2.077
asesinatos: El Ejército de Colombia o el elogio del terror
José Hilario López Rincón
Alainet
27 de Octubre de 2009
A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si camina como
pato, si grazna como pato, si vuela como pato, si tiene pico
aplanado como pato, si nada como pato, si caga como pato,
estamos frente a un pato. Pero, si tiene grandes orejas como
burro, si patea como burro, si tiene crin como burro, si
tiene cascos como burro, si rebuzna como burro, estamos ante
un burro. Simple y elemental.
El lenguaje hace parte del desarrollo humano y es
fundamental para entendernos con nuestros semejantes. Si no
respetamos el significado que tiene una expresión o una
palabra, si no respetamos la relación que existe entre el
significado de una palabra y la verdad, corremos el riesgo
que correría un pato ante las “órdenes de un burro”.
Hace un año, la noticia que movió a los medios de
comunicación pero no fue suficiente para sacudir a la
sociedad colombiana de la indolente apatía que la carcome,
fue la matanza de más de 1.666 colombianos indefensos a
manos del Ejército Nacional de Colombia. Lo macabro de las
circunstancias en que se dieron tales asesinatos y la trama
truculenta que se idearon los asesinos para planear y
ejecutar los crímenes apenas generaron unos titulares y
encabezamientos en radio, prensa y televisión que
rápidamente pasó al olvido. En medio de la euforia
mediática, los asesinatos fueron denominados “falsos
positivos”, “casos aislados” y los criminales del Ejército
colombiano, “unas pocas manzanas podridas”.
El Ejército Nacional de Colombia urdió un tenebroso plan
consistente en reclutar jóvenes desempleados, drogadictos,
delincuentes menores o discapacitados, llevarlos bajo
engaños a otras zonas del país diferentes a las de su
origen, asesinarlos a sangre fría, disfrazarlos de
guerrilleros, presentarlos como bajas en combate, cobrar las
recompensas que otorga el Gobierno colombiano por cada
guerrillero muerto y pedir el permiso que les concede la
política criminal de incentivos enmarcada dentro de la
filosofía de la seguridad democrática.
Si bien es cierto que la punta de la madeja surgió ante la
desaparición y posterior asesinato de “los jóvenes de Soacha”,
tal práctica criminal ya venía siendo utilizada por el
Ejército desde la década de los años 90.
A un año de las investigaciones por parte de la Fiscalía
General de la Nación y luego de haber vencido en buena parte
las trabas de la mal llamada Justicia Penal Militar, se
conoce que en esos crímenes de lesa humanidad participaron
de manera organizada y sistemática gran número de unidades
militares, como el Batallón La Popa de Valledupar, el
Batallón Santander, el Batallón Rifles, el Batallón Calibío,
la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, cerca de 35 Brigadas,
el Gaula de Córdoba, el Gaula de Casanare y particularmente
las Divisiones 2, 5 y 7 del ignominioso Ejército de
Colombia. Los asesinatos despiadados fueron cometidos en 22
de los 32 departamentos que tiene el país.
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la
Nación adelanta cerca de 1.300 investigaciones que hasta
ahora le han permitido establecer que el número de
ciudadanos asesinados por el Ejército de Colombia sobrepasó
los 1.666 de que se habló en mayo de 2009 y alcanza los
2.077, incluyendo menores de edad, mujeres y hasta dos
soldados profesionales que se encontraban de permiso.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación investiga
disciplinariamente a unos 3.000 militares por hechos
relacionados con tales prácticas durante los últimos 7 años,
que corresponden, extraña coincidencia, con el período de la
funesta etapa uribista.
Alrededor de la historia de los asesinatos de los 2.077
desamparados colombianos, de la historia de los criminales y
de la historia del país, se entrelazan extrañamente tres
episodios justo en este momento: Uno, el informe del Relator
de Naciones Unidas, profesor Alston. Dos, la escogencia del
Fiscal General de la Nación. Tres, la decisión de la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia frente a un caso de
ejecuciones extrajudiciales ocurrido en Arauca en 1995.
