Los orígenes del laberinto vasco
Marcos Roitman Rosenmann
- ¿Qué está pasando en España? Las decisiones políticas y judiciales de ilegalizar a Batasuna, lejos de tener una explicación en la coyuntura, lucha contra el terrorismo, hunden sus raíces en las formas que asume la transición posfranquista. En este sentido, se debe renunciar a plantear el problema como un antagonismo que enfrenta a vascos nacionalistas empeñados en arropar a Batasuna, por ser vascos, contra el resto de la sociedad española. Son los límites de una transición que cerró el paso a una construcción federal del Estado el punto de inflexión que explica en parte las raíces del problema vasco. No podemos olvidar que existe una visión idílica del proceso de transición que culminara con la promulgación de la Constitución en diciembre de 1978.
Pareciera ser que todo marchó sobre rieles, y las dificultades fueron superadas por la vía del consenso y la negociación. Los dirigentes políticos de la transición cedieron con el fin de obtener un acuerdo estable y duradero. Todo y todos cabían en el nuevo marco constitucional. Sin embargo, la realidad es contraria a esta formulación mítica. Como señala Alfonso Ortí en uno de los mejores trabajos sobre la transición:
La salida negociada del despotismo franquista pasaría por la recreación y consolidación de una nueva elite del poder o clase parlamentaria, compuesta por los propios cuadros del poder franquista y ampliada a las fracciones dirigentes de la oposición democrática reconocida; a la vez articulada en su conjunto -de modo subordinado- con los intactos poderes fácticos del Estado franquista (capitalismo financiero e industrial, altos cuerpos de la administración pública, alta oficialidad de las fuerzas armadas y, en fin, la propia corona, reinstaurada por el anterior régimen). Mientras que la monarquía ocluía precisamente el lugar de reconciliación entre todos los pueblos ibéricos a través de una república federal. Efectivamente la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
Con ello, la idea de nación española sólo puede definirse bajo los postulados que están presenten en una forma monárquica: la necesaria indivisibilidad de la patria y la ausencia de federalismo. El derecho de autodeterminación se excluye por principio de definición. Jordi Solé Tura uno de los ponentes de la Constitución es claro al señalar que, en definitiva, estaba en juego el concepto mismo de España y la posibilidad de que la unidad de España se pudiese conciliar con la realidad multiforme de diversas nacionalidades y regiones.
Descartado el Estado federal y el derecho de autodeterminación, sólo cabía el camino de construir autonomías regionales. El problema político quedó planteado y hasta el día de hoy no se ha resuelto. La redacción del artículo 2 de la Constitución fue concluyente: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y r-giones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. A la hora del refrendo constitucional, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) rechaza el articulado final y promueve la abstención, mientras la llamada izquierda abertzale se decanta abiertamente por el no. El resultado es significativo.
Del total de votos emitidos en Euskadi 50 por ciento se abstuvo en la línea del PNV y casi 20 por ciento votó no. Es decir, un porcentaje cercano a 70 por ciento se manifestó contrario al marco constitucional. Un historiador como Juan Pablo Fusi, nada proclive al PNV, es capaz de señalar claramente el nudo gordiano: no hubo por tanto acuerdo, lo que supondría un nuevo revés político de cara a la posible solución del problema. Sólo 50 por ciento del electorado vasco votó en el referéndum constitucional y de ellos hubo casi 20 por ciento de votos negativos. El independentismo había obtenido una formidable victoria: podría argumentar en adelante que el pueblo vasco había rechazado la Constitución española.
Tal vez por eso ETA incrementara desde los últimos meses de 1978 sus acciones armadas: los atentados contra jefes del ejército indicarían que ETA estaría dispuesta a desafiar frontalmente la unidad del Estado español (o forzar a éste a negociar con la organización vasca y en los términos impuestos por ella). Fusi no dice nada de las abstenciones y limita a ETA el argumento de no aceptar la Constitución. Argumento que está presente también en el PNV.
II - El conflicto vasco es una cuestión que no se ha podido solucionar en la transición a la democracia tras la caída del franquismo. En esta línea, un ex parlamentario vasco, Martín Auzmendi, señala: aunque parezca obvio, a estas alturas hay que subrayar que ya no es posible ningún acuerdo sobre la base de abrir un nuevo proceso constituyente en Euskadi. Sin embargo, lo que sí parece posible y necesario es un nuevo acuerdo para cerrar la transición y culminar el proceso constituyente en Euskadi. Los orígenes del problema son políticos. Desconocerlos no puede traer la solución. En este caso concreto, tras el terrorismo se esconde un problema político grave.
Lo penoso, parafraseando al académico Lázaro Carreter -aunque se refiere a una pelea idiomática- es que se libre en el terreno del terrorismo el combate que debiera ventilarse en el político. No querer asumir esta verdad supone efectivamente no solucionar nunca el problema. En el último debate sobre el estado de la nación, la portavoz de Eusko Alkartasuna le dijo directamente al presidente del gobierno español, José María Aznar, que cuando más contrariado lo había visto había sido cuando las conversaciones y el diálogo en Euskadi generaron una tregua y la apertura de diálogo con ETA.
Aznar sólo pudo contestar que tal afirmación le parecía miserable. Para Aznar y el PSOE el problema es policial, jurídico y de orden público. Con estos argumentos se entiende que nunca será posible abrir una vía de solución. Quienes votaron en contra o se abstuvieron ante la propuesta de ilegalización de Batasuna no están en contra de la democracia. Tampoco son traidores a la Constitución ni promueven la disolución de España. Sólo señalan que el problema es político y su solución también. En los hechos, la propia vía judicial está siendo fuertemente criticada por destacados catedráticos de derecho constitucional. Sirva como muestra el comentariuo de Javier Pérez Royo: En un proceso en el que no se puede llegar en ningún caso a la conclusión de que Batasuna es ETA, porque la conducta delictiva de los ciudadanos que se está investigando no puede comprometer nunca al partido en su conjunto, se acaba alcanzando dicha conclusión, para proceder a la suspensión del partido y abrir la vía a la posible imputación penal de sus dirigentes y, eventualmente, de todos sus miembros.
En la persecución de Batasuna se está cancelando el sistema de división de poderes de la Constitución. Contra Batasuna está empezando a valer todo, desde medidas legislativas de constitucionalidad más que dudosa, hasta autos judiciales que más que decisiones de un poder independiente del Estado parecen escritos de un funcionario del Ministerio del Interior. Contra Batasuna, el fin sí justifica los medios.
En conclusión: presentar la lucha contra el terrorismo en una cruzada de toda España frente a Batasuna es al menos una visión distorsionada y con poco fundamento. Las discrepancias son múltiples. Cabe señalar que en el Parlamento, de las 12 formaciones políticas que tienen representación, ocho de ellas, es decir dos tercios de los partidos y coaliciones presentes, se abstuvieron o votaron en contra de la ilegalización. No es un problema cuantitativo si se refiere al número de diputados de dichos partidos. Expresa un problema de fondo. Enfocar el problema vasco como una cuestión de terrorismo no representa el sentir mayoritario, primero de la sociedad vasca y en segundo lugar de una parte importante de su elite política.
