Rafael Torres
Diarios del Siglo XXI 14 de enero de 2010
Sólo en España, el único país del
Eje o colaborador del Eje que no fue
desnazificado tras la II Guerra
Mundial ni nunca, podría darse la
circunstancia asombrosa de que un
Tribunal de Justicia acepte la
querella de la Falange contra el
juez Baltasar Garzón por haber
querido investigar los crímenes del
franquismo, perpetrados en gran
parte, sobre todo en los meses
subsiguientes a la Sublevación
fascista de julio del 36, por una
organización llamada también Falange
(luego FET de las JONS), cuya
relación histórica con la
querellante se ignora pero se puede
presumir. El suceso no es que no
merezca, sino que no admite más
comentarios, a menos que se quiera
descender a los fondos más abisales
de la irracionalidad en que se
inscribe.
Sí admite toda clase de comentarios, en
cambio, otra cuestión que ha llegado
a los tribunales, al más alto de
todos, por vías no menos
inquietantes: el que, debatiéndose
su pertinencia a la hora de escribir
ésta columna, podría acarrear una
condena a Patxi López por haber
hablado con Arnaldo Otegui. Que a
alguien pueda condenársele
penalmente por hablar, aunque sea
con el mismísimo diablo y pese a la
restrictiva Ley de Partidos, no sólo
supone un ultraje a la razón, sino a
la mismísima civilidad, que se
fundamenta, como todo el mundo
debería saber, en el diálogo
constante, universal, graneado y
permanente. Es más; el intento de
atraer a la palabra a quienes se
expresan prescindiendo de ella,
brutalmente y de forma lesiva para
la comunidad, debería ser, en todo
caso, premiado, o cuando menos,
reconocido, independientemente de su
éxito o su fracaso.
Consterna comprobar, una vez más, que cuanto
debería ser un automatismo natural
en una sociedad avanzada del siglo
XXI, todo lo relativo al recto
proceder en una democracia, ande
rodando, porque lo han echado a
rodar quienes no creen en ella, por
los tribunales.
