Carta a Aznar como responsable de los actos del Rey de España
Juan Antonio
Aguilera Mochón
Sr.
Presidente del Gobierno de España:
Me dirijo a usted en su calidad de responsable de los actos del Rey, según el
artículo 64 de la Constitución, del que extraigo dos frases: "De los
actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. Los actos del
Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los
Ministros competentes."
Estamos viviendo unos momentos particularmente importantes en España y en toda
Europa en lo que se refiere al estatus de las religiones y, concretamente, a la
situación de la Iglesia católica en la vida pública. En España, esta Iglesia
goza de unos privilegios desorbitados, sobre todo en los terrenos educativo y
económico, fruto de los Acuerdos pre y paraconstitucionales de 1976 y 1979
entre nuestro Estado y la Santa Sede. Aunque, según el artículo 16,3 de la
Constitución, "ninguna religión tendrá carácter estatal...", la
normativa derivada de aquellos Acuerdos ha llevado a incumplir en la práctica
este precepto. Así, la Iglesia católica recibe del Estado una financiación y
unas exenciones fiscales extraordinarias, y somos todos los españoles quienes
costeamos la mayor parte de sus cuantiosísimos gastos, incluyendo los salarios
de sus sacerdotes y sus catequistas. Y, así también, la Iglesia detenta
en los colegios e institutos públicos (o concertados: sostenidos con fondos públicos)
la asignatura de Religión, un adoctrinamiento ejercido con profesores de la
propia Iglesia que, para más inri, están pagados por las arcas públicas.
Una de las razones por las que decía que la situación es particularmente
importante es que la Iglesia y el Gobierno que usted preside van a fortalecer aún
más la ya intolerable presencia de la Religión en la enseñanza, al darle el
carácter de asignatura académica, evaluable y computable a todos los efectos
del mismo modo que el resto de materias, y dejando como alternativa para los
irreligiosos... más religión.
La otra razón es que, en su afán de incrementar sus regalías hasta donde sea
posible, en estos momentos la Iglesia ha desatado una intensa campaña para
conseguir que la futura Constitución europea haga una referencia a los orígenes
cristianos de nuestra cultura. No se trata de una pretensión intranscendente:
seguro que daría pie al mantenimiento o extensión de las prerrogativas
eclesiales en los países europeos. No hay más que ver el juego que ha dado en
España la "inocente" alusión a la Iglesia en el citado artículo
16,3: "... Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones
de cooperación con la iglesia Católica y las demás confesiones."
Pues bien, en estos tiempos de revitalización del nacional-catolicismo que
nunca desapareció, en los que nos jugamos tanto, en los que somos muchos
quienes exigimos, en nombre de los principios democráticos más elementales,
que se deroguen los Acuerdos del 76 y del 79 con la Santa Sede (con todo lo que
ello supone de finalización de privilegios: que no se imparta Religión bajo
ningún camuflaje en centros públicos y concertados, que la Iglesia se atenga a
las mismas reglas de juego que cualquier asociación, religiosa o no...), el
Papa nos ha visitado, y muchas autoridades y representantes públicos han
acudido devotamente a sus actos estrictamente religiosos. Siendo esto reprobable
en todos los casos, lo es mucho más tratándose del Rey, por su especial carácter
simbólico. De hecho, el artículo 56,1 de la Constitución resume así su
naturaleza y funciones: "El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su
unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las
instituciones, asume la más alta representación del Estado Español en las
relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica,
y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las
leyes." Lo que haga el Rey (o su familia) en su ámbito privado le aseguro,
dicho sea con todos los respetos, que no me interesa. Pero como Rey no puede
santiguarse, o asistir a misa... y aún menos arrodillarse ante el Papa y
besarle el anillo: este acto de sumisión de la máxima instancia personal del
Estado es sencillamente inadmisible. Recordemos que hincar la rodilla, bajar la
cabeza y besar el anillo son símbolos de vasallaje. Usted, como presidente del
Gobierno, es el responsable de este gravísimo atropello a la dignidad del
Estado (aparte, naturalmente, de su propio y lamentable comportamiento como católico
cuando ejerce como presidente). La foto del Rey postrado ante el Papa puede
verse en las páginas web de la Casa Real (http://www.casareal.es/casareal/papa10.html)
con el siguiente pie: "El Rey besa el anillo del Santo Padre, tras
la multitudinaria misa de canonización de cinco beatos españoles. (Madrid, 4
de mayo de 2003)". En las mismas páginas pueden verse más referencias
inequívocas a la catolicidad de la Familia Real. Y es que la manifestación pública
de las creencias religiosas del Rey y su reiterada participación en actos
devotos la mayoría lo ve, para mi continuo asombro, como algo normal. Se me
agolpan las preguntas: ¿Cómo es posible que no se haya escrito –que yo
sepa– en algún editorial un mínimo comentario reprobatorio al respecto?, ¿qué
dicen los intelectuales independientes con acceso a los medios (digamos Fernando
Savater)?, ¿se están censurando imprescindibles opiniones críticas, como las
de Gonzalo Puente Ojea?, ¿es que el Partido Socialista reniega de nuevo de sus
principios?
Pero no importa que no haya escándalo de la mayoría; sí que lo hay en los
crecientes movimientos laicistas, esperanza de un mundo que posibilite una
verdadera convivencia pacífica entre diversas posturas ideológicas (religiosas
o no). Creo que, en definitiva, basta mi calidad de ciudadano español para
sentirme en el derecho de exigirle que tome las medidas oportunas para que no se
repitan los agraviantes comportamientos reales.
Dado el momento histórico en que estamos, es necesario que lo haga con la máxima
urgencia, antes de los actos con motivo de la onomástica del Rey y, desde
luego, antes de la increíble ofrenda real al apóstol Santiago –que no debería
repetirse nunca–. Respecto a las páginas de la Casa Real, simplemente me
atrevo a pedirle que haga llegar al Rey mi punto de vista, pues, según el artículo
65,2 de la Constitución, "el Rey nombra y releva libremente a los miembros
civiles y militares de su Casa".
Juan Antonio Aguilera Mochón es Profesor de la Universidad de Granada