Ley
de Punto Final
Víctor
Díaz Cardiel 25 de Junio de 2005
La noticia, aparecida
en todos los medios de comunicación (prensa, radio y televisión), el pasado 15
de junio de 2005, acerca de que en Argentina, se han anulado las leyes de
obediencia debida y punto final, por la corte suprema del país ponen, una vez
más, con toda fuerza, también en nuestro país, España, el problema de las
anulaciones de los juicios militares, extraordinarios, de 1939 a 1963, fecha en
que se sustituyeron los tribunales militares por el Tribunal del Orden Público,
y desde 1963 a 1975, fecha en que se suspendió este tribunal especial.
Las
leyes del olvido y punto final se hicieron en un momento político determinado.
Obedecieron a unas circunstancias políticas muy determinadas.
¡Ojala!,
en España, apareciera un titular, en los medios, mañana mismo que dijera:
España
anula la ley de Amnistía, que es un equivalente a la ley de punto final.
La
ley de Amnistía de 1977, en España amnistió a la B.P.S., a jueces y fiscales,
a militares que habían sido los verdugos.
La
transición, en España, se hizo en unas circunstancias políticas muy
determinadas, muy concretas: No se pudo
hacer otra cosa, dijeron.
Las
figuras políticas más importantes, más representativas de la época que se ha
dado en llamar transición – Suárez, Fraga, Felipe González, Santiago
Carrillo, Juan Carlos I- se comprometieron, y esto, al cabo de los años se
conoce, es notorio, a no exigirse recíprocamente responsabilidades políticas
de sus respectivos pasados; y, asimismo, a mantener a todos los niveles del
Estado a todos los funcionarios que hubieran participado en los aparatos
represivos: B.P.s., jueces, fiscales, militares…
Todavía
hoy (12/10/04) la equiparación entre fascistas y antifascistas, y tras haber
estado, ni más ni menos que catorce años
en el gobierno el partido de Felipe González, que recibió en números redondos
10 millones de votos, con la esperanza de hacer de España un país que no lo
conociera ni la madre que lo parió, seguimos todavía hoy (12/10/2004),
equiparando fascistas y antifascistas y la interpretación de la guerra civil,
del golpe-subversivo de 1936, más la interminable dictadura, y la ya larga
transición. Son problemas no bien resueltos por esta.
El
modelo de transición llevado a cabo por el P.S.O.E. en el gobierno durante 14 años,
fue el de no mirar atrás, sin tener en cuenta, olvidando/pensando, quizás, en
estar, en el gobierno, por ejemplo, 25 años, que cuando el presente está atado
por el pasado no hay posibilidad de cambio real.
La
reconciliación basada en el olvido ha sido no sólo un gran error político de
las izquierdas en nuestro país, sino también una gran injusticia para todos
aquellos, los vencidos de la guerra civil y los luchadores antifranquistas.
Las
figuras políticas de la izquierda, explicaron una y otra vez, hasta el empacho,
el agotamiento, “qué había que eliminar las referencias testimoniales del
pasado” (Santiago Carrillo); el hoy adalid de la recuperación de la memoria
histórica (Alfonso Guerra), mantenía en los años 80 que “para él, la
guerra civil, la posguerra y sus protagonistas eran pura arqueología, restos del
pasado que había que traspasar a toda prisa.
Así
del pacto de silencio, de la política del olvido y de la suspensión de la
memoria que definieron el periodo 19977-1996, resurgió el viejo mito
franquista, nunca muerto del todo y, lo peor, si cabe, como no fue
contrarrestado por un verdadero ejercicio democrático de la memoria, que
fascistas, tipo Carlos Dávila, llamando al “cuerpo humano dividido en dos
partes simétricas”, o sea que las atrocidades son iguales: entre los
sublevados y la legitimidad-legalidad republicana, entre una dictadura feroz y
despiadada y los vencidos: derrotados, en campos de concentración, fusilados,
encarcelados igual fascistas que antifascistas.
Esto
es: las mentiras convincentes de las que hablaba el Catedrático de Historia
contemporánea Julián Casanova.
La
asignatura pendiente en la democracia sigue siendo:
La
revisión de las condenas impuestas por los tribunales de excepción de la
dictadura franquista a los opositores políticos y demás víctimas del régimen
franquista.
El
gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ha recalcado su fuerte compromiso,
que no tuvo el primer gobierno del P.S.O.E. de Felipe González, en la
recuperación de la memoria histórica. Pero lo cierto es que pasa el tiempo, y
pasa a que por ejemplo, el Fiscal del Estado pidiera hace un par de meses
informes acerca de esos juicios ante los tribunales militares, y el informe de
Herrero Tejedor, es negativo a la anulación.
Pero
no hay reconciliación sin justicia.
El
ministro de justicia, por su parte, dice que “Lo que no se hará es abrir un
cauce judicial para la anulación de los fallos con valor de cosa juzgada,
porque es contrario a la seguridad jurídica”.
Aunque,
ciertamente, la cosa juzgada no es la verdad, pero se la considera como verdad.
Sencillamente: un escarnio puro y duro.
