Xavier Díez

El Periódico  25 de Enero de 2010

            Pasado más de un mes de las consultas independentistas, un sonoro silencio se ha instalado entre los medios españoles. Tras la irritada y previsible reacción de algunos opinadores, no se ha iniciado un debate serio sobre las posibles consecuencias de un proceso de incierto resultado pero que cuestiona la actual integridad territorial. De hecho, sí han sucedido cosas.

       Sí, columnistas y tertulianos enfurecidos, con respuestas emocionales, u opinadores que, desde la sorpresa, han respondido mediante la descalificación o el desprecio. Esta perplejidad española se asemeja al niño asustado ante lo desconocido que se tapa la cara confiando en que así el peligro desaparecerá.

      Meses atrás, la iniciativa de las consultas, surgida en Arenys de Munt, se vio precedida por una polémica. La justicia autorizó a Falange a manifestarse en el mismo pueblo el día del referendo. Ello potenció el éxito de participación, un 41% del censo. La mayoría de catalanes, inequívocamente antifranquistas, se preguntaban cómo era posible la existencia legal de un grupo cuya trayectoria histórica está sembrada de cadáveres y en cuyos principios persiste el uso estratégico de la violencia para intimidar a la mayoría. Y más cuando existe una ley que permite ilegalizar a las organizaciones que no la condenen. Esta ausencia argumental, más allá de insultos o amenazas, revela una paradoja. El problema no radica en las tentaciones soberanistas catalanas, sino en la ausencia de un proyecto español sólido, atractivo o acogedor. Aún peor, si Machado se refería poéticamente a las dos Españas, se constata que, mientras una de ellas se halla sepultada en una fosa anónima, la otra se ha apropiado en exclusiva de la marca. Con esta realidad es difícil convencer a algunos a permanecer en el club.

        Sería fácil atribuir esta catarata de desencuentros al Estatut y su inacabable culebrón constitucional. Pero es necesario recordar que la redacción del texto estatutario tiene su origen en la necesidad de blindar la autonomía ante su continua erosión por parte de las injerencias legislativas de las Cortes. Estas, por su parte, responden a la voluntad, deliberada o inconsciente, de considerar al Estado autonómico como mera descentralización administrativa, frente a la frustrada aspiración catalana de verse reconocida como nación. En cierta manera, los años que vivimos peligrosamente (2003-2006), en los que el Parlament inicia la difícil tarea de cambiar su ley máxima, las discusiones y polémicas vividas entonces, con amenazas militares y excomulgaciones de la Conferencia Episcopal incluidas, pusieron las bases de un largo y doloroso proceso de distanciamiento en lo político. También en lo emocional y lo económico, propiciando lugares cada vez menos comunes. Si bien es cierto que los separadores han trabajado con ahínco, los silencios cómplices, las insensibilidades ante algo tan delicado como los sentimientos colectivos, han hecho de España un Estado frágil.

      La oposición al Estatut podría explicarse como respuesta agresiva ante la impugnación catalana de la transición. En este proceso histórico hubo beneficiados y frustrados. El franquismo reconvertido a la democracia, la oposición sumisa al nuevo orden, los grupos fácticos que jugaron sus cartas marcadas, fueron los ganadores. Quienes pensaban que debían resolverse las tres grandes asignaturas pendientes de España (la necesidad de construir una cultura democrática, una sociedad con mayor igualdad social y un encaje nacional satisfactorio entre Estado y naciones periféricas) acabaron decepcionados. Con el devenir de los años, en especial durante el aznarato, hemos presenciado retrocesos en estos ámbitos. El Estatut catalizó el descontento y la disidencia ante las carencias de la España actual. La virulenta reacción desatada trata de recordar quien manda aquí.

       Que para defender la unidad del Estado aparezcan camisas azules, yugos y flechas o águilas imperiales debería preocupar más a quienes no tienen problemas con su identidad que a quienes desean apearse del tren. La nación española camina desnuda, pues no lleva ningún traje que la haga atractiva. Teniendo en cuenta que el franquismo y la transición dieron buena cuenta de la España roja, es normal que muchos deseen romper un Estado que no les acepta tal como son.
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*Historiador