El Gobierno y el PP están de acuerdo en modificar la Constitución para incorporar a las mujeres en la línea sucesoria. Pero al Ejecutivo no le parece suficiente y busca un pacto en los otros tres puntos pendientes, entre otras cosas para evitar que el referéndum sobre la reforma se convierta en una consulta sobre la monarquía.

El Gobierno intentará evitar que la única reforma de la Constitución que tenga el consenso de los grupos parlamentarios, entre las cuatro modificaciones previstas en la Carta Magna, sea precisamente la de la línea sucesoria.

Además de esta enmienda constitucional, está pendiente la de la referencia a Europa, la de la transformación del Senado en una cámara territorial y la del listado de autonomías. Se trata de evitar que el cambio en el texto que permitiría que las mujeres accedan al trono en condición de igualdad respecto a los hombres sea la única cuestión que se vote en referéndum. Sin un acuerdo amplio y la necesaria participación del PP, el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero considera que la consulta podría ser utilizada contra la monarquía.

El gran debate sobre la reforma constitucional ya no va a ceñirse únicamente a la discusión territorial. El cambio previsto para modificar la línea sucesoria y permitir que si la primogénita es mujer pueda reinar tiene en principio el consenso de los dos grandes partidos políticos españoles y, por tanto, debería estar exento de la polémica política. Pero este consenso y la voluntad de todas las formaciones de acabar con la discriminación de las mujeres en el texto constitucional esconden también sus peligros.

El Gobierno ve con cierto temor que sólo se alcance el consenso en este punto de la reforma, y no en los tres restantes, y tener que someter a reférendum un cambio que afecta únicamente a la monarquía. Ésta podría convertirse en una especie de gran consulta a los españoles sobre esta institución, una situación que el Ejecutivo quiere evitar.

El objetivo es que los cambios para abrir la línea sucesoria de las mujeres se aplique ya a los hijos de los príncipes de Asturias. Asimismo, el Ejecutivo tiene previsto aprobar la reforma consititucional en cuatro puntos -el Senado, la europeización del texto, el nombre de las autonomías y la citada sucesión- a finales de esta legislatura, ya que está jurídicamente establecida la disolución de las Cortes y convocatoria de referéndum cuando una reforma de la Carta Magna afecta a su título II, el de la Corona.

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero considera que aún hay tiempo para poder consensuar con el PP este proceso general de reformas y lograr que no dé apoyo únicamente a los cambios sucesorios sino al resto de puntos propuestos. Pero si las relaciones políticas con Mariano Rajoy no se enderezan, el Ejecutivo corre el riesgo de que el consenso quede exclusivamente ceñido en el punto que afecta a la monarquía. Es sabido que el concurso de los populares es imprescindible para modificar la Constitución.

Aunque las encuestas indiquen que los españoles son partidarios de que las mujeres puedan acceder al trono, el temor del Gobierno es que algunos partidos políticos o desde algunos sectores antimonárquicos y republicanos se pudiese convertir un referéndum sobre la reforma de la Carta Magna circunscrito únicamente a la monarquía en una consulta que sirviera para erosionar esta institución. La premura por lograr un acuerdo será mayor si los príncipes de Asturias tienen una hija. Aunque la reforma no corra prisa, sí que habría una cierta premura en llevar a cabo el cambio con celeridad y ejemplaridad.