El estallido de la crisis ha desencadenado un debate público sobre la necesidad de un cambio de modelo productivo en la economía española. Tanto el Gobierno –a través del proyecto de Ley de Economía Sostenible– como la patronal y las grandes centrales sindicales han hecho públicas sus posiciones al respecto. Sin embargo, hay un elemento que sigue sin estar en el centro del debate: la necesidad de que el cambio en el modelo productivo se ancle a un nuevo patrón de distribución de la renta y la riqueza.

       Durante los últimos 15 años, el Producto Interior Bruto (PIB) español ha crecido más de un 60%. Sin embargo, los beneficios de dicho crecimiento han sido repartidos de forma sumamente desigual. Mientras que las rentas del capital experimentaban un crecimiento extraordinario durante estos años, las rentas de los hogares asalariados han permanecido prácticamente estancadas.

     Según datos del Barómetro Social de España, entre 1999 y 2007 los beneficios empresariales experimentaron un crecimiento (en términos reales, una vez descontada la inflación) de casi el 50%. El valor de las acciones y demás activos financieros aumentó un 90%, y el patrimonio inmobiliario se revalorizó un 125% aproximadamente. Durante este periodo el salario medio apenas creció un 1%, la pensión media un 18% y la prestación media por desempleo un 4%.

Mayor desigualdad

      Como consecuencia de todo ello, el peso que los salarios tienen en la renta nacional no ha hecho sino disminuir durante la última década, pasando del 60% al 55%. Paralelamente, el ratio entre el patrimonio medio del 25% de hogares más ricos y del 25% de hogares más pobres pasó de 33,4 en 2002 a 41,0 en 2005. Este aumento refleja el incremento de la desigualdad entre asalariados y hogares cuyas rentas provienen en mayor medida de activos financieros e inmobiliarios.

     ¿Cómo entender entonces que, en este contexto de regresión social, el consumo privado haya actuado como uno de los motores del crecimiento? Debido a que el sostenimiento de los elevados ritmos de consumo se ha asentado en un fuerte nivel de endeudamiento, así como en una sostenida reducción del ahorro medio por hogar. Pero también la deuda de los hogares esconde realidades muy diversas: mientras que para el 40% de hogares de menores ingresos la carga anual de esta deuda como porcentaje de su renta es superior al 30%, para el 20% de hogares más ricos apenas es del 10%. Es decir, que la clase trabajadora ha experimentado el endeudamiento y el desahorro como una imposición –fruto de la regresión salarial– para sostener su nivel de consumo (en particular, el acceso a la vivienda).

      Además, la enorme creación de empleos entre 1996 y 2008 (con más de 500.000 empleos netos al año) no ha frenado este vendaval de redistribución regresiva. La causa ha sido la continua pérdida de derechos laborales y la fuerte extensión de la precariedad. La masiva proliferación de los contratos temporales, así como la fuerte rotación en el puesto de trabajo, el progresivo abaratamiento del despido y, en definitiva, la desreglamentación del mercado laboral, han conllevado crecientes dificultades de reivindicación y negociación sindical y, con ello, un generalizado deterioro salarial.

      La llegada de la crisis ha evidenciado el fracaso económico y social de este modelo productivo y distributivo. Pero esto no ha impedido que sus efectos golpeasen con mucha mayor intensidad a los hogares asalariados que a las rentas del capital: se ha impuesto la congelación salarial y se han perdido 1,4 millones de puestos de trabajo entre 2008-2009; mientras tanto, la bolsa española se ha revalorizado un 75% entre marzo y diciembre de 2009. Este proceso de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas no revierte –al contrario, intensifica– el patrón de distribución de la riqueza de estos últimos años.

     Un verdadero cambio de modelo productivo exigiría un nuevo patrón de distribución de la renta y la riqueza, que introdujese un giro de 180 grados en la tendencia de regresión social de estas últimas décadas. El resto son meros brindis al sol que no se traducirán en una mejora sustancial de las condiciones de vida de la mayoría social.

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Nacho Álvarez es Investigador del Departamento de Economía Aplicada I, UCM.