Cualquier persona medianamente informada comprende de inmediato
que el edulcorado “Acuerdo complementario para la Cooperación y
Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los gobiernos de
Colombia y Estados Unidos”, firmado el 30 de octubre y publicado
en la tarde del 2 de noviembre, equivale a la anexión de
Colombia a Estados Unidos.
El acuerdo pone en aprietos a teóricos y políticos. No es
honesto guardar silencio ahora y hablar después sobre soberanía,
democracia, derechos humanos, libertad de opinión y otras
delicias, cuando un país es devorado por el imperio con la misma
facilidad con que un lagarto captura una mosca. Se trata del
pueblo colombiano, abnegado, trabajador y luchador. Busqué en el
largo mamotreto una justificación digerible, y no vi razón
alguna.
En 48 páginas de 21 líneas, cinco se dedican a filosofar sobre
los antecedentes de la vergonzosa absorción que convierte a
Colombia en territorio de ultramar. Todas se basan en los
acuerdos suscritos con Estados Unidos después del asesinato del
prestigioso líder progresista Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de
abril de 1948, y la creación de la Organización de Estados
Americanos, el 30 de abril de 1948, discutida por los
Cancilleres del hemisferio, reunidos en Bogotá bajo la batuta de
Estados Unidos los días trágicos en que la oligarquía colombiana
tronchó la vida de aquel dirigente y desató la lucha armada en
ese país.
El Acuerdo de Asistencia Militar entre la República de Colombia
y los Estados Unidos, en abril de 1952; el relacionado con “una
Misión del Ejército, una Misión Naval y una Misión Aérea de las
Fuerzas Militares de los Estados Unidos”, suscrito el 7 de
octubre de 1974; la Convención de Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas,
de 1988; la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, de 2000; la Resolución 1373 del
Consejo de Seguridad, de 2001, y la Carta Democrática
Interamericana; la de Política de Defensa y Seguridad
Democrática, y otras que se invocan en el citado documento.
Ninguna justifica convertir un país de 1 141 748 kilómetros
cuadrados, ubicado en el corazón de Suramérica, en base militar
de Estados Unidos. Colombia posee 1,6 veces el territorio de
Texas, segundo Estado de la Unión en extensión territorial,
arrebatado a México, que después sirvió de base para conquistar
a sangre y fuego más de la mitad de ese hermano país.
Por otro lado, han transcurrido ya 59 años desde que soldados
colombianos fueron enviados a la distante Asia para combatir
junto a las tropas yankis contra chinos y coreanos en octubre de
1950. Lo que el imperio pretende ahora es enviarlos a luchar
contra sus hermanos venezolanos, ecuatorianos y otros pueblos
bolivarianos y del ALBA, para aplastar la Revolución Venezolana,
como trataron de hacer con la Revolución Cubana en abril de
1961.
Durante más de un año y medio, antes de la invasión, el gobierno
yanki promovió, armó y utilizó las bandas contrarrevolucionarias
del Escambray, como hoy utiliza a los paramilitares colombianos
contra Venezuela.
Cuando el ataque de Girón, los B-26 yankis tripulados por
mercenarios operaron desde Nicaragua, sus aviones de combate
eran transportados hacia la zona de operaciones en un
portaaviones, y los invasores de origen cubano que desembarcaron
en aquel punto venían escoltados por buques de guerra y la
infantería de marina de Estados Unidos. Hoy sus medios de guerra
y sus tropas estarán en Colombia, no sólo como una amenaza para
Venezuela sino para todos los Estados de Centro y Suramérica.
Es realmente cínico proclamar que el infame acuerdo es una
necesidad de la lucha contra el tráfico de drogas y el
terrorismo internacional. Cuba ha demostrado que no se necesitan
tropas extranjeras para evitar el cultivo y el tráfico de drogas
y mantener el orden interno, a pesar de que Estados Unidos, la
potencia más poderosa de la tierra, promovió, financió y armó
durante decenas de años las acciones terroristas contra la
Revolución Cubana.
