Como era previsible, el involucramiento del Departamento de Estado y del Pentágono en la preparación del golpe de Estado que destituyó al presidente hondureño Manuel Zelaya llevó, lógicamente, a ganar tiempo para llegar a una farsa electoral organizada y presidida por los golpistas para perpetuarse en el poder.
Barack Obama
reconoció a
Zelaya como
único
presidente,
al igual que
la ONU y la
OEA, pero el
establishment
estadunidense,
los
republicanos
y la derecha
de los
demócratas,
Hillary
Clinton y su
clan, y el
Pentágono,
protegieron
y
salvaguardaron
a los
golpistas de
Tegucigalpa
y reconocen
ahora unas
elecciones
que son la
continuidad
y la
culminación
del golpe y
esperan
legitimarlo.
Si Estados Unidos hubiese congelado el envío de las remesas de los hondureños y todos los bienes de los “ golpistas, y hubiese retirado todo su apoyo a Honduras, además de aplicarle un bloqueo como el que perpetra contra Cuba, Micheletti y su banda no hubiesen durado ni una semana. Pero los pedidos de Zelaya a Washington para que interviniese en favor de la legalidad pisoteada llegaban a los oídos de los promotores de siempre de los asesinatos de presidentes latinoamericanos y de los promotores de golpes de Estado y dictaduras.
La famosa
era Obama
es, en
efecto, un
invento de
los medios
de
información
pues el
presidente,
considerado
advenedizo
por los
poderes de
hecho, no
puede
modificar la
política
imperialista
de Estados
Unidos con
la que
tiene,
además, sólo
algunas
diferencias
tácticas. Es
más: el
golpe de
Honduras y
el apoyo a
las
seudoelecciones
organizadas
por los
golpistas se
inscriben en
una política
que llevó a
crear cuatro
bases
militares en
Panamá y
siete en
Colombia,
desde las
cuales puede
agredir a
cualquier
país de
Sudamérica y
a desplegar
la IV Flota
en aguas
latinoamericanas,
además de
reforzar el
Plan Mérida
y el Plan
Colombia y
de preparar
la
hondurización
de Nicaragua
y Paraguay,
así como el
hostigamiento
militar
contra
Venezuela.
Aunque los
golpistas
llenen ahora
sus urnas
con votos
inexistentes
para tratar
de ocultar
el boicot y
la gran
abstención
que se
sumarán el
29 de
noviembre
para hacer
que las
elecciones
sean nulas,
no podrán
evitar que
el
presidente
fantoche y
los
congresistas
espurios así
elegidos
sean
ilegales e
ilegítimos,
no sólo para
los
hondureños
sino también
para la ONU,
la OEA y
buena parte
de la
opinión
pública
internacional
(la de
derecha
considerará
normal
el proceso y
miles de
millones de
personas,
entre otros,
los chinos,
ni saben ni
sabrán
siquiera lo
que pasa en
Honduras o
dónde queda
este país).
Cerrada así la vía de la mediación internacional y de los recursos institucionales, sólo queda la de la extensión y profundización de la resistencia popular, o sea, la misma vía seguida anteriormente por bolivianos y ecuatorianos para derribar al gobierno de la oligarquía y abrir el camino a una asamblea constituyente que reorganice el país y garantice los derechos de los indígenas, los campesinos y los trabajadores en general. Comprometidos con el golpismo (o con sus elecciones fraudulentas) los partidos tradicionales, sólo queda, como en Bolivia, en Ecuador o en Venezuela, la unificación de los grupos de la resistencia popular y los sindicatos campesinos y obreros clasistas en un movimiento-partido, amplio y polifacético, para dirigir la lucha.
La legalidad, la restitución de Zelaya como presidente, será sin duda bandera principal del primer momento de la misma, pero la dinámica de las movilizaciones tenderá a superar los cálculos y las vacilaciones de Zelaya, que mira con un ojo las movilizaciones (que intenta controlar) y con el otro a un sector del Partido Liberal y al Departamento de Estado. Lo que decidirá el futuro de Honduras no será Zelaya sino el particular zelayismo, cada vez más audaz e independiente, de quienes se oponen al golpe gorila.
Éstos –los integrantes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, que se apoyan en indígenas y campesinos y plantean ya la convocatoria de una asamblea nacional constituyente democrática y popular– tienen un gran bagaje político. Sufrieron y resistieron el golpe de Estado de 1972 y fueron masacrados en 1980, entre otros por el padre de Zelaya. En 2000 formaron el Bloque Popular y organizaron la resistencia campesina contra el Tratado de Libre Comercio y entre ellos tiene gran peso Vía Campesina, con una trayectoria internacionalista y radical y el Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano (Moicam), así como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc). Además, por el golpe y por la sequía, los campesinos no han podido sembrar y por la crisis no pueden emigrar a Estados Unidos; de modo que para ellos la alternativa es la hambruna o la lucha.
El apoyo
internacional,
sobre todo
latinoamericano,
a este
combate
heroico de
los
hondureños
no sólo
ayudará, por
tanto, a
prevenir
otros golpes
anunciados
en otros
países sino
también a
acortar los
plazos para
el
fortalecimiento
de la
resistencia
y para abrir
una espiral
boliviana
(movilizaciones
que expulsan
a una
dictadura,
elecciones
libres,
constituyente,
nuevas
movilizaciones
y elecciones
para
reorganizar
el país).