El escándalo de la
hora en España no es la caricatura en la portada de la revista El Jueves,
en la que aparecen Felipe de Borbón y su mujer, Letizia Ortiz, copulando
en posición "de perrito", ni los globitos de diálogo en los
que el príncipe heredero le dice a su consorte: "¿Te das cuenta? ¡Si
te quedas preñada, esto va a ser lo más parecido a trabajar que he hecho
en mi vida!" Imagen y palabras hacen referencia a dos hechos
puntuales: el primero es la disposición aprobada el 12 de julio por el
gobierno español para que el Estado otorgue un pago único de 2 mil 500
euros a cada pareja -con residencia legal, claro- que traiga un nuevo hijo
al mundo, o que lo adopte; el segundo es el estatuto constitucional de la
pareja como engendradora de candidatos al trono. Por tal función -que no
se les conoce otra oficial-, el príncipe de Asturias y su mujer tienen
derecho a ser mantenidos, y con qué tren de vida, por el conjunto de los
contribuyentes españoles.
El escándalo es que la Fiscalía General del Estado pidió al juez Juan
del Olmo que secuestrara todos los ejemplares de la revista, que el
magistrado dio curso a la solicitud, y que la fiscalía fue más allá:
exigió a Del Olmo que adopte las medidas necesarias para cerrar la página
web de la publicación (www.eljueves.es).
Del Olmo arguyó que la caricaturización de "Su Alteza Real el Príncipe
de Asturias y Su Alteza Real la Princesa de Asturias en actitud claramente
denigrante y objetivamente infamante [...] provocan un grave menoscabo del
prestigio de la Corona", lo que en España es delito: el Código
Penal vigente estipula que "el que calumniare o injuriare al Rey o a
cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al
consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al
Príncipe heredero de la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con
motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de
seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de
multa de seis a doce meses si no lo son", y que "las calumnias e
injurias contra cualquiera de las personas mencionadas [...] serán
castigadas con la pena de multa de cuatro a veinte meses; se impondrá la
pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del
Rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina
consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de
la Regencia, o del Príncipe heredero, de cualquier forma que pueda dañar
el prestigio de la Corona".
Del Olmo es un genio: logró catapultar a la fama mundial una caricatura
que, de no ser por su acto de censura, habría pasado más bien
inadvertida. Los directivos de la revista El Jueves deben estarle
eternamente agradecidos por la publicidad invaluable que les ha regalado.
Caricaturistas, asociaciones periodísticas, centrales sindicales,
partidos políticos y juristas han criticado la medida judicial y señalan
que se trata de un atentado inadmisible a la libertad de expresión.
"Líderes de opinión" diversos han salido en defensa de la
"dignidad" y el "honor" de la pareja Borbón-Ortiz,
como si fuera indigno y deshonroso tener relaciones sexuales en la posición
que sea, o como si resultara difamatorio mencionar que los príncipes
cogen, follan, joden, o como quieran decirlo, y que de ello hay como
pruebas concretas dos personitas que reciben el título de infantas. Esto
sí que se ha vuelto un follón.
Es significativo que los presuntos afectados no interpusieran querella
alguna; ésta fue turnada de oficio en cumplimiento de disposiciones
legales concebidas para cuidarles las espaldas (y las colas) a personas
específicas, en lo que constituye una regulación discriminatoria y
excepcional. La supuesta ofensa no es contra Borbón y Ortiz, sino contra
el Estado. Hubo algunas puñaladas por la espalda: "A cualquiera de
nosotros y de nuestros familiares no nos gustaría que nos dibujaran en
una situación como en la que aparecen los príncipes de Asturias",
opinó el inocuo José María Varona, vicepresidente de la Federación de
Humoristas Gráficos de España, sin ponerse a pensar que, de llegar a
ocurrir algo semejante -digamos, que Juan Carlos de Borbón tuviera el
talento para dibujar al propio Varona y a su pareja practicando un 69- él
mismo se encontraría en doble desventaja; primero, porque ninguna
institución del Estado perseguiría de oficio al infractor y el propio
Varona tendría que interponer su demanda; pero, al hacerlo, toparía con
el artículo 56 de la Constitución monárquica, que establece: "La
persona del Rey de España es inviolable y no está sujeta a
responsabilidad". Esa cláusula, por cierto, convierte en un mal
chiste el artículo 14 del mismo documento, según el cual "los españoles
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social".
Fuera de esa situación de monstruosa desigualdad ante la ley, se podrá
argumentar que todo mundo tiene derecho a la privacidad. Pero, en virtud
del mismo estatuto legal de excepción del que gozan los integrantes del
enjambre de zánganos llamado La Corona Española, el conjunto de
funciones reproductivas y de vínculos sentimentales de los reyes, de los
príncipes y de sus parientes, no pertenece al ámbito de lo privado, sino
que constituye un asunto de interés público. Artículo 57
constitucional: "1. La Corona de España es hereditaria en los
sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la
dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular
de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea
anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al
más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo,
la persona de más edad a la de menos. 2. El Príncipe heredero, desde su
nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento,
tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos
vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. [...] 4.
Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono
contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las
Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí
y sus descendientes".
Por lo demás, a Felipe y a Letizia no se les ve nada incómodos
exhibiendo pruebas de embarazo, ultrasonidos y panzas de siete meses,
alimentando las especulaciones sobre el sexo de sus engendros en camino y
dando detallados partes de partos. ¿Con qué cara van a indignarse ahora
que alguien los dibuja en momentos previos del proceso de hacer herederos
al trono?
Ninguno de los elementos de la portada de marras incurre en falsedad: la
disposición de los 2 mil 500 euros por bebé reviste un claro tinte
electoral; Borbón y Ortiz tienen relaciones sexuales (aunque deba
concederse que no hay datos precisos sobre las posiciones de su
preferencia) y el primero no ha tenido en su vida un solo puesto laboral
digno de tal nombre. En suma, Del Olmo ha estipulado que la verdad es
injuria. Recuerden que todas las fuentes de lo dicho están en
http://navegaciones.blogspot.com
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