800 barcos europeos y asiáticos
esquilman de forma ilegal los
caladeros de Somalia
Sarah Babiker
Diagonal
30
de Noviembre de 2009
La actividad de los "piratas
somalíes", antiguos pescadores y
ex miembros de la guardia
costera reconvertidos al negocio
de los rescates, desentraña un
negocio aún mayor: el expolio
pesquero.
Según el Grupo de Trabajo de Alta
Mar (HSTF, siglas en inglés), en
2005 más de 800 barcos pesqueros
sospechosos de
pesca irregular, no documentada y no
reglamentada
operaban al mismo tiempo en aguas de
Somalia. Por esa razón Somalia
pierde al menos 300 millones de
dólares al año, según la misma
fuente.
El año pasado, el representante
especial de la ONU en Somalia,
Ahmedou Ould-Abdallah, condenó la
pesca irregular practicada por
buques de la UE y Asia, a quienes
acusó de aprovecharse del vacío de
poder. En este contexto citó el caso
de un pesquero español capturado
"mientras pescaba ilegalmente atún".
Se refería al Playa de Bakio,
retenido seis días en abril de 2008.
El atunero se hallaba en aguas
somalíes. Si bien las empresas
armadoras niegan rotundamente
realizar prácticas ilegales, parece
que la percepción somalí es
extendida: "Este barco ha estado
pescando ilegalmente por mucho
tiempo, pero afortunadamente ahora
está en nuestras manos", declaraba
uno de los captores del Alakrana.
Existen
diversas teorías sobre quiénes son
estos "piratas".
Muchos apuntan a que se trata de
antiguos pescadores que, hartos de
la pesca destructiva de las flotas
extranjeras y de la falta de
retribución por la explotación de
los recursos marinos somalíes,
empezaron a cobrarse su "particular
tributo". Esta tesis la apoyaba en
octubre el primer ministro somalí,
Omar Abdirashid Ali Sharmarke, quien
dijo que son muchos los países que
están pescando ilegalmente en
Somalia, empujando a antiguos
pescadores a este negocio. Otros,
como el investigador noruego Stig
Jarler Hansen, en un informe
reciente sobre piratería apoyado por
el Ministerio noruego de Defensa,
señalan que muchos son policías y
guardacostas entrenados por
peregrinos programas de cooperación
para vigilar las costas. Al acabarse
estos proyectos, cientos de somalíes
se vieron con formación militar y
sin sueldo. Ésta es también la
teoría defendida por la
investigación llevada a cabo por
periodistas de
Al Jazeera,
Huffington Post
y
WardheerNews,
incluida en
la selección
de las 25 noticias más censuradas de
2009.
Sin embargo, los grandes medios de
comunicación españoles no han ido
más lejos de la imagen estereotipada
de unos piratas que han descubierto
un atractivo e increíblemente
lucrativo filón en el negocio del
secuestro y los rescates.
Banderas de
conveniencia
El pasado 20 de noviembre el atunero
Alakrana llegaba a su país. No al
que llevaba 47 días en arduas
negociaciones para conseguir el
rescate de sus marineros, sino a las
Islas Seychelles, de las que luce
bandera. El día después, 16 de sus
36 ocupantes volvían a casa.
Respecto al resto de los
tripulantes, provenientes de
Indonesia, Ghana, Senegal, Costa de
Marfil e Islas Seychelles, poco se
sabe.
El Alakrana no es el único atunero
sobre el que ondea una bandera de
conveniencia. De 33 buques de pesca
y auxiliares de servicios en el
Índico, 15 tienen bandera de
Seychelles, Islas Mauricio y
Antillas Holandesas, según constatan
los datos de la Confederación
Española de Pesca (Cepesca). Los
otros 18 son de pabellón español.
Para responder a las demandas de
protección de estos últimos el
Consejo de Ministros aprobó el
pasado 30 de octubre un Real Decreto
por el que se modifican los
reglamentos de Seguridad Privada y
de Armas, de modo que los servicios
de seguridad privada contratados por
los armadores de los pesqueros que
faenan en el Índico pueden emplear
armamento militar. Los primeros
guardias de seguridad militarmente
armados llegaron a Victoria, capital
de Seychelles, el día 13 de
noviembre. Los inquietos atuneros
anclados en Seychelles les
esperaban, así como a su armamento
militar, para volver a echarse al
mar sin miedo.
Más allá de su propia nacionalidad y
la de sus barcos, estos guardias de
seguridad tienen como misión
proteger algo muy preciado. De las
capturas en el Índico depende un
negocio que mueve 450 millones de
euros, según se afirma desde la
organización interprofesional del
atún (Interatún). Esta misma
plataforma estima que la pesca de
atún ha experimentado un
considerable aumento en los últimos
diez años, en gran parte a manos de
la flota comunitaria. Esta flota,
compuesta fundamentalmente por
España (60%) y Francia (40%),
captura unas 500.000 toneladas al
año. La comunidad internacional
lleva años buscando fórmulas para
que haya seguridad y orden en los
mares de Somalia y el golfo de Adén,
algo difícil de conseguir. Desde
1991 no hay una autoridad que
gobierne el país y los intentos de
imponerla –la más reciente, la
invasión etíope de diciembre de 2006
apoyada por EE UU– han sido
catastróficos. Partiendo de este
vacío de poder, la ONU aprobó el año
pasado la Resolución 1814 que
exhorta a tomar medidas a fin de
“proteger la navegación para el
transporte y el suministro de
asistencia humanitaria” a ese país,
y la 1816, que insta a los Estados
miembros a actuar “contra la
piratería”. En este marco empezó el
8 de diciembre pasado el mandato de
la operación Atalanta, integrada por
unos 1.200 militares de distintos
países europeos. En 2010, la cifra
podría alcanzar los 1.800 soldados.
La opción
militar
La operación ha recibido
críticas. El investigador noruego
Hansen señala que con lo que cuesta
mantener un barco en la zona se
podría haber cubierto los sueldos de
100.000 policías en Putlandia
(Estado autónomo situado en el
extremo del Cuerno de África donde
la piratería tiene una gran
incidencia) durante seis meses.
Si la opción militar surgió después
del fracaso del apoyo al Gobierno
Federal de Transición somalí, la
opción de la seguridad privada busca
cubrir lo que la misión militar no
cubre. Sobre todo si los protegidos
se van a pescar a millas de la zona
de seguridad, como decidió hacer el
Alakrana. Mientras se busca el mejor
modo de proteger a los barcos
internacionales de la piratería, en
Somalia reina cierto malestar porque
ninguna de esas reflexiones parecen
incluir una reivindicación antigua:
que se tomen iniciativas contra otra
piratería, la que se ceba en sus
aguas.