Joaquim Pisa
Aventura en la Tierra 10 de Junio de 2007
Entre las iniciativas
rechazadas, una proposición no de ley presentada por los republicanos
pretendía algo tan normal como que se presentara anualmente la liquidación
de las partidas presupuestarias destinadas a la Casa del Rey en cada
ejercicio fiscal. Un repertorio de preguntas adjuntas intentaba obtener
información sobre sueldos, patrimonio y donaciones recibidas por las
personas acogidas a esa institución del Estado. También se interesaban por
algunas actividades calificadas como “privadas” de quien es el actual
jefe del Estado español, como unas cacerías en Ucrania y Rumanía que han
motivado cierto escándalo mediático fuera de España.
Joan Tardà, portavoz parlamentario de ERC, ha reprochado a la Mesa del Congreso y a su presidente, Manuel Marín, su actitud “retrógrada” al permitir que el importe y manejo de esas partidas presupuestarias continúen en la más absoluta obscuridad, dándole a entender al mismo tiempo que estaban haciendo un “flaco favor a la Monarquía” al sustraerla a las obligaciones de transparencia fiscal a las que están sometidos todos los ciudadanos.
El argumento de PSOE, PP y CIU para rechazar las proposiciones de ERC es que, según la Constitución, “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Como Luis XVI o Fernando VII, según parece.
Joan Tardà, portavoz parlamentario de ERC, ha reprochado a la Mesa del Congreso y a su presidente, Manuel Marín, su actitud “retrógrada” al permitir que el importe y manejo de esas partidas presupuestarias continúen en la más absoluta obscuridad, dándole a entender al mismo tiempo que estaban haciendo un “flaco favor a la Monarquía” al sustraerla a las obligaciones de transparencia fiscal a las que están sometidos todos los ciudadanos.
El argumento de PSOE, PP y CIU para rechazar las proposiciones de ERC es que, según la Constitución, “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Como Luis XVI o Fernando VII, según parece.
El portavoz republicano
se muestra “esperanzado” en que el Tribunal Constitucional reconocerá
el derecho que asiste a los contribuyentes españoles a conocer en qué se
invierten sus impuestos.
Obviamente, el señor
Tardà es un optimista irremediable.