Justicia Universal. España se
rinde ante Israel con la ayuda
del PSOE y la derecha
Mundo árabe
2 de Julio de 2009
El Congreso vacía la Ley
el jueves y la Audiencia Nacional la aplica el martes
La
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido archivar
definitivamente la causa que instruye el juez de este tribunal
Fernando Andreu por presuntos delitos de crímenes de guerra
contra siete militares israelíes, entre ellos un ex ministro de
Defensa, por la muerte de 14 civiles en Gaza, el 22 de julio de
2002. Los 18 magistrados que componen el pleno han decidido, por
14 votos frente a cuatro, estimar el recurso que la fiscalía
presentó contra la decisión de Andreu. No obstante, el caso
tenía los días contados tras la decisión del Congreso,
presionado por Israel, de limitar la jurisdicción universal.
El juez de la
Audiencia Nacional Fernando Andreu abrió el pasado 29 de enero
una investigación al ex ministro de Defensa israelí Benjamín
Ben-Eliezer y a otros seis cargos militares a sus órdenes por
los bombardeos en Gaza de 2002. El dramático resultado -siete de
los fallecidos eran niños y hubo 150 heridos más- fue
consecuencia del lanzamiento de una bomba de una tonelada desde
un avión de combate F-16 contra un bloque de viviendas.
Andreu había
admitido la querella, presentada por el Centro Palestino para
los Derechos Humanos, después de que Israel se negara a
contestar una comisión rogatoria en la que preguntaba si los
hechos estaban siendo investigados en ese país. El juez concluía
que existían indicios de crímenes contra la humanidad al
tratarse de un ataque contra la población civil de inicio
ilegítimo.
Paralelamente, el
fiscal de la Audiencia Nacional, afín del Gobierno de Zapatero,
se opuso a la investigación del caso y solicitó el archivo de la
querella por entender que este tribunal no es competente para
enjuiciar los hechos. Sin embargo, el juez Andreu se negó a
archivar las actuaciones por considerar que "los hechos
ocurren en la ciudad de Gaza, siendo así que la Comunidad
Internacional, sin discusión y en su conjunto, admite que dicho
territorio no forma parte del Estado de Israel". Y añade que
la abogacía del Estado de Israel también precisa que los actos
en la franja de Gaza son "actividades bélicas cometidas en
territorio extranjero".
Finalmente, por 14 votos frente a
cuatro, el Pleno ha respaldado el criterio mantenido por la
Fiscalía, que actúa al servicio del Gobierno del PSOE, y
considera que
Israel ha puesto en marcha una investigación
judicial que tiene preferencia
sobre la desarrollada en España por el juez Fernando Andreu. En
realidad dicha investigación israelí no existe.
La
existencia de dicha investigación fue examinada por el Juez
Fernando Andreu, quien tras recibir la información solicitada al
Gobierno de Tel Aviv para averiguar si estos hechos habían sido
investigados allí, concluyó que de la documentación facilitada
se desprendía que no hubo una investigación judicial en aquel
país y prosiguió instruyendo el caso.
Los
socialistas y la derecha habían cambiado la ley y limitado la
justicia universal
El 25 de
junio, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó con mayoría
absoluta el proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la
Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina
Judicial, en el que se incluyó una limitación de las
competencias de España en la persecución de delitos
internacionales. La votación contó con el apoyo de PP, PSOE,
PNV, CiU, ERC e UPyD, mientras que votaron en contra los dos
diputados de IU-ICV y se abstuvieron los tres que suman BNG y
Nafarroa Bai.
En lo
que a la limitación de la Justicia Universal se refiere, la
reforma fue apoyada por el PSOE, PP, CiU y PNV con el objetivo
de que la Justicia española sólo pueda perseguir casos de
genocidio y lesa humanidad "cuando existan víctimas de
nacionalidad española, se contraste algún vínculo de conexión
con España o los responsables se encuentren en territorio
español".
El
diputado de IU, Gaspar Llamazares, declaró que "hoy es un día
triste para la Justicia Universal y para la defensa de los
Derechos Humanos y para las víctimas, hoy sólo brindarán con
champán los halcones de Guantánamo y los halcones de Gaza".
En realidad, el
PSOE y el PP, además de la derecha catalana, vasca y canaria
habían aprovechado las modificaciones propuestas a Ley Orgánica
del Poder Judicial para satisfacer las reclamaciones de Israel,
acabando de esta forma con uno de los pilares más importante del
sistema jurídico español.
Una promesa
cumplida
El pasado mes de
febrero, el Gobierno del PSOE prometió a Israel cambiar la ley
en lo relativo a la jurisdicción universal y la persecución a
los criminales de guerra y ha cumplido. La promesa la hizo en su
momento el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, a su entonces homóloga sionista Tzipi Livni, ante la
airada protesta diplomática hecha por Israel después de que la
Audiencia Nacional abriera un proceso contra el ex ministro
israelí Benjamin Ben-Eliezer y otros sietes militares por la
matanza de 14 civiles en Gaza en 2002.
En una entrevista
con el diario Publico, Gonzalo Boyé. Abogado de la querella
presentada en la Audiencia Nacional contra Israel, declaró: “Que
las víctimas se quedarán sin justicia y los verdugos gozarán de
total impunidad. Es un retroceso grave y una falta de respeto a
los votantes del PSOE, pues esta reforma no figuraba en el
programa electoral del partido. Con esta decisión, el Gobierno
demuestra que los intereses políticos y económicos son más
fuertes que el amor al Derecho”. Y añadió: “Al Gobierno le
interesó la justicia universal mientras se trataba de negros y
suramericanos, pero cuando se presentan querellas sobre
Guantánamo o Israel ya no quiere saber nada. Y esto no es
justicia, sino oportunismo político.
Noticias relacionadas
PSOE y PP ceden ante el chantaje de Israel
y deciden atar las manos de la Justicia
Ambos
partidos quieren que la Audiencia Nacional deje de perseguir a
criminales de guerra |