Propuesta de
Reforma Laboral: Una negociación para
abaratar el despido y recortar los
derechos de los trabajadores
David Bernardo Nevado
Kaos en la Red
10 de Febrero de 2010
En un contexto de profunda crisis del
capitalismo mundial, los intentos
desesperados de los diferentes gobiernos
en suavizar los efectos de la misma,
mediante la inyección masiva de dinero
público en la economía, han llegado a su
fin. Con la mecha encendida del mercado
de deuda pública en Grecia, la
especulación masiva de los mercados
financieros ha empezado a castigar las
emisiones de deuda de los gobiernos
occidentales. El estado español ha hecho
sonar todas las alarmas al alcanzar una
cifra escandalosa de 4 millones de
parados y un 11,4 % de déficit público
en el año 2009, siendo víctima de la
huida y la especulación del capital
internacional. El esperpento de sistema
en que se ha convertido el capitalismo,
ha llegado a crear una situación en la
que los mercados financieros que han
recibido ayudas públicas
multimillonarias en el último año,
especulan contra los estados que
precisamente han dado esas ayudas, por
el riesgo de impago de la deuda de los
mismos. Lejos de no ceder a las voraces
presiones del capital financiero, el
gobierno del PSOE ha claudicado y ha
lanzado un programa salvaje de recorte
de derechos, haciendo recaer sobre las
clases trabajadoras el peso de la deuda
pública y la crisis. Éste programa se
basa en tres ejes de recortes históricos
contra los trabajadores, que consisten
en una reducción drástica del gasto
público de 50 mil millones de euros (no
se dice de dónde), el aumento de la edad
de jubilación a los 67 años y del
periodo de cálculo de las mismas, y una
propuesta de reforma laboral que sienta
las bases para negociar la eliminación
de una serie de derechos fundamentales
de los trabajadores.
Intento de abaratar y facilitar
el despido por la puerta de atrás
Al contrario de lo aparecido en los
grandes medios de comunicación y de lo
declarado por los dirigentes de UGT y
CCOO, el planteamiento del gobierno
contenido en el documento "Líneas de
actuación en el mercado de trabajo para
su discusión con los interlocutores
sociales en el marco del diálogo
social". no es nada inconcreto, ni
plantea una reforma laboral "light". El
documento propuesto por el gobierno
sienta las bases para un fuerte recorte
de derechos de los trabajadores que se
concreta en el abaratamiento del
despido, la restricción de la
negociación colectiva o el papel de las
ETTs como sustitutas del INEM. No es
casualidad que el dirigente de la
patronal CEOE, por tanto, declarara que
"el documento tiene contenido y va en la
buena dirección".
Es necesario recordar que la
indemnización de 45 días por año
trabajado (que puede llegar a 3,5 años
de salario de máximo) es en caso
exclusivo de despido improcedente, es
decir, en caso de despido sin causa o
injustificado. Pero esto no quiere decir
que el coste de despido en el estado
español sea ese para el empresario, ya
que el despido es libre y son 45 días de
indemnización si el empresario despide
por capricho, sin motivo y sin una causa
real. En éste país desgraciadamente para
los trabajadores se puede despedir por 0
euros de indemnización (caso de despido
disciplinario) o por 20 días por año
trabajado (1 año de salario como máximo)
en caso de despido objetivo por causas
económicas, técnicas, organizativas y de
producción. Es precisamente en éste tipo
de despido donde el gobierno plantea en
su documento lo siguiente: "(...) es
obligado abrir una reflexión sobre si no
resultaría más eficiente para el
funcionamiento de nuestro mercado de
trabajo, reforzar y racionalizar, como
señala la letra del Estatuto de los
Trabajadores, el principio de causalidad
del despido mediante una más clara
distinción entre despidos disciplinarios
y despidos económicos y,
particularmente, la diferenciación entre
el carácter procedente e improcedente de
estos últimos." Mediante éste
párrafo se sienta las bases para
negociar un abaratamiento del despido
por la vía de revisar las causas del
mismo y facilitar al empresario que
pueda despedir más barato de forma real
y efectiva.
La patronal se ha quejado a menudo de
que la jurisdicción laboral pone muchas
trabas para reconocer el despido
objetivo, ya que obliga a una serie de
garantías de protección del trabajador y
también de justificación razonada de que
la medida no es arbitraria por parte del
empresario. En ésta propuesta, el
gobierno propone de forma obligada
negociar cómo desproteger al trabajador
y lograr para el empresario una mayor
facilidad para despedir a bajo coste. De
llevarse a la práctica en esa dirección
dejaría desprotegidos a todos los
trabajadores sin excepción, tanto
activos como no activos.
