LAS HERIDAS ABIERTAS DE
LA GUERRA CIVIL
La memoria de
la represión
El Gobierno exige a las partes enfrentadas un gran acuerdo sobre el Archivo
de Salamanca
JOSÉ ANDRÉS ROJO - Madrid
EL PAIS | Cultura - 04-06-2004
El Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca se ha convertido,
una vez más, en campo de batalla de posturas encontradas. Durante los últimos
días los teletipos han llenado las redacciones de los periódicos con
diferentes declaraciones de políticos e historiadores que sostienen posiciones
antagónicas sobre lo que debe hacerse con el material allí acumulado. El
conflicto viene de largo y, de forma sintética, puede hablarse de dos
posiciones extremas: la de quienes defienden que de Salamanca no debe moverse un
solo papel, para conservar la unidad del archivo, y la de los que sostienen que
los documentos deben devolverse a sus legítimos propietarios, con lo que se
iniciaría un proceso que terminaría por desmembrar lo que se ha reunido en la
ciudad que un día fue, durante la Guerra Civil, la capital de la zona rebelde.
Una de las últimas intervenciones sobre el contencioso ha sido la del propio
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que el miércoles
pasado se comprometió en el Parlamento, durante la sesión de control del
Gobierno, a "hacer efectivo" el acuerdo que se alcance con las
instituciones implicadas en el conflicto sobre los fondos del archivo para
decidir el destino de los documentos reclamados por Cataluña y el País Vasco.
Es necesario llegar a una "solución estable y definitiva" sobre este
complejo problema, dijo, y señaló que el camino para conseguirla requiere
llegar a "un gran acuerdo" a partir de la proposición no de ley que
respecto a esta cuestión fue aprobada por la Cámara hace dos semanas.
Los primeros pasos ya están dados. El próximo 15 de junio se ha convocado a la
comisión permanente del Patronato del Archivo de Salamanca, que como primer
punto debe nombrar al sustituto del vicepresidente del mismo después de la
renuncia de hace unos meses del anterior, Pedro Schwartz, y a partir de ahí
iniciar las conversaciones y propuestas pertinentes para acabar con un problema
que, según la proposición no de ley citada, debe estar resuelto a final de
este año.
El diálogo, la sensatez y la buena disposición de las partes van a ser
imprescindibles para tratar una cuestión que desata pasiones. ¿De qué se
habla cuando se habla del Archivo de Salamanca? ¿Por qué desata tanta furia en
los debates un montón de papeles, cada vez más frágiles por el paso del
tiempo, en una época en que se generaliza la digitalización de los fondos de
los archivos y en la que la presencia física de los investigadores (y papeles)
empezará a desaparecer poco a poco? ¿Cómo se acumularon los fondos que
generan tantos quebraderos de cabeza?
Cuando las tropas franquistas estaban a punto de tomar Barcelona (por ejemplo)
disponían ya de una relación detallada de aquellos lugares en los que podrían
encontrar la vinculación partidista (o ideológica incluso) de los habitantes
de la ciudad. Instituciones públicas, sedes de partidos, logias masónicas,
casas del pueblo y de particulares con alguna relevancia política, cualquier
lugar susceptible de tener ese tipo de información, estaban ya marcados en un
detallado mapa, y los destacamentos de vanguardia del ejército nacional tenían
órdenes de incautar cuanto antes todos los archivos que encontraran en su
camino. El objetivo: localizar al enemigo -y enemigos eran cuantos no
participaban en la causa de la cruzada nacional-católica- para liquidarlo.
Así, pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, capital tras capital, se fue
organizando la represión desde que en abril de 1937 se creó en la zona
nacional la Oficina de Investigación y Propaganda Antimarxista (OIPA), que
empezó a actuar durante la ocupación de Bilbao el 19 de junio de ese mismo año.
No se trataba simplemente de acabar con las figuras destacadas del bando enemigo
(ésas se conocían públicamente). Había que buscarlos a todos para asegurar
la retaguardia de los lugares conquistados.
Y todo el material confiscado tenía esa finalidad: probar que éste o aquél
había sido republicano o socialista o comunista o anarquista o masón o
nacionalista o simpatizante de la otra causa (un simple donativo al Socorro Rojo
delataba "peligrosas" tendencias antifranquistas). Esos archivos, de
los que se apoderaron en todo lugar por el que pasaron las tropas franquistas a
partir de la conquista de Bilbao, terminaron por llegar tarde o temprano a
Salamanca.
