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No consiento que se hable mal de Franco en mi

 presencia. Juan  Carlos «El Rey»   


 

 

 

Más allá de la reparación 'moral' de las víctimas del franquismo

Sergio Gálvez 

Mundo Obrero/ ene 05

La Comisión Interministerial para el estudio de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, se centra en la investigación de lo sucedió a” los que, como consecuencia de su compromiso democrático, padecieron actuaciones represivas durante la guerra civil y el franquismo, y hasta la restauración de las libertades democráticas, así como de proponer las medidas, legales o de otro tipo, que resulten necesarias para ofrecerles adecuado reconocimiento y satisfacción moral”. Veamos algo más de su contenido.

En la consecución de dicho propósito se plantean varias medidas, destacando en primer término la realización de un informe sobre el estado de la cuestión. La pregunta que debe formularse es qué historiadores serán los encargados, y he aquí un punto para comenzar a inquietarse, no sólo por la falta de noticias sino por la elección de los investigadores que se realice, dado que el tema no concita precisamente unanimidad, en el gremio.

De igual forma se pretende acometer un informe que permita establecer las condiciones de acceso a los archivos públicos y privados, lo que de llevarse a cabo supondría un crucial paso a medio y largo plazo para el avance de los múltiples aspectos aún por investigar. No obstante, cabe inquirirse que sucederá con los fondos documentales de los archivos militares, y hasta dónde llegará la total apertura, en donde se hace imperativo de una vez por todas cumplir la normativa del Consejo Internacional de Archivos.

El punto siguiente a destacar es la elaboración de un anteproyecto de ley en el que se regulen las medidas que conduzcan a la restablecimiento exclusivamente “moral” de las víctimas. Como ha denunciado recientemente la Asociación de Archivo Guerra y Exilio (AGE) (véase su acertada carta-denuncia a la Comisión del 15/XI/2004), parece ser que ha habido una importante errata, ya que en las declaraciones tras el Consejo de Ministros del 23 de julio se planteó la “rehabilitación moral y jurídica” de las víctimas. Omisión o error, el asunto es de tanta trascendencia que de no solucionarse, el RD y sus medidas quedarían extremadamente limitadas en cuanto a sus objetivos.

De hecho la encargada de la Comisión, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, ya ha declarado que el plan del ejecutivo se limitaría a dar “plena satisfacción moral a quienes se vieran sometidos a procesos enfrentados a las mínimas reglas jurídicas que conforman la idea de un juicio justo” (El Periódico de Aragón, 16/X/2004). Lo que contrasta claramente con las noticias aparecidas en El País los días 11/IX/2004 y 19/X/2004, en los que se anunció que el Gobierno iniciaría la “rehabilitación moral y jurídica”. Sin duda hasta que no se aclaren estos extremos poco o nada se podrá avanzar.

Interrogantes

Una primera pregunta es ¿qué tipo de memoria se pretende definir y establecer por parte del Gobierno?, ¿estamos ante la creación de una memoria oficial o institucional?. De ser así, el peligro que se corre es mayor dado que ningún organismo estatal o autonómico puede otorgarse el derecho a establecer un tipo de memoria oficial, al ser ésta patrimonio de todas y todos los ciudadanos. Además si por algo se caracteriza este tipo de memoria histórica es por su naturaleza multidimensional y proteica.

El segundo interrogante es si la formulación de la memoria histórica del ejecutivo estará basada en la idea de concordia, que el Ministro de Defensa José Bono nos proporcionó a todos los españoles con el desfile militar del 12 de octubre, poniendo a la misma altura a vencedores y vencidos. Lo que significaría la vuelta al metarelato, muy en boga durante la transición, de que todos fuimos culpables de lo sucedido, dando por consiguiente razón a las tesis del revisionismo histórico.

Además no puede ocultarse una intencionalidad política de tratar de finalizar el asunto lo antes posibles con los menores costes políticos (y económicos) para el Gobierno y el partido socialista. Lo que supondría cerrar la cuestión en falso una vez más, y perpetuar un tema en el que en pocos años no habrá testimonios vivos del genocidio.
En resumen, la encrucijada de la memoria histórica se debate en múltiples preguntas. En tanto, la cuestión de la represión franquista y de sus víctimas continúa siendo un tema que desborda el ámbito estrictamente historiográfico, y se reconduce por diversos vericuetos.

El Foro por la Memoria hace valer su trabajo
El día 2 de Diciembre la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil recibió al Foro por la Memoria en Presidencia del Gobierno.

Dentro de la ronda informativa que está realizando dicha Comisión con las entidades más significativas en el ámbito de la Recuperación de la Memoria Histórica, una comisión delegada por el Foro por la Memoria formada por Paloma Vázquez, responsable de organización del Foro por la Memoria, Sergio Gálvez, responsable de Historia de la Comisión Federal del Foro por la Memoria, Víctor Díaz Cardiel miembro de Unidad Cívica por la República y militante histórico del PCE, y Francisco Javier Moreno Díaz, miembro de la Comisión Federal del Foro por la Memoria, fue recibida por una representación de la Comisión Interministerial formada entre otros por su Presidente y el Director General del Libro.

La reunión transcurrió de forma muy positiva. La comisión fue creada para recabar información y hacer un balance de la situación actual de los represaliados del franquismo, así como de las diferentes posturas mantenidas por las asociaciones que las representan.

El Foro por la Memoria defendió su postura constante de combate contra la impunidad; con esta postura, avalada por la asesoría de los abogados del Foro por la Memoria para mantenerla dentro de un contexto de legalidad internacional, se intenta la restitución moral, social y política de las víctimas del franquismo (presos políticos, asesinados, desplazados, topos, guerrilleros, etc).

Resultó muy importante también la aportación por parte del Foro de su Protocolo para la realización de excavaciones para la exhumación de fosas comunes (es relevante destacar que sólo existen dos asociaciones que realizan exhumaciones en el ámbito estatal, una de ellas es el Foro por la Memoria). Este protocolo fue recibido por parte de la comisión de forma muy favorable al destacar el foro que, para la asociación, es prioritario la judicialización de las excavaciones, así como la naturaleza pluridisciplinar de éstas.

Resaltar la importante aportación del camarada Víctor Díaz al exponer sus razones delante de la Comisión. La aportación del veterano represaliado afianzó la postura del Foro por la Memoria y del PCE dentro de la memoria histórica.

La Comisión anunció que tenía previsto finalizar sus trabajos en el mes de febrero, cosa que creen que no van a poder cumplir por la dimensión de la tarea. Dentro de estas tareas, estaría un proyecto de normalización de las exhumaciones de ámbito estatal con el fin de combatir las exhumaciones incontroladas, como también anunció que continuaba abierta a las diferentes aportaciones que proponga el Foro por la Memoria.

 

 

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