Asimismo, el gobierno abre otra puerta
para abaratar el despido mediante la
ampliación del contrato de fomento del
empleo a más colectivos que sólo a los
hombres parados de 30 a 45 años; un
contrato que tiene 33 días de
indemnización en caso de despido
improcedente (2 años de salario como
máximo). Concretamente expone lo
siguiente: "examinar las
posibilidades de ampliar la utilización
de esta modalidad contractual "
Restricción del derecho de los
trabajadores a la negociación colectiva
En un contexto de crisis general, paro
masivo y miedo a perder el puesto de
trabajo, el instrumento de la
negociación colectiva por sector,
territorial y por empresa aglutina a los
trabajadores como clase y refuerza la
unidad del movimiento obrero más allá
del límite estrecho del propio centro de
trabajo. Pues bien, el gobierno también
quiere tocar la negociación colectiva e
insta a patronal y sindicatos a lo
siguiente: " La negociación
colectiva presenta problemas en España
desde hace años, como son, sumariamente,
los siguientes: la atomización de la
negociación colectiva; la deficiente
articulación entre los diferentes
niveles de negociación -convenios
sectoriales, territoriales y de empresa-
(...) Las medidas de flexibilidad
interna negociada entre las empresas y
los representantes de los trabajadores
para mejorar la adaptabilidad, la
movilidad y la productividad deberían
ser el terreno a explorar para encontrar
los equilibrios indispensables."
Con este párrafo se sientan las bases
para negociar la desaparición de los
convenios provinciales de sector,
instrumentos básicos de agrupamiento por
sectores de los trabajadores de
diferentes empresas y profundiza la
atomización de la clase obrera a la hora
de luchar de forma general en defensa de
las condiciones de empleo y trabajo. Se
relega la negociación colectiva al
ámbito de empresa que en la práctica es
un "sálvese quién pueda", introduciendo
la competencia entre las mismas para
reducir las condiciones de trabajo
forzando, en un contexto de paro masivo,
a la pérdida de derechos de los
trabajadores en las empresas con menos
fuerza laboral y sindical. El hecho
resultante de éste recorte en la
negociación colectiva, sólo puede ser
unas relaciones laborales a la carta
para el empresario y un fuerte retroceso
de los derechos laborales de los
trabajadores de forma general, máxime en
el actual contexto de paro creciente y
de crisis del capitalismo.
Más precariedad laboral
En el documento del gobierno se avanza
la posibilidad de penalizar los
contratos temporales y perseguir el
fraude en los mismos, una opción
positiva, pero al mismo tiempo expone
que las Empresas de Trabajo Temporal
ETTs con ánimo de lucro entren en los
servicios públicos de empleo (INEM) lo
que significa en la práctica el inicio
de su privatización y, por tanto, una
mayor precarización de las relaciones
laborales sin derechos. Las bases de
negociación continúan en el documento
del gobierno con más ataques a los
trabajadores, como pretender un
contrato a tiempo parcial con menos
garantías, seguir con la presión de
inspección contra los trabajadores que
se den de baja por enfermedad o
introducir EREs temporales de suspensión
más rápidos y esto es importante, sin la
posible revisión de la autoridad
administrativa del expediente presentado
por el empresario, por lo que también es
una vía para reducir el salario del
trabajador de forma fraudulenta sin que
se vislumbre una garantía clara de
mantenimiento del puesto de trabajo en
el futuro.
No al pacto social para recortar
derechos de los trabajadores.
Es necesaria una Huelga General
YA
Esta reforma es inaceptable. En primer
lugar, porque los trabajadores no
tenemos ninguna culpa en esta crisis y,
por tanto, no tenemos por qué pagarla.
En segundo lugar, porque culpabilizar a
las relaciones laborales del escandaloso
paro existente es una injusticia que ya
estamos hartos de escuchar porque
exculpa a los verdaderos responsables de
ésta crisis que no son otros que los
especuladores y los banqueros. En tercer
lugar, porque sólo se pretende
desproteger a los trabajadores con la
excusa de crear empleo, cuando éste
depende fundamentalmente del grado de
crecimiento de la actividad económica.
Todos los trabajadores tenemos que
entender que es con la movilización
general como podemos parar éstos
ataques. Los dirigentes de UGT y CCOO
deben de girar a la izquierda y
abandonar ésta política de pacto social
que no lleva a ninguna solución: es
necesaria una Huelga General que frene
el chantaje empresarial, la destrucción
masiva de empleo y que reivindique que
se penalice la temporalidad; que se
eleve la indemnización de forma
importante en la extinción de los
contratos temporales, además de seguir
en la línea de que el trabajador elija
entre el trabajo y el dinero en caso de
despido improcedente y no como ahora que
elige el empresario, a pesar de que
despide sin motivo. Pero sobretodo, es
necesario reivindicar que para crear
empleo hay que sacar dinero de donde lo
hay, del capital financiero y la banca
que es inevitable nacionalizar para
crear puestos de trabajo y defender a
los más débiles.
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David Bernardo Nevado pertenece a
la CGT Hotel Puente Romano (Marbella)
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No
consiento que se hable mal de Franco en mi