Así que ése es el origen del hoy llamado Archivo General de la Guerra Civil
Española, que ha permanecido en Salamanca -donde fueron a parar todos los
documentos- y que como tal sólo funciona desde el año 1979. Antes, el actual
archivo había sido, de manera oficial a partir del 26 de abril de 1938, la
Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (de la zona
republicana), y servía para establecer y confirmar quién había sido enemigo
de Franco. Todos los documentos sólo estaban allí para hacer viable un
ambicioso proyecto: reprimir al enemigo.
"En la organización de los documentos de Salamanca nunca se utilizaron
criterios archivísticos", explica Aurelio Martín Nájera, director del
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias. "No es casual encontrar entre los
legajos de Barcelona papeles que son de Madrid, y eso es así porque las sacas
que incautaba el ejército nacional llegaban sin orden ni concierto y se abrían
para buscar la información urgente para organizar la represión. Lo demás podía
servir para cualquier cosa. Miles de carteles fueron quemados para combatir el
frío".
Llegaban las tropas nacionales, arramblaban con todo lo que encontraban, y
buscaban lo que les interesaba: las listas de nombres vinculadas a las
organizaciones enemigas. Todo lo demás era superfluo: a veces se conservaba, a
veces se tiraba, a veces se quemaba, a veces se enviaba a otro organismo,
incluso se devolvía. Lo explica Josep Cruanyes, autor de Els papers de
Salamanca. L'espoliació del patrimoni documental de Catalunya (1938-1939)
(Ediciones 62): "Cuando los franquistas requisaron en Barcelona los
archivos del Tribunal para la Represión del Contrabando del Gobierno legítimo,
las autoridades nacionales separaron todos estos papeles y llegaron a publicar
anuncios en los periódicos para que las empresas y particulares que eran
investigados por actividades dudosamente legales pudieran recuperar sus títulos,
acciones o lo que hubiera allí reunido".
El objetivo, finalmente, no era otro que organizar un fichero nominal con toda
la información necesaria para poner en marcha la maquinaria represiva..
"Rastreaban donde aparecía un nombre y lo apuntaban en una ficha",
explica Cruanyes. "Así se sabía que tal señor había pertenecido, por
ejemplo, a la CNT y se podía proceder contra él. Fue una tarea concienzuda que
duró años y que se hizo con suma aplicación. He podido seguir en mi libro cómo
la petición de una información a Salamanca, cursada en 1939, se realizaba con
tanto rigor que seguía adelante año tras año conforme iban apareciendo nuevas
referencias del personaje investigado. Es decir, que poco a poco se iba entrando
en las sacas acumuladas y se ponía al día la información. De 1944 a 1958 se
van clasificando todos los papeles hasta crear una relación de unos tres
millones de fichas. Los tribunales, dependencias militares y consejos de guerra
querían saber algo y lo solicitaban a Salamanca. La información fluía de
inmediato y las instancias represoras procedían".
Actualmente, el Archivo General de la Guerra Civil Española está dividido en
dos secciones. La sección político-social, donde se incluyó toda la información
que se robó relacionada con partidos, sindicatos, instituciones nacionalistas o
republicanas y agrupaciones de carácter civil, y una sección especial
destinada a la masonería.
El historiador Nigel Townson, autor de La República que no pudo ser (Taurus),
estuvo investigando largo tiempo en Salamanca. "Lo que necesitaba consultar
eran todos los documentos que allí existen del Partido Republicano Radical, y
que procedían de su sede central en Madrid, además de otras sedes dispersas en
toda España, y de los papeles requisados en la casa de su fundador, Alejandro
Lerroux. También me resultó muy útil toda la información sobre masonería,
pues fue en ese partido donde hubo un mayor número de masones. Se trataba de un
material que no tiene tanto que ver con la Guerra Civil como con la República,
y quizá ahí resida uno de los equívocos. Lo que hay en Salamanca guardado sólo
tiene en parte que ver con la guerra. Lo que hay está más bien relacionado con
la República e, incluso, con periodos anteriores. Yo encontré algunas cartas
fechadas a principios de siglo".