Sin
embargo, no vemos sino pasar el tiempo y echamos de menos la anulación jurídica
de los consejos de guerra, y los del T.O.P., por cuanto, al parecer, y de la
misma forma que, en Argentina, requiere un dictamen jurídico que, al parecer,
tendría que pasar el tribunal Supremo y también el Tribunal Constitucional.
¡Cuánta
estulticia por no tener el valor político suficiente, en su momento, hace ya
tanto tiempo, y proponer una ley que aprobará el poder político y el
legislativo!
Declarar
ilegal, ilegítima la sublevación militar, significa poner las cosas patas
arriba, es declarar ilegal los 40 años de historia de la dictadura que, a su
vez, pondría en tela de juicio la propia legitimidad de la monarquía.
Y
sin embargo para que desaparezca la injusticia de la memoria histórica la única
salida coherente es la nulidad de todas las sentencias dictadas por los
tribunales militares.
¿Aquí,
en España, no hay un juez con plena conciencia democrática capaz de redactar
un informe que ponga fin a tanta impunidad?
La
dictadura en Argentina duró entre 1976-1983. la dictadura en España, que no se
pasa por alto, que no se olvida, es la consecuencia de una sublevación militar
(1936), una guerra civil (1936-1939) y una dictadura (01/04/1939-1975)
La
recuperación plena de la memoria es un acto de responsabilidad, al cual se está
dedicando un esfuerzo importante. El proceso de recuperación de la memoria se
ha desarrollado en estos últimos años intensamente. Basta leer la aparición
de libros, biografías de héroes anónimos de la guerra civil y el franquismo,
películas, artículos, actos públicos, homenajes a quienes participaron en la
larga lucha antifranquista para observar que esto es así.
Por
lo demás, lo que está ocurriendo en los últimos años, es el entrar a fondo
en comos e hizo la transición, en historiadores jóvenes, que creen que ésta
metió bajo la alfombra lo sucedido en los 40 años anteriores.
La
Universidad de Barcelona celebró, en octubre de 2002, un congreso sobre los
campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la Guerra
Civil y el franquismo. O sea, hay información acerca de estos temas, información
que ciertamente, se ha ampliado, y se sigue ampliando.
La
misma Universidad catalana va a celebrar en octubre de este año, 2005, un
congreso sobre la TRANSICIÓN.
La
investigación académica, científica, por un aparte, y las asociaciones
sociales, por otra, llevan tiempo
trabajando por restablecer la verdad de lo ocurrido en tan ya largo tiempo.
Las
cosas llevan su ritmo, que a ciencia cierta, no se parará y logrará
restablecer, situar la verdad.
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CONGRESO
SOBRE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN Y EL MUNDO PENITENCIARIO EN ESPAÑA DURANTE
LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO
Barcelona,
23 de octubre de 2002
DECLARACIÓN
Los
historiadores y historiadoras reunidos en el congreso sobre los Campos de
concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el
franquismo, que se ha celebrado en Barcelona, declaramos que:
Los
avances en la investigación histórica que se han constatado en este Congreso
abren nuevos espacios de conocimiento de las atrocidades cometidas durante la
dictadura del General Franco en todos los órdenes de la vida de los ciudadanos.
Esta realidad contrasta con la pervivencia de símbolos de la dictadura en
edificios públicos (civiles y militares), y de nombres de personas destacadas
en la represión franquista, en calles, monumentos, municipios e instituciones
privadas de toda España.
Con
esta actitud, los gobiernos de las diferentes administraciones del Estado
toleran la exaltación pública de unos valores fascistas, que atentan contra la
dignidad democrática del país en general y, en particular, de las personas que
sufrieron sus efectos.
Resulta
especialmente aceptable que asestado democrático tolere la existencia de una
fundación que lleva el nombre del general Franco y que en sus estatutos
explicita el objetivo de legitimar el alzamiento militar del 18 de julio de
1936. la Fundación Francisco Franco no hace una Interpretación de la historia,
sino apología política de una dictadura cruenta, y se beneficia del dinero público
para mantener secuestrados los documentos de un Jefe de Estado.
Por
todos estos motivos, el Congreso, en sesión plenaria, solicita a las
autoridades locales, autonómicas y del Estado:
1º)
Que sea tipificada como delito la apología de la dictadura franquista.
2º)
La retirada inmediata, tanto de la vía pública como de las diferentes
instituciones, de todos los nombres y símbolos de la dictadura.
3º)
Retirar la subvención pública otorgada a la Fundación Francisco Franco
y obligar a esta institución a entregar su fondo documental a los archivos públicos,
para el libre acceso de los investigadores.
4º)
La resolución definitiva del contencioso del Archivo de Salamanca, de
forma que permita superar, en este ámbito, las trágicas consecuencias de al
guerra civil.
5º)
La constitución de Memoriales Democráticos que permitan recuperar del
olvido la trágica experiencia de la dictadura y sus consecuencias, así como la
memoria de los miles de hombres y mujeres que lucharon por la libertad, para que
se esta forma se incorporen al conocimiento común de las futuras generaciones.
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