www.vnavarro.org
15 de septiembre de
2009
La supuesta
falta de libertad de expresión en Venezuela
Hace unas semanas, la Fiscal del Ministerio Público de
Venezuela propuso una ley a la Asamblea Venezolana que
hubiera permitido sancionar, con penas de entre seis
meses y cuatro años de cárcel, a aquellas personas que
divulgaran información que atentara contra “las
instituciones del Estado”, “la salud mental o moral
pública”, “el orden público” o “la seguridad de la
población”, términos definidos vagamente y que
podían dar pié a una represión en contra de la libertad
de expresión. Como era de esperar, tal propuesta de Ley
generó un gran rechazo por parte de la mayoría de los
medios de información en España, los cuales han
presentado tal propuesta de Ley como una prueba más de
las tendencias dictatoriales del Presidente Chávez, al
cual se le atribuye el deseo de destruir la libertad de
prensa existente en aquel país.
Quisiera iniciar estas notas
declarando que creo que esa Ley, tal como estaba
escrita, era una mala ley y me alegró leer que la
Asamblea Nacional, máximo órgano legislativo de aquel
país, la había rechazado. Que quede claro, por lo tanto,
mi rechazo hacia tal propuesta de ley. Ahora bien,
habiendo dicho esto, quisiera denunciar la manera en que
los cinco medios escritos de información de mayor
difusión en España cubrieron y dieron a conocer esta
noticia. Tales medios han presentado erróneamente y
maliciosamente a Venezuela como un país con una muy
limitada democracia, consecuencia de las políticas del
gobierno Chávez encaminadas a establecer una dictadura.
Esta lectura de Venezuela, que ha alcanzado la categoría
de dogma en los medios de mayor tiraje en España, es
errónea, lo que es fácilmente demostrable.
Si usted visita Venezuela verá que la mayoría de medios
están, en realidad, controlados por la derecha, una
derecha, por cierto, que no tiene nada que envidiar, en
su nivel de estridencia, a la ultraderecha española o
estadounidense. Imagínese que la mayoría de medios en
España fueran como la COPE o medios afines. O si el
lector conoce EEUU, imagínese que la mayoría de medios
estadounidenses fueran semejantes a la FOX o al
Washington Times. La agresividad de tales
medios hacia el gobierno Chávez y hacia la persona del
presidente alcanza unos niveles de hostilidad altamente
amenazantes.
En uno de los programas de mayor difusión de
Globovisión (una de las televisiones de mayor
audiencia en Venezuela) se pidió el linchamiento (sí,
leyó usted bien, el linchamiento físico) del presidente
Chávez. Supongo que a muchos voceros de la ultraderecha
española les gustaría que le ocurriera algo semejante al
Presidente Zapatero, pero el problema para ellos es que
la legislación española no les permite que lo digan en
público en sus medios. Pues bien, la legislación
venezolana sí que lo permite. No es de extrañar que ante
tal agresión, varios seguidores de Chávez, invadieran
Globovisión y amenazaran a las personas en la sede de
tal programa.
Como era de esperar, los medios españoles denunciaron
tal ataque a Globovisión, y me parece bien que
lo hicieran, pues tal acto es censurable (tal como lo
censuró también, por cierto, el Gobierno Chávez). Pero
me parece muy mal que ninguno de los medios de
información españoles (repito, ninguno) informara que lo
que causó tal ataque fue la petición de linchamiento del
presidente Chávez. (Un ejemplo de este reportaje sesgado
es el reportaje publicado en El País, de Juan
Jesús Aznárez y Maye Primera sobre la Venezuela de
Chávez titulado “Llegó Chávez y mando callar”,
09.08.08).
Toda sociedad tiene el derecho de establecer unas normas
que regulen el comportamiento mediático. Tal como ha
señalado Marc Weisbrot, del Center for Economic and
Policy Research de Washington EE.UU., en un artículo en
el Guardian, 18.02.90, el Federal Communication
Commission de EE.UU., que regula tal comportamiento
mediático en EE.UU. no permitiría muchas de las
estridencias, amenazas y nivel de hostilidad personal,
que aparecen en los medios de ultraderecha venezolanos.