Santos Juliá también investigó en Salamanca. "Allí se encuentran todos
los procesos que se pusieron en marcha después de la revolución de octubre de
1934", comenta. En cuanto a documentación específica sobre la Guerra
Civil, considera, como Townson, que es mucho más rica la que se conserva en el
Archivo Histórico Nacional (en Madrid), el Archivo General Militar (en Ávila)
y el Archivo General de la Administración (en Alcalá), además de la que puede
encontrarse en otros archivos.
No es, pues, demasiado correcto llamar al de Salamanca Archivo General de la
Guerra Civil Española, pues lo que transmite ese nombre es que allí se
encuentra el grueso de la información sobre el desarrollo del conflicto.. Puede
transmitir, además, la idea falsa de que la documentación sobre esa etapa tan
dolorosa está centralizada. "Lo que hay, sobre todo, es una enorme
dispersión", explica Townson. "Lo que importa, para un historiador,
es que los archivos sean accesibles".
Es una de las vías que defiende también Aurelio Martín Nájera.
"Digitalizar todo el material es un camino por explorar. Una vez
reorganizado, pueden devolverse los originales a sus legítimos propietarios
siempre que éstos garanticen que no van a guardarlos en un armario y que van a
tenerlos a disposición pública".
"En 1944, el Archivo de Salamanca cambió de nombre y empezó a llamarse
Delegación Nacional de Servicios Documentales", explica Josep Cruanyes.
"Como tal funcionó hasta el 28 de octubre de 1977, en el que un decreto
del Gobierno de Adolfo Suárez lo convirtió en el Archivo General de la Guerra
Civil Española. El problema ha sido que la modélica transición española no
llamó a las cosas por su nombre, y un archivo construido a partir de la rapiña
franquista pasó a considerarse la memoria más completa del conflicto civil. Es
importante saber, de todas formas, que sólo se ha conservado el 10% de lo que
se incautó en Cataluña. Una parte de la documentación se devolvió a sus
propietarios durante la guerra, como he explicado; otra fue a parar al Archivo
Histórico Nacional cuando se realizó la Causa General; otros papeles fueron
reclamados por los militares, y hubo otros que fueron a parar a manos de la
brigada político-social. La historia del archivo cuenta con muchos episodios de
traslado de documentos".
Si se hiciera ahora caso de las reivindicaciones de catalanes y vascos, el
proceso sería imparable. También tendrían derecho a reclamar lo suyo otras
organizaciones políticas y sindicales, e individuos particulares. "No
puede mantenerse arbitrariamente la unidad de un material robado si los legítimos
dueños quieren recuperar lo que es suyo. Tienen el derecho moral a exigir una
reparación", dice Aurelio Martín Nájera.
"Las historias de los archivos son, además, muy distintas", continúa,
"no puede aplicarse el mismo criterio a todos. Si tenemos en cuenta la
situación del Archivo de la Agrupación Socialista Madrileña, éste se
encuentra ahora escindido entre tres instituciones distintas: en Salamanca, en
el Archivo Histórico Militar y en la propia Fundación Pablo Iglesias. En
cuanto al Archivo de la Comisión Ejecutiva del PSOE, se llevó al terminar la
guerra a París, donde fue incautado por los nazis, que lo trasladaron a Berlín,
y de allí pasó a manos soviéticas. En su día se reclamó y fue devuelto.
Otro caso distinto es el de la CNT. Sus archivos están en el Instituto Social
de Holanda, en Amsterdam, y si no los han devuelto es porque la propia CNT se
escindió y no podía partirse la documentación para restituirse a dos
agrupaciones distintas que lo reclamaban bajo las mismas siglas".
La delicadeza de los problemas que rodean la polémica en torno al Archivo de
Salamanca es inmensa, y la fórmula para arreglar el contencioso va a exigir que
todos los implicados renuncien a parte de sus exigencias. Si se van devolviendo
papeles, para cerrar viejas heridas, se podría terminar con un archivo que, tal
como está, constituye un cabal reflejo de lo que fue la represión. La pregunta
es ¿qué pesa más?, ¿reparar una grave afrenta o conservar un monumento que
sintetiza la rapiña?