Verbena constitucional

                    Juan Francisco Martín Seco
                    Estrella Digital

Con motivo de cumplirse veinticinco años de la promulgación de la última
Constitución española se ha generado una profusión de celebraciones,
festejos y comentarios. Regocijo y alegría grandes. Va y viene el
botafumeiro. Alabanzas y loas. Todos, como aplicados discípulos de Leibniz,
convenciéndonos de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Cada uno
cuenta la fiesta tal como le va en ella, y en general los que opinan -a los
que se permite opinar- pertenecen al colectivo de los satisfechos. La
opinión publicada termina siendo opinión pública. Y la mayoría silenciosa
acaba por declarar en las encuestas lo que reiteradamente ha escuchado.

Desde distintas tribunas se han esforzado por mostrarnos el gran avance que
se ha producido en estos veinticinco años. Es un discurso que, aunque
estemos en democracia, al menos a los que hemos vivido en otras épocas nos
recuerda el que se acuñaba en el franquismo. Aquellos cuarenta años de paz.
Los partidarios del régimen trataban de convencernos de lo mucho que se
había avanzado desde 1939. Sólo faltaba, respondíamos entonces, que después
de cuarenta años no se hubiese prosperado nada. Sólo faltaba, había que
contestar también ahora, que estuviésemos en la misma o peor situación que
veinticinco años atrás.

La comparación entre 1978 y 2003 es tramposa al mezclar aspectos
tecnológicos, políticos y económicos. En los tecnológicos se llega al
ridículo de citar el teléfono móvil, el ordenador o el DVD, como si todos
estos adelantos fuesen resultado de la Constitución. La comparación en
materia política no parece tener mucho sentido. Toda situación, por mala que
sea, siempre es mejor que una dictadura, y dictadura o al menos prolongación
de una dictadura teníamos antes de aprobar la Constitución. Hoy gozamos de
derechos y libertades de los que los españoles estuvimos privados durante
cuarenta largos años. Pero ésa no es la cuestión. La cuestión radica en
saber si después de un cuarto de siglo podemos estar satisfechos del
funcionamiento del sistema democrático. Y el juicio es más bien negativo.

Los vicios del sistema parten desde su mismo origen. La Transición se hace
no desde la libertad y decisión soberanas del pueblo, sino condicionada por
las instituciones y poderes del antiguo régimen. No hubo ruptura, sino
reforma. En la Historia no caben los experimentos ni la marcha atrás, por
eso jamás sabremos si hubiese sido posible otra manera de realizar el
cambio; pero, en cualquier caso, lo que resulta indiscutible es que el
proceso seguido dejó incólume gran parte de la estructura anterior; que
determinadas instituciones, como la forma de Estado, fueron impuestas a la
sociedad, y que la soberanía devuelta al pueblo fue durante largo tiempo una
soberanía vigilada, ya que el fantasma del golpe de Estado y de la
involución se encontraba siempre presente.

Puede extrañarnos que reglas del juego político establecidas de acuerdo con
las conveniencias de los grupos de poder dejen graves vacíos en el sistema
democrático? Hoy, con la perspectiva que dan los años transcurridos, se
vislumbra el diseño que se ha querido hacer de nuestro sistema político: dos
grandes partidos estatales con programas y sobre todo praxis muy similares
en materia de política económica -que es lo realmente importante-,
complementados con partidos nacionalistas que también comparten el mismo
proyecto económico. El desengaño y la pasividad política han ido adueñándose
de la sociedad española.

En materia económica tampoco el balance puede ser muy positivo. Si atendemos
al dato escueto de incremento del PIB, es evidente que hemos crecido, pero
también lo hacíamos en los años cincuenta, sesenta y setenta y con tasas
bastante más elevadas que las de estos veinticinco años. Es un error querer
identificar crecimiento económico con democracia. La supremacía moral y
política de la democracia sobre la dictadura no se basa en razones
económicas. Puede haber regímenes autocráticos cuyos logros económicos hayan
sido mayores que los de muchas democracias.

En la actividad económica no todo se mide por la eficacia y por el aumento
del PIB, sino por los valores que se asumen y que se plasman en la sociedad.
La Constitución de 1978 es rica en esta materia, pero por eso mismo también
tiene que ser grande la frustración de estos veinticinco años. Nuestra Carta
Magna sitúa junto a los derechos civiles y políticos, los derechos sociales
y económicos y obliga a los poderes públicos a intervenir en la economía
para remover aquellos obstáculos que se oponen a la libertad e igualdad
efectivas. Todo esto ha quedado olvidado, escondido, tapado; el Estado
social de la Constitución ha sido escamoteado y en su lugar se quiere
colocar el Estado liberal del siglo XIX. ¿Qué tenemos que celebrar?

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