Escribo estas líneas una semana después de la presentación pública de la Propuesta de Estado Federal, formulada por Ezker Batua/Izquierda Unida, como alternativa de convivencia y justicia social, no sólo para Euskadi sino también para el conjunto de pueblos del Estado, que abogan, a su vez, por una reforma en profundidad de sus propios estatutos de autonomía. Lamentablemente, a tenor de la actitud del Gobierno del Partido Popular, no es éste el mejor momento para apelar al diálogo democrático y a la voluntad popular libremente expresada. Coincidiendo con nuestra defensa del federalismo de libre adhesión, y su remisión al Parlamento vasco, el Consejo de Ministros ha anunciado una reforma extraordinaria del Código Penal, al objeto de penalizar la convocatoria de consultas ciudadanas.

Entiendo, al igual que una parte mayoritaria de la sociedad vasca, que iniciativas como ésta vulneran la democracia y atentan contra el Estado de Derecho, en la medida en que interpretan que hablar, debatir y votar, sea en las instituciones, sea en referéndum, puede ser considerado delito. Para las personas progresistas resulta difícil asumir esta realidad, y por ello me parece importante recordar ahora, tratando de buscar una luz de esperanza al final del túnel, el dictamen que con fecha 20 de agosto de 1998 emitió la Corte Suprema de Canadá, a petición del Gobierno federal de ese país. El contenido de este texto recoge, entre otros extremos, la siguiente cuestión: ¿Cabe dentro de la Constitución un derecho no expresamente contemplado por la misma, como es el de Quebec a lograr los cambios constitucionales precisos para obtener por medios democráticos, incluso la secesión?

La respuesta dada a este interrogante es clarificadora: la falta de previsión expresa en la Constitución de un mecanismo para que Quebec pueda ejercer ese derecho no puede ser obstáculo para ello, en atención a los principios que inspiran el texto constitucional; a saber, el principio de respeto a la voluntad democráticamente expresada, el principio de autogobierno federal, reconocido en la Constitución canadiense, el principio de que la Ley y la Constitución deben ser respetadas, el principio de respeto a los derechos fundamentales y finalmente el principio de respeto a las minorías.

Según la Corte Suprema de Canadá, la relación entre estos principios no es vertical o jerárquica. Por ejemplo, la Constitución no está por encima de una voluntad democrática expresada mayoritariamente, aunque se produzca en el seno de un grupo minoritario dentro del Estado. Al contrario, la Corte dictaminó que la relación entre dichos principios es horizontal. Es decir, que ante la petición mayoritaria de un grupo para obtener una modificación constitucional como la demanda por Quebec, las autoridades federales están obligadas a negociar dicha modificación buscando una respuesta equilibrada que respete los derechos de esa minoría.

El dictamen de la Corte Suprema de Canadá concluye su resolución recomendando los instrumentos legales a respetar para garantizar el ejercicio de este derecho. Es preciso, en su opinión, que se formule una pregunta clara, que no deje dudas a la hora de interpretar la voluntad de la gente, y que se registre en la correspondiente votación una mayoría suficientemente representativa de la minoría que promueve el cambio. La sentencia, en cuestión dice textualmente que «la expresión clara del pueblo de Quebec en una consulta, aunque en sí misma no tuviera un efecto legal directo ( ), obligaría a las autoridades federales de Canadá a negociar los cambios constitucionales precisos para responder a esa voluntad».

El fallo alude, de hecho, al comienzo de un proceso de negociación «gobernado por los mismos principios constitucionales que han generado el deber de negociar entre las partes: federalismo, democracia, respeto a la Constitución e imperio de la ley y proteccion de las minorías». Considero que es positivo traer a la memoria de todas y todos opiniones como ésta, de cara a revalidar nuestra confianza en la democracia y la libertad. Vivimos tiempos difíciles, y es necesario que la Justicia actúe con criterios propios, preservando su independencia del poder ejecutivo, tal y como hizo en su día la Corte Suprema de Canadá. La voluntad popular libremente expresada no constituye una amenaza para nadie, y entendemos que no hay razón alguna para temer que un pueblo, una sociedad, pueda opinar y pronunciarse.

Desde una concepción de izquierda federalista, nuestra formación política reivindica este derecho como una apuesta legítima, que en ningún caso se podrá coartar. La posición de la Corte Suprema de Canadá tiene un antecedente teórico en el pensamiento de Isaiah Berlin, quien aboga por un concepto alternativo de modernidad europea, basado en esta premisa: las preguntas y los problemas no tienen una única solución que se deduzca de unos principios generales jerárquicamente ordenados. A su juicio, los nuevos retos y cuestiones que se le plantean a una sociedad no tienen una única respuesta basada en dogmas inquebrantables. Isaiah Berlin apuesta por buscar, en cada caso, soluciones distintas, capaces de dar respuesta a situaciones concretas, que en muchos casos desembocan en conflicto por falta de diálogo e imaginación.

Me consta que sólo por esta vía lograremos afianzar una cultura de debate y consenso, tan necesaria en este momento, y tan incompatible con la práctica de la violencia o la imposición. El derecho a expresarse, a pensar, a compartir, es inherente al ser humano, y, sin pretender equiparar ambos hechos por razones obvias, sí diré que ni las pistolas de ETA ni la sinrazón del Partido Popular podrán evitar que la sociedad vasca hable, y sus instituciones y su ciudadanía se pronuncien con su voto. Todo grupo minoritario tiene potestad para exponer sus necesidades, ya sean de índole política, económica, social, cultural, etcétera, y a sus representantes nos corresponde determinar los cauces legales para su ejercicio en condiciones de normalidad.

El futuro avanza en esta dirección, que no es otra que el respeto a los derechos humanos y a la voluntad popular. El Parlamento vasco trabaja en esta dirección, desde la condena reiterada a la violencia y la defensa del derecho de autodeterminación, avalada en pleno en 1990; por ello, confiamos en que la Justicia no impida el debate político sobre el modelo de Estado en una institución constituida específicamente con este fin, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía, como pilar de la democracia y la soberanía popular. Es tiempo de paz y diálogo, pero es imprescindible el concurso de todas y todos, incluidos Batasuna y el Partido Popular. No cabe callar ante el asesinato y la extorsión, ni cabe tampoco negar el debate. La solución pasa necesariamente por reconocer la legitimidad de todas las opciones y sensibilidades, buscando un mínimo común denominador, un punto de encuentro, en el que la convivencia normalizada sea posible. El federalismo de libre adhesión es nuestra propuesta, pero queremos que cada fuerza política aporte la suya, la defienda en el Parlamento vasco y después sea la sociedad la que decida en referéndum.