El gobierno prepara la opinión pública para
perpetrar un nuevo ataque a los derechos sociales:
atrasar la edad de jubilación a los 67 años.
Lo intenta justificar con los argumentos de siempre:
el déficit público, el problema demográfico, la
racionalidad, el incremento insoportable de las
jubilaciones anticipadas,...
El déficit público
Es verdad que inicialmente la ampliación de la edad
de jubilación podría tener un efecto "positivo" en
el gasto presupuestario: se reducirían las pensiones
en número y cuantía económica. Pero no haría
disminuir el volumen de parados; más bien pasaría lo
contrario.
Hace falta recordar, en todo caso, que el déficit
público también se puede tratar haciendo crecer los
ingresos fiscales del Estado. Esto sería posible
mejorando el poder adquisitivo de los activos e
incrementando a la vez la masa salarial sucia
(salario directo + cotizaciones sociales).
En lugar de escoger esta última opción, el gobierno
encuentra normal ayudar a los más ricos por la vía
de las rebajas fiscales e intenta crear las
condiciones favorables para poder exonerar a los
patronos de una parte de sus aportaciones a las
cotizaciones sociales. Esta es justamente la
intención que se esconde detrás la supuesta
"racionalización" de la Seguridad Social.
El problema demográfico.
La segunda nota de la partitura es el problema
demográfico: vivimos más años y esto es una
calamidad. El alargamiento de la duración de la vida
nos obliga a trabajar más si no queremos incrementar
el tiempo que pasa entre el día de la jubilación y
la muerte.
Este argumento no tiene en cuenta que el incremento
proporcional en la edad de jubilación ha sido menor
que el incremento proporcional de la productividad
en el trabajo. Entonces, ¿dónde está el problema?
La edad efectiva de jubilación
Para dar consistencia a la propuesta se recurre a
una estadística que lo mezcla todo y que indicaría
que la edad de jubilación "efectiva" se ha reducido
en los últimos años. Ahora bien, esto no es del todo
cierto: la edad de jubilación ha continuado
inamovible a los 65 años y esta es precisamente la
edad que ahora se quiere atrasar.
El problema de fondo no se deriva de la actual edad
de jubilación. Todo lo contrario. Hoy en día, a una
buena parte de los asalariados mayores de 55 años
las empresas los consideran viejos. Como que no los
contratan o los despiden, no les queda otro remedio
que el subsidio de paro o la jubilación anticipada.
Y la anticipación, cuanto se produce, comporta una
pérdida vitalicia de la pensión proporcional al
tiempo que falta por cumplir los 65 años.
Por esto, el discurso sobre la necesidad de trabajar
más tiempo es falso: ¡el verdadero objetivo es
dejarnos con pensiones más reducidas!
Uno expolio
La jubilación, como el resto de prestaciones
contributivas es un derecho social de los
trabajadores por cuenta ajena que se deriva de las
cotizaciones sociales. Unas cotizaciones que pueden
ser consideradas como un salario diferido con un
fuerte contenido solidario. El salario diferido
permito disponer de un tiempo libre remunerado en el
cual ya no se debe prestar un trabajo bajo las
órdenes y organización del patrón.
El incremento de la edad de jubilación no es otra
cosa que un intento de hacer disminuir los ingresos
y los derechos de los asalariados con el fin de
mejorar los beneficios y el poder de los
empresarios. Se trata de un verdadero expolio.