Como ha indicado el informe de la Human Rights Watch
de New York (que ha sido muy crítico con las políticas
del Gobierno Chávez), los directivos de la compañía
televisiva RCTV venezolana (que no vieron renovada su
licencia, aunque continúa teniendo la mayor licencia de
televisión por cable, y cuya no renovación se presentó
como un indicador de las tendencias dictatoriales del
gobierno Chávez) hubieran terminado en la cárcel en
EE.UU.
Ni que decir tiene que cualquier persona demócrata
debiera ser sensible a la necesidad de mantener la
libertad de expresión de cualquier país, presionando
para mantener una diversidad ideológica en los medios
(muy limitada, por cierto, en España). Pero esta
sensibilidad democrática pierde credibilidad cuando sus
defensores muestran un sesgo tan desequilibrado como
ocurre con la cobertura mediática de la realidad
venezolana en los cinco mayores rotativos del país.
La Iglesia en
Honduras
La Vanguardia publicó recientemente
una entrevista con el Cardenal Rodríguez de Honduras en
la que este Príncipe de la Iglesia indicó que el golpe
militar que había expulsado al presidente Zelaya de su
país no era un golpe sino una maniobra plenamente
constitucional (13.07.09). Tal Cardenal, apareció
también en la televisión hondureña inmediatamente
después del golpe, pidiéndole al presidente Zelaya que
no volviera a su país. Tales declaraciones fueron
reproducidas larga y extensamente, contribuyendo en gran
manera a legitimar aquel golpe.
Ninguno de los mayores medios de información en España
(repito, ninguno) ha publicado, sin embargo, las
declaraciones del Arzobispo Luis Alfonso Santos Villena
de Santa Rosa, cuya sede está también en Honduras, que
en entrevistas publicadas en la revista Catholic News
Service (04.08.09) y en sus respuestas a las preguntas
hechas por la cadena de televisión CNN, indicó que “algunos
dicen que Manuel Zelaya amenazó a la democracia al
proponer cambiar la Constitución. Pero los pobres de
Honduras saben que Zelaya subió el salario mínimo. Esto
es lo que conocen. De lo que ellos son conscientes es
que defendió a los pobres, ayudando financieramente a
los ayuntamientos y a las comunidades pequeñas con
escasos recursos. Esta es la razón que ahora está en la
calle, bloqueando carreteras y pidiendo la vuelta de
Zelaya”. Es más, en una entrevista telefónica el 30
de julio, señaló que era “un error asumir (como
hacen los medios) que Honduras tuviera una democracia y
que la Asamblea Nacional representara a la mayoría de la
población hondureña…En realidad, nunca hubo democracia
en Honduras. Lo que tenemos es un sistema electoral
donde a la población se le ofrece la oportunidad de
escoger entre candidatos que han sido elegidos por la
élite política. La población no está representada ni por
la Asamblea ni por la Corte Suprema, todas escogidas por
los ricos del país. Somos el país más corrupto de
Centroamérica. No podemos decir que tengamos una
democracia en la que la población participe en las
decisiones”.
El Obispo añadió que “las personas detrás del golpe
no eran demócratas. Ellos conspiraron antes para
preparar el golpe y luego encontraron los argumentos
para justificarlo. A ellos no les importa que niños
mueran de hambre o que personas mueran en los hospitales
por falta de medicinas” (entrevistas, el 29 de julio en
la Radio jesuita Progreso). Preguntado sobre las
declaraciones del Cardenal Rodríguez en defensa del
golpe, el Obispo indicó que “la Iglesia hondureña tiene
voces distintas a las del Cardenal”. En realidad,
las órdenes jesuitas y dominicanas de Centroamérica han
condenado el golpe. Usted, lector, sin embargo, es
probable que no lo sepa, pues no se ha informado al
pueblo español de ello. ¿No le preocupa que los medios
españoles de mayor difusión no sean más equilibrados en
sus reportajes sobre América Latina?
-----------------------------------
Vicenç Navarro
es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas
Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Policy
Analysis and Public Policy. The Johns Hopkins University
www.vnavarro.org