La paz interna es prerrogativa elemental de cada Estado; la
presencia de tropas yankis en cualquier país de América Latina
con ese propósito es una descarada intervención extranjera en
sus asuntos internos, que inevitablemente provocará el rechazo
de su población.
La lectura del documento demuestra que no sólo las bases aéreas
colombianas se ponen en manos de los yankis, sino también los
aeropuertos civiles y en definitiva cualquier instalación útil a
sus fuerzas armadas. El espacio radioeléctrico queda también a
disposición de ese país portador de otra cultura y otros
intereses que nada tienen que ver con los de la población
colombiana.
Las Fuerzas Armadas norteamericanas disfrutarán de prerrogativas
excepcionales.
En cualquier parte de Colombia los ocupantes pueden cometer
delitos contra las familias, los bienes y las leyes colombianas,
sin tener que responder ante las autoridades del país; a no
pocos lugares llevaron los escándalos y las enfermedades, como
hicieron con la base militar de Palmerola, en Honduras. En Cuba,
cuando visitaban la neocolonia, se sentaron a horcajadas sobre
el cuello de la estatua de José Martí, en el Parque Central de
la Capital. La limitación relacionada con el número total de
soldados puede ser modificada por solicitud de Estados Unidos,
sin restricción alguna. Los portaaviones y barcos de guerra que
visiten las bases navales concedidas llevarán cuantos
tripulantes requieran, y pueden ser miles en uno solo de sus
grandes portaaviones.
El Acuerdo se extenderá por períodos sucesivos de 10 años, y
nadie puede modificarlo sino al final de cada período,
advirtiéndolo un año antes. ¿Qué hará Estados Unidos si un
gobierno como el de Johnson, Nixon, Reagan, Bush padre o Bush
hijo y otros similares, recibe la solicitud de abandonar
Colombia? Los yankis fueron capaces de derrocar decenas de
gobiernos en nuestro hemisferio. ¿Cuánto duraría un gobierno en
Colombia si anunciara tales propósitos?
Los políticos de América Latina tienen ahora ante sí un delicado
problema: el deber elemental de explicar sus puntos de vista
sobre el documento de anexión. Comprendo que lo que ocurre en
este instante decisivo de Honduras ocupe la atención de los
medios de divulgación y los Ministros de Relaciones Exteriores
de este hemisferio, pero el gravísimo y trascendente problema
que tiene lugar en Colombia no puede pasar inadvertido por los
gobiernos latinoamericanos.
No albergo la menor duda sobre la reacción de los pueblos;
sentirán el puñal que se clava en lo más profundo de sus
sentimientos, en especial el de Colombia: ¡se opondrán, jamás se
resignarán a tal infamia!
El mundo enfrenta hoy graves y urgentes problemas. El cambio
climático amenaza a toda la humanidad. Líderes de Europa casi
imploran de rodillas algún acuerdo en Copenhague que evite la
catástrofe. Presentan como realidad que en la Cumbre no se
alcanzará el objetivo de un convenio que reduzca drásticamente
la emisión de gases de efecto invernadero. Prometen proseguir la
lucha por alcanzarlo antes de 2012; existe riesgo real de que no
pueda lograrse antes de que sea demasiado tarde.
Los países del Tercer Mundo reclaman con razón a los más
desarrollados y ricos cientos de miles de millones de dólares
anuales para costear los gastos de la batalla climática.
¿Tiene algún sentido que el gobierno de Estados Unidos invierta
tiempo y dinero en construir bases militares en Colombia para
imponer a nuestros pueblos su odiosa tiranía? Por ese camino, si
un desastre amenaza al mundo, un desastre mayor y más rápido
amenaza al imperio, y todo sería consecuencia del mismo sistema
de explotación y saqueo del planeta.