Como se recuerda, entre el 8 y el 18 de junio de 2009, el
profesor Philip Alston, relator Especial de las Naciones
Unidas para las ejecuciones arbitrarias, realizó una “misión
de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales” a
Colombia, al cabo de la cual rindió un informe preliminar
con la promesa que en 4 o 5 meses se publicará su “informe
completo”. Vale decir que en las próximas semanas tendremos
la oportunidad de conocer las conclusiones del profesor
Alston.
En el mencionado informe preliminar el Relator Especial
destacó que la pregunta clave es ¿quién es responsable de
estas matanzas premeditadas?
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia parece haber
comprendido la gravedad de la tragedia y empieza a descifrar
la respuesta al interrogante. Luego de analizar un caso de
campesinos asesinados por el Ejército colombiano, ocurrido
en 1995 en el departamento de Arauca, ha considerado que los
comandantes de las unidades militares deben responder por
los asesinatos cometidos por sus subalternos. Y no puede ser
de otra forma. Así como los generalotes y el mismo
Comandante Supremo de las Fuerzas Militares azuzan a sus
tropas para obtener resultados, así como se les llena la
boca de elogios para sus héroes de pacotilla y se les infla
el pecho ante pírricas operaciones que también respondan por
los crímenes de lesa humanidad cometidos en nombre de la
política criminal de la “Seguridad Democrática”. La Corte ha
expresado que los Comandantes son responsables en la medida
en que son ellos los que dan las órdenes operativas.
Rescatemos de la memoria la Resolución 29 del 17 de
noviembre de 2005, mediante la cual se reguló el sistema de
recompensas e incentivos, expedida por el entonces ministro
de la Defensa Camilo Ospina Bernal. ¡Oh, sorpresa!, el mismo
a quien el encrucijado dictadorzuelo colombiano quiere
elegir como Fiscal General de la Nación a como dé lugar.
Volvamos al informe preliminar del profesor Alston. El 18 de
junio de 2009, mucho antes de que el Comandante Supremo de
las Fuerzas Militares de Colombia conformara la terna para
que la Corte Suprema de Justicia designe Fiscal General de
la Nación, sentenció proféticamente: “La Fiscalía tiene un
papel fundamental dentro de la compleja y sofisticada
estructura jurídica de Colombia. La Corte Suprema de
Justicia nombra al Fiscal General a partir de una terna que
propone el Presidente. Es esencial, habida cuenta de la
función central y clave de la Fiscalía, que el próximo
Fiscal General sea una persona independiente, fuerte y de
prestigio”.
Y aquí es donde se entiende, entre otras razones, el por qué
de la obstinación del régimen en la conformación de la terna
para designar Fiscal General de la Nación. Lo que se le
antoja al ilegítimo presidente Uribe, con la pretensión de
que Camilo Ospina sea designado Fiscal General de la Nación,
es, ni más ni menos, que poner a un ratón a cuidar el queso.
Todo apunta a que el tenebroso plan urdido por el Ejército
colombiano para asesinar impunemente a los 2.077 colombianos
aún no ha concluido y le resta su golpe final: escoger a su
propio investigador.
Las palabras del profesor Alston, acerca de que “el próximo
Fiscal General sea una persona independiente, fuerte y de
prestigio” quedarán en el vacío si la Corte Suprema de
Justicia se doblega y permite que Camilo Ospina Bernal, ex
ministro de Defensa e ideólogo de la Resolución 29 de 2005 –
marco jurídico y político del genocidio - se convierta en el
investigador de sus antiguos subalternos.
Mientras el Comandante Supremo del Ejército perpetrador de
crímenes de lesa humanidad continúa sus artimañas para
conseguir su Fiscal de bolsillo, los familiares de las
víctimas sufren el “hostigamiento sistemático” y permanente
de los criminales.
Y entre tanto, la sociedad colombiana continúa obstinada en
volar como pato detrás de los burros.
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José Hilario López Rincón es Abogado Asociación
Jurídica Dignidad Humana
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No
consiento que se hable mal de Franco en mi