jueces y fiscales de la España del siglo XXI no comparten la opinión sobre el sátira política que tenía un sombrío Kafka, allá por 1919, fecha en la que escribió su famosa Carta al padre, en la que describía las burlas que hacía de su castrante progenitor: "Eran como los chistes que se difunden sobre dioses y reyes, chistes que no sólo están ligados a un profundo respeto, sino que incluso le son inherentes".

Para la Audiencia Nacional hacer mofa y befa de la actual monarquía (sobre los dioses no se ha pronunciado) es cualquier cosa menos señal de respeto, y eso que desde los albores de la humanidad los mandatarios han sido el objeto preferido de las dianas de la sátira popular. Lo alarmante de la cruzada que han emprendido en los últimos años estos defensores de los derechos y libertades es que coincide con un momento en que el actual monarca, no tanto el régimen de monarquía parlamentaria como su propio reinado, está más en entredicho que nunca. Si el 2007 fue un annus horribilis para Juan Carlos I y su familia - con los coletazos de la aventura con el oso Mitrofán, las querellas contra los humoristas del suplemento satírico Caduca Hoy, de DEIA, Josetxu Rodríguez y Javier Ripa, y del semanario El Jueves, la polémica por los gastos de la Casa Real, la oleada en Catalunya de quemas de efigies del Borbón, y la separación de una de sus hijas-, este año que está a punto de acabar no le va a la zaga en desgracias.

vida en el escaparate A diferencia de los viñetistas y humoristas que deben proceder con pies de plomo para evitar que el fiscal de turno les endose una querella por injurias a la Corona -el delito se extiende a quien calumnie a ascendientes y descendientes del Rey y del príncipe heredero-, los medios de comunicación, sobre todo la televisión e internet, han abierto la veda para destripar la vida íntima de los monarcas y su abultada descendencia. En los últimos meses se ha escrito y comentado sin tapujos las inclinaciones adúlteras del cabeza de familia de los Borbones. Su esposa también ha salido escaldada de la única ocasión en la que se le ha ocurrido abrir la boca y decir lo que piensa: homófoba y carcamal han sido los adjetivos más suaves que le han dedicado a su persona. La vida privada de la primogénita del monarca está expuesta como un libro abierto y se hacen listados de supuestos novios que pasan por su vida como si de una Britney Spears cualquiera se tratara. Tampoco se libra el ex de la infanta, al que un semanario ultrafacha llamó cocainómano, apoyándose en un supuesto documento de los asesores legales de la hijísima en cuestión.

Una sombra de duda planea sobre la hermana de esta última y su esposo, quien tiene mando en plaza en innumerables empresas y consejos de administración, enriqueciéndose hasta límites que a la burguesa Barcelona le parecen obscenos. Y una nuera adicta a la cirugía estética y presa de un trastorno alimentario, según llevan afirmando durante meses numerosos medios de comunicación, desde los más convencionales hasta los herederos del tomate.

Lo más irónico de la cuestión es que ante tales afirmaciones la Audiencia Nacional no actúa de oficio. Ni la Casa Real emprende iniciativas legales contra algunos de los comentarios antes mencionados, difundidos en muchas ocasiones con un claro interés difamatorio.

Son otros los objetivos que se han marcado en los últimos tiempos los fiscales, azuzados por la Fiscalía General del Estado y por tanto, con una claro impulso del PSOE, auténtico validador del especial celo penal que reciben este tipo de casos.

Entre estas dianas se encuentra un primer grupo, el de los humoristas y viñetistas, algunos de cuyos trabajos tienen una importante repercusión pública, como es el caso de El Jueves, la única publicación secuestrada en 21 años por un presunto delito de injurias a la Corona debido a su famosa portada de los Príncipes de Asturias practicando sexo. Un segundo capítulo contra un medio de comunicación tendrá lugar el miércoles con el juicio en la Audiencia Nacional contra Josetxu Rodríguez, Javier Ripa y el filósofo Nicola Lococo.

Otro de los colectivos vigilados por el hooliganismo del Ministerio Público es el de los políticos de discurso republicano, preferentemente de izquierdas, catalanes, vascos y en ocasiones andaluces, que de vez en cuando claman por una forma de gobierno común en la mayor parte de los países democráticos. En estas ocasiones, parece que la condición de políticos de los susodichos, que en ocasiones están aforados, rebaja el interés sancionador de los fiscales.

Sin embargo la apelación a la libertad de expresión de poco le sirvió a Arnaldo Otegi, en aquel momento portavoz de Sozialista Abertzaleak, cuya sentencia a un año de cárcel por injurias al Rey tras calificarle de "jefe de los torturadores" fue ratificada el año pasado por el Tribunal Supremo.

La tercera bestia negra de los fiscales son los grupos de jóvenes, generalmente de filiación independentista, anarquista o de izquierdas, sobre todo catalanes, que han adoptado la quema de carteles con las efigies de los monarcas como fórmula habitual de reivindicación. Estos casos de particulares que por motivos políticos protestan con métodos más o menos espectaculares causan división en el estamento judicial. Para muchos jueces y fiscales son una expresión amparada por la libertad de expresión, que está por encima de las presuntas injurias. Las sentencias que se han publicado recientemente son contradictorias.

división en la judicatura La Audiencia Nacional confirmó en noviembre la multa de 2.700 euros impuesta a los independentistas catalanes Enric Stern y Jaume Roura por un delito de injurias a la Corona por participar en Girona hace un año en la quema de una fotografías de los Reyes. Sin embargo la tercera parte de los jueces que han visto el recurso considera que la quema de fotos es un claro exponente de la libertad de expresión.

Esta disparidad de criterios se corrobora en un juicio derivado precisamente de la detención de los dos independentistas. Otro grupo de jóvenes catalanes, en solidaridad con Roura y Stern, quemó efigies de los Reyes dos semanas después. Para paradojas, las de este juicio. Si en un primer momento el fiscal solicitó para cada uno de los 16 jóvenes una multa de 3.600 euros por un delito de injurias graves a la Corona, durante el juicio modificó la petición a una multa de 500 euros por una falta leve de perturbación del orden público. El magistrado finalmente les absolvió.

Ante tal desbarajuste de criterios y el efecto multiplicador que pueden generar las sentencias por delitos de injurias al Rey, hay medios que apuntan a que la Audiencia Nacional limitará esta acusación a aquellos actos que constituyan sin lugar a dudas un insulto a la Corona. En los demás supuestos, rebajará el delito a una falta leve o grave de desórdenes públicos.

Estrasburgo estudia la demanda de Arnaldo Otegi

Este mismo mes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pedido al Gobierno español y a los abogados de Arnaldo Otegi más información sobre la demanda que este último presentó en 2007 a la Corte, tras la Condena del Tribunal Supremo a un año de prisión por injurias graves contra el Rey. El escrito remitido por el tribunal pregunta a las partes si, teniendo en cuenta que Otegi era portavoz de Sozialista Abertzaleak (SA), ha habido una violación del derecho del demandante a la libertad de expresión y, especialmente, de su derecho de comunicar informaciones o ideas. "¿En qué medida los deberes y responsabilidades que comportan el estatuto del demandante son pertinente para su queja y para el margen de apreciación del Estado en este terreno?", interroga el tribunal, en el ámbito del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que hace referencia al derecho a la libertad de expresión. Los hechos se remontan al 26 de febrero de 2003, cuando durante una visita del rey Juan Carlos a Bizkaia Otegi le tachó de "jefe de los torturadores".