Para el próximo 28 de noviembre se han convocado
movilizaciones contra la presencia de tropas
españolas y de la OTAN en Afganistán, como punto
de partida de una campaña coordinada a nivel
estatal. Desde Gasteizkoak nos adherimos a la
iniciativa, pero quisiéramos establecer unas
similitudes con una cuestión más cercana que nos
parece igual de rechazable. Estamos hablando,
claro, del reciente conflicto en Somalia.
Nos oponemos a la presencia de tropas en
Afganistán, porque creemos evidente que lo que
ese país padece es una guerra y ocupación
militar disfrazada de misión de paz humanitaria.
Pero del mismo modo nos oponemos a la presencia
de cualquier tipo de fuerza armada en los
atuneros vascos presentes en el Índico, porque
nos parece igual de evidente que lo que la zona
está sufriendo es un atraco y expolio de su
riqueza pesquera, y un uso incontrolado como
vertedero de su costa, disfrazado todo ello de
legítimo negocio pesquero de nuestros abnegados
armadores.
Ni a
la OTAN ni al gobierno español les importa
realmente un bledo la situación del pueblo
afgano; lo que realmente les mueve es hacerse
con su riqueza petrolífera y controlar una
estratégica zona de paso en las rutas del
petróleo y el gas, fuentes de energía que los
países enriquecidos han agotado ya en sus zonas
y que ahora pretenden arrebatar al resto por la
fuerza de las armas. Igualmente, ni a los
armadores ni a las empresas pesqueras les
importa un comino la suerte de la población
somalí; lo que verdaderamente les interesa es
controlar una zona marítima de paso y arrebatar
de sus caladeros las riquezas pesqueras que los
países enriquecidos han agotado por
sobreexplotación en sus zonas.
Creemos que la amenaza talibán se ha convertido
en una excusa perfecta para justificar la
presencia militar en Afganistán, tanto como el
pirateo en el Índico para introducir la
presencia armada en los pesqueros occidentales.
En ambos casos se trata de convertir a los otros
en odiables enemigos contra los que actuar: su
conversión en terroristas. Deberíamos
preguntarnos qué piensan las poblaciones afgana
y somalí de quienes en nombre de la democracia
occidental les saquean caladeros, bombardean
territorios y aterrorizan con el uso de la
fuerza armada.
Encontramos mucha y preocupante similitud entre
las corporaciones militares privadas que
obtienen contratos milmillonarios en Afganistán
con las empresas de seguridad privada que se van
a lucrar (ya lo estaban haciendo) a bordo de los
buques que están en el Índico.
Tan hipócrita nos resulta la actitud de los
gobiernos que primero deslegitimaron las
elecciones afganas y después han negociado con
el gobierno resultante, como la de las
instituciones españolas que tras descalificar e
implicar al gobierno somalí en la organización
del pirateo, han negociado con él la solución a
la crisis. En ambos casos es evidente que
subyacen nauseabundos intereses
político-económicos, confesables o no.
Estos dos conflictos (como tantos otros que no
aparecen en la agenda de los medios) responden a
una misma mentalidad que atraviesa la mayor
parte de injusticias que padece el mundo: la de
quienes avalados por el poder del dinero
(haciendo de él un Dios único, verdadero e
impuesto) y respaldados por la fuerza de las
armas o la amenaza de su uso, se sienten los
amos del planeta (dueños de la única cultura
aceptable e impositores de tan sacrosantos como
falsos conceptos de democracia, igualdad, paz,
justicia...) y están dispuestos a imponer su
cultura a sangre y fuego para asegurarse su modo
de vida, a costa de condenar a la infravida o a
la muerte al resto de poblaciones y de acabar
con el propio planeta.
Por todo ello hay que denunciar una vez más la
ocupación y la guerra en Afganistán, pero
denunciar al mismo tiempo la realidad del
expolio de los barcos en el Índico. Que nadie se
agarre a que estaban en aguas internacionales,
porque ni los datos apuntan a eso, ni conocemos
ningún órgano o institución internacional en el
que Somalia (u otros muchos países empobrecidos)
haya podido acordar en igualdad de condiciones
con el resto dónde empiezan o terminan esas
aguas internacionales.
Nos subleva que se sugiera que este caso es
distinto porque se trata de barcos y armadores
vascos, porque precisamente esa implicación tan
cercana (al igual que nos sucede cuando el
armamento que se utiliza en guerras lejanas es
made in Euskadi) hace más necesario si cabe el
denunciar sin titubeos la realidad que un
trasnochado sentimentalismo patriotero trata de
ocultar.
Exigimos que se abran espacios para el debate
público desde donde interpelar a la clase
política vasca por cerrar filas, casi
unánimemente, a la petición de presencia armada
(pública o privada, en definitiva es lo mismo)
en los pesqueros vascos. ¡Cómo se les ve el
plumero!: a quienes habitualmente reniegan del
ejército español y ahora recurren a él, y a
quienes ensalzan a la Audiencia Nacional, a sus
jueces estrella y su justicia inquebrantable y
ahora les reprochan su exceso de celo, la
extralimitación de competencias, llegando
incluso a pedir que incumplan sus propias leyes.
Finalmente, nos dirigimos a la población vasca
con capacidad de análisis crítico sobre estas
situaciones (mucha más gente de la que algunos
quisieran) para animarle a que muestre su más
enérgica repulsa y busque caminos para la
denuncia y la acción. En esa dirección lanzamos
una propuesta: una Plataforma vasca
(descentralizada por herrialdes) para denunciar
las situaciones señaladas en Afganistán y el
Índico, que exija la retirada de todas las
tropas y fuerzas de seguridad españolas y de la
OTAN (públicas o privadas) y que reclame que, de
haber algún tipo de intervención, sea para
apoyar, sin contrapartidas, los procesos de
reconstrucción civil que las propias poblaciones
de esos países consideren oportunos. ¡Fuera
ejércitos y policías de Afganistán y Somalia!