El juancarlismo necesita ser sustituido por una mixtura de populismo.
LETICIA Y LAS
URNAS,
Julio Anguita.
Se ha desbordado el más hiperbólico de los lenguajes. Cae en cascada sobre una
audiencia y unos lectores enganchados, engatusados y alienados por la ganga rosa
y azucarada de la aparente nadería. Sin embargo, cuando la
reflexión vence a una tromba mediática, una sensación va tomando cuerpo de
evidencia: no estamos ante ninguna afortunada Cenicienta sino ante una reedición
actual y mediática del rol de Juana de Arco. La Monarquía y la
dinastía aceptan un aval plebeyo.
Las mentes y las voces más lúcidas ya lo han dicho y escrito: "... este
romance ha sido un auténtico plebiscito sobre la monarquía española...".
El juancarlismo, como expresión de un monarquismo vergonzante y puntual,
necesita ser sustituido -cara a las previsiones sucesorias- por una mixtura de
populismo, "progresía" y falta de memoria. Este tipo de bodas reales
es ya algo habitual en otros reinos. Los tiempos obligan a lo que sea necesario
para apuntalar algo tan anacrónico como la Monarquía. Pero en el caso español
hay -además- algo especial. Hagamos memoria.
Las Cortes Constituyentes de la II República española (última legitimidad
incuestionada e incuestionable) acordaron el 20 de Noviembre de 1931 declarar el
decaimiento de todas las dignidades y títulos de Alfonso XIII sin
que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores". La
Dictadura liberticida de Franco hizo aprobar en 1947, tras Referéndum, la ley
de Sucesión que hacía de España un Reino sin monarca y un Jefe de Estado
vitalicio con la facultad de designar a su sucesor a título de Rey. En 1966,
también con Referéndum, se aprobó la Ley Orgánica del Estado que ratificaba
los extremos anteriores. El 22 de Julio de 1969 y ante las Cortes españolas
el entonces Príncipe juraba fidelidad a Franco, a las leyes del régimen y
aceptaba ser el sucesor. En Noviembre de 1975, tras la muerte del dictador, Juan
Carlos I era proclamado Rey de la monarquía franquista.
Desde esta situación de ilegitimidad se montó la operación de la Transición.
El Rey del Movimiento Nacional "legitimaba y garantizaba" a los que
nunca aceptaron la Dictadura que él continuaba. Para evitar el perjurio, Juan
Carlos nunca juró la Constitución de 1978 tal y como manda el artículo 61 de
la misma. Se suele argumentar que el pueblo español al ratificar el texto
constitucional legitimaba y legalizaba la monarquía de Franco. En el año
2000 las Cortes Generales celebraron con todo fasto y solemnidad el 25
Aniversario de la proclamación de 1975. No han esperado a este año; se
hicieron el harakiri antes. Y aquí está la cuestión: la Monarquía no recibe
su legitimidad de la Constitución sino que el Rey "fue antes". Es la
línea Maginot de un régimen que sigue anclado en lo que ha venido en llamarse
Constitución real: intereses económicos y poderes efectivos. Claro está que
todo eso es absolutamente incompatible con la Democracia. Por eso -sentimientos
aparte- Letzia no puede sustituir al paso de la Monarquía por las urnas.
