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  No consiento que se hable mal de Franco en mi presencia. Juan  Carlos «El Rey»

La monarquía en la Constitución de 1978

 José Luis Gordillo[1]

UCR 15 de Noviembre de 2005

 Según el artículo 56.1 de la Constitución: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.” Entre estas funciones se encuentran la de “hacer guardar” la propia Constitución (art. 61) y la de ejercer el “mando supremo” de las Fuerzas Armadas (art. 62 h). Éstas tienen la insólita misión de defender “el ordenamiento constitucional”, además de “garantizar la soberanía e independencia de España” y “defender su integridad territorial”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8, en el “infame” artículo 8 como lo califican algunos. La Constitución, por otra parte, convierte al rey (art. 56.3) en un irresponsable, jurídicamente hablando se entiende. Por ello todos sus actos deben estar siempre refrendados por otras autoridades (presidente del gobierno, ministros, presidente de las Cortes), que son las que asumen la responsabilidad jurídica y política de los mismos. Eso, entre otras cosas, comporta que ningún tribunal español puede aceptar una demanda civil o penal contra el rey, ni siquiera en el supuesto de que apareciesen indicios racionales de su participación en un delito.

 Muchos profesores, políticos y periodistas se han empeñado en interpretar que el rey, según la Constitución, no detenta poder alguno o, al menos, ninguno verdaderamente importante  para el funcionamiento del sistema en su conjunto. Que el rey constitucional es, por decirlo de otra manera, un rey “decorativo” que no “se mete en política”. En su opinión, todas las funciones que le asigna la Constitución deben entenderse como “honoríficas” y no como “efectivas”. Sin embargo, los mismos profesores, políticos y periodistas no se cansan de alabar la actuación del rey durante el golpe del 23-F, lo cual contradice sus propias tesis, puesto que si el rey jugó algún papel relevante entonces – positivo o negativo- fue precisamente porque ejerció un mando efectivo sobre el ejército. 

Esa interpretación hace aguas por todas partes. Y no sólo por lo del 23-F, sino también por la trayectoria política de Juan Carlos de Borbón desde que se aprobó la Constitución. El rey, en tanto que icono mediático especialmente mimado por los medios de comunicación, acumula y detenta un inmenso “poder simbólico” que usa a favor o en contra de determinados objetivos políticos. Últimamente, por ejemplo, lo ha utilizado contra el proyecto de nuevo Estatuto catalán apelando a la “indivisible unidad de la patria”. Antes lo hizo para meter y mantener a España en la OTAN, para obstaculizar el desmantelamiento de alguna de las bases yankees, para hacer negocios, para poner vaselina en la participación de España en la ocupación de Iraq o para intentar “hacer las paces” con el Nerón del siglo XXI, es decir, con Bush (y éstos son sólo unos pocos ejemplos significativos). Basta ya de tomaduras de pelo: se dice y se repite que el rey “reina pero no gobierna”; pues bien: eso también significa que “no gobierna, pero reina”. 

Por eso conviene no olvidar que la Constitución de 1978 también permite hacer otra interpretación: la del rey como “dictador constitucional de reserva” o, si se prefiere, como un schmittiano Guardián de la Constitución que es, al fin y al cabo, lo que dice el artículo 61 que debe ser el rey.  Esa es la interpretación de Miguel Herrero de Miñón, uno de los redactores más influyentes de la Ley de leyes y responsable principal del Título II dedicado a la Corona. Según Herrero, la Constitución atribuye al rey el poder de recurrir al ejército para hacer frente a todo intento de “subversión” y a toda amenaza a “la existencia misma de la Nación”. 

A todo ello se debe añadir que, en el fondo, las dos interpretaciones aludidas no son incompatibles entre sí, que es posible combinarlas y recurrir a la una o a la otra en función de las necesidades políticas de cada momento. Por eso, 30 años después de la coronación de Juan Carlos por las Cortes franquistas, digámoslo alto y claro: la monarquía en España se ha convertido en una rémora para el avance del proceso de democratización.

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Colaborador del Libro Las sombras del sistema constitucional español  que coordinó Juan-Ramón Capella

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