertes tensiones diplomáticas.
Para varios analistas y observadores
consultados por Prensa Latina, todos
los indicios conducen al jefe de
Estado, pues una operación de
vigilancia de tal magnitud requiere
de una orden directa de la Casa de
Nariño, con lo cual la imagen y
credibilidad del gobierno está
entredicho ante la opinión pública
nacional y mundial.
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(*) El autor es corresponsal de
Prensa Latina en Colombia
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