Cuentos, Bodas y
Asuntos Borbónicos
El anuncio del compromiso
nupcial del heredero de la Monarquía española se ha convertido en estos últimos
días en excusa para una agobiante campaña propagandística de apología del Régimen.
Desde que se filtró la
noticia de que Felipe Borbón se casaba con la periodista divorciada Letizia
Ortiz estamos sometidos a una continua saturación mediática que nos presenta
la historia del noviazgo y compromiso principesco como un nuevo cuento de La
Cenicienta, actualizado a la manera de Oficial
y Caballero con algunas gotas de Pretty
Woman (por lo de hermosa-mujer-pero-hecha-a-si-misma).
En resumen, bella-plebeya-llega-a-princesa-tras-encandilar-a-príncipe-quetienesupasado... El
príncipe sienta la cabeza, se dispone a darle continuidad a la
estirpe y la novia pasa de la fabrica (en este caso, la redacción de
una televisión) al palacio.
Y es que en tratándose de
dinastías, poner medios para asegurarse la continuidad biológica es asunto
de primera importancia política. Tanto como convencer al personal de que lo
arbitrario tiene algún fundamento. Y estas consideraciones sí que no
son ningún cuento.
Veremos si esta campaña
generalizada de afirmación borbónica llega o no a tratar con
similar minuciosidad y reiteración con los que se ocupa de los presuntos
meritos de ambos novios de cómo se afronta el cumplimiento del Artº 57.4. de
la Constitución
española que dice: "Aquellas personas que teniendo derecho a la
sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición
del Rey y de las Cortes Generales, quedaran excluidas de la
sucesión a la Corona por sí y por sus descendientes".
Juan Carlos de Borbón,
por lo que le toca, ya ha dicho públicamente que sí. Pero, ¿y el
Parlamento español?. Se supone que para saber si no hay "expresa
prohibición" y por tanto se da una "expresa aprobación"
se debería dar oportunidad a someter la cuestión a consulta y voto. Si
no se hace de motu propio -porque los partidos del Régimen, ya
en el ajo, quieran librar a la Corona incluso de esta mínima supervisión y
del debate político subsiguiente y por tanto ni la presidencia del Congreso
ni su Mesa presumiblemente incluyan el asunto en ningún orden del día- todos
los grupos parlamentarios que se definen republicanos deberían exigirlo. No para
hablar de la biografía, virtudes o defectos de la señorita en cuestión o
para oponerse a este matrimonio concreto sino para aprovechar el momento para
revisar públicamente el papel de la Monarquía (que incluye la trayectoria, el
trabajo, la función y las finanzas de sus futuros suegros, su futuro
esposo y el resto de su clan). En esta circunstancia, limitarse a recordar irónicamente
que "tienen
resuelto el problema de la vivienda" (Carod Rovira,
ERC) o decir más o menos lo mismo "desde
una posición distanciada" pero, eso sí, con
felicitación incluida (Llamazares, IU), se queda corto.
Obviamente, resulta
chocante que una institución democrática representativa haya de reunirse
para pronunciarse en el siglo XXI sobre el casorio de un señor y puede
dar cierto reparo por aquello del miedo al ridículo y el temor de
que se confunda demasiado al Parlamento español con un programa de
telebasura. Pero no resulta lógico aplicarle el escrúpulo a la consecuencia
y excluir la causa. Lo realmente chocante es la misma existencia a estas
alturas a la cabeza de un Estado de una institución hereditaria
esencialmente antidemocrática como es la Monarquía, para más inri, "inviolable
y no sujeta a responsabilidad". Más si cabe, cuando esta específica
Monarquía española fue instaurada por una Dictadura fascista para
asegurar políticamente su transmutación y la preservación y continuidad
-hasta hoy- de los intereses que amparó, bajo una nueva envoltura. En este
momento -aparte de una monumental operación de lavado y lustre de imagen- lo
que se cuece es el marco en que trabajará el que figura como próximo
Jefe del Estado y donde se formaran sus sucesores -salvo que para
entonces los Borbones españoles hayan seguido en su destino a sus parientes
franceses- y aunque pueda resultar alucinante verse en la obligación de
abordar esta mezcla de lo medieval y lo moderno, en sufriendo Monarquías,
forzoso es reconocer que la cuestión de la sucesión y los enlaces
reales es tema político obvio que toca al nucleo duro de la institución.
Naturalmente -aunque quizá
resulte redundante proclamarlo conviene hacerlo para deshacer equívocos- la
izquierda nacionalista andaluza continuaría radicalmente enfrentada
a una hipotética III Republica española si esta sustituyera a la actual
Monarquía -porque aquí, a la hora de la caracterización, lo
esencialmente negativo e insoportable es lo español- pero esta
constatación no ha de llevar a minusvalorar la evidencia de que la formula
política presente de España tiene formas monárquicas y que la Monarquía
ejerce activamente su papel como garante de la unidad del Estado y del
orden social y extraer de todo ello las debidas consecuencias.
Sea como fuere e incluso
si -como es de temer, cuela y se pierde una vez más la ocasión- es
coyuntura apropiada para recuperar las actividades políticas internacionales
de la familia real -como su asistencia a las muy reservadas reuniones del
selecto y oligárquico Club
Bilderberg- o acercarse a la muy escasa información
asequible no estrictamente hagiográfica sobre la trayectoria y
actividades de la Monarquía borbónica española y así resistir el agobiante
peso de la propaganda.
¡Y Que Viva
Robespierre!.
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