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No consiento que se hable mal de Franco en mi

 presencia. Juan  Carlos «El Rey»   


 

La Ley de la Memoria Histórica del Gobierno Socialista

Antonio Otero Bueno *

UCR,

Entre la cobardía moral y la ilegalidad  ( I )                                                         

El 10 de septiembre de 2004, se hizo público el Real Decreto por el que se creaba la “Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo”, presidida por la Vicepresidenta del Gobierno (PSOE), María Teresa Fernández de la Vega. Después de sucesivas demoras, el informe de dicha “Comisión Interministerial” y el “Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”; fue aprobado por el Consejo de Ministros (PSOE), para su remisión a las Cortes Generales, el 28 de julio de 2006, con la evidente finalidad, de que los efectos de su publicación, se produjeran durante el mes de agosto, punto máximo de las vacaciones estivales en España. Pero estos casi dos años de espera, no han servido para nada, ya que su contenido, coincide con la “Proposición no de ley” del diputado Ramón Jáuregui (PSOE), aprobada por el Congreso el 1 de junio de 2004; lo que demuestra que, a pesar de los retrasos en presentar el informe, “existía un acuerdo previo que, ha sido mantenido” y que no recoge las demandas de las asociaciones de víctimas y de derechos humanos.

Este “Proyecto de ley” sobre la “Memoria Histórica”, ha obtenido una valoración, prácticamente unánime, que oscila entre la indignación y el desencanto. El Presidente del Gobierno ha querido calmar a las derechas, desvirtuando los objetivos iniciales de la ley, pero se equivoca si cree que la crispación de la vida política, provocada por la derecha más reaccionaria y extrema del PP, va a rebajarse con la decoloración de la misma. Y, al final, queda la impresión  de que, el irrenunciable derecho a la justicia de las víctimas del franquismo, ha servido, de nuevo, como moneda de cambio y de que, estamos ante una reedición de la “Ley de amnistía de 1977” o de “punto final”, y del “pacto de silencio de la Transición”. Esta vergonzosa renuncia a terminar con la impunidad franquista y la claudicación ante el poder mediático y fáctico del PP; sí ha sorprendido a muchos, por las falsas expectativas creadas y por el escarnio que supone ¡una vez más!, para todos aquellos que murieron, fueron presos, expoliados, torturados, explotados, vejados, exiliados, muertos o, asesinados en las tapias de los cementerios y en las cunetas de las carreteras, por defender la libertad y la legalidad democrática.

El contenido del “Proyecto de Ley”, vuelve a poner de manifiesto, la falta de buena fe en muchas de las actuaciones del Estado, con relación a las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista, a pesar de que, la buena fe, debería ser una característica inherente a los actos de gobierno en un estado de derecho. Porque es evidente, por citar un ejemplo, que, el negar la nulidad de los juicios sumarísimos, o mejor dicho, el total silencio sobre esta cuestión, demuestra una manifiesta “mala fe”, toda vez que el propio Partido Socialista -Partido del actual Gobierno-, fundamentó en derecho, dicha nulidad en una “proposición no de ley”, presentada por su diputada por León, Amparo Valcarce,  y que fue sometida a votación el 10 de septiembre de 2003, aunque fuera derrotada por la derecha, al contar el Partido Popular con mayoría parlamentaria en aquella legislatura. Esta mezquindad del gobierno socialista, es mucho más grave que, si en Alemania se hubiese decidido no anular los juicios del nazismo, pues éste, al fin y al cabo, se asentó -desgraciadamente-, a través de las urnas; pero el fascismo español, lo hizo a través de una sublevación militar, y la consiguiente Guerra Civil. Manteniendo el criterio de “seguridad jurídica”, defendido por los fiscales españoles; en la actual Alemania, serían plenamente legales la “solución final” (exterminio de los judíos), y las esterilizaciones en masa llevadas a cabo por los nazis, en cuanto producto “legal” de la voluntad de los gobernantes, imposibles de anular. La no anulación de los juicios franquistas, supone -de hecho-, legitimar el golpe de estado y la dictadura.

                                                                               ( II )

El Gobierno no ha hecho el menor caso de los planteamientos expresados por algunos de los más destacados juristas. En cambio, ha optado por no anular las sentencias en nombre de la supuesta “seguridad jurídica”, a partir de resoluciones que han emitido la Fiscalía General del Estado y la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (la revisión de los consejos de guerra, sigue dependiendo de esa rémora de jurisdicción militar que es la Sala 5ª). Y lo que es, cuando menos sorprendente, es que se hayan mantenido los criterios de la fiscalía, en concreto, de dos fiscales, el primero de ellos, nieto de un auditor de consejos de guerra franquistas e, hijo de un fiscal del siniestro TOP (Tribunal de Orden Público); y el segundo, hijo de todo un Ministro Secretario General del “Movimiento” de la dictadura.

Se obvian hechos flagrantes como la ilegitimidad de origen de las instituciones que legislaban, juzgaban, condenaban y ejecutaban, la manifiesta indefensión, la parcialidad de los tribunales, la ausencia de mínimas garantías procesales, las irregularidades de los procedimientos, etc. Ciudadanos criminalizados y convictos del delito de -¡Qué aberración!-, “¡rebelión militar!” o “¡auxilio a la rebelión!”, por los que, precisamente, se habían rebelado, sublevado y levantado en armas, contra la legalidad democrática de la II República.

El “proyecto del Gobierno socialista” es, malévolamente aséptico, no hace distinciones entre agresores y agredidos, entre golpistas y defensores de la legalidad y la voluntad popular; el objetivo es, torticeramente -como también lo hacen  los “revisionistas” de la extrema derecha-, igualar a demócratas y fascistas, a víctimas y verdugos. No refleja diferencias entre unas víctimas y otras, entre las que durante cuarenta años disfrutaron de toda clase de privilegios -reconocimiento público y simbólico, homenajes, prebendas, concesiones, cuotas de reserva, etc.-, y las que fueron condenadas a la represión, la marginación, el silencio y el olvido. Intenta ocultar el verdadero sentido de la sublevación fascista que, como es sabido hoy día, obedecía a un plan -detalladamente concebido y llevado a cabo con rigor y exactitud-, de exterminio de toda la ciudadanía leal a la República; es decir, a un inmenso genocidio político.

No se menciona nada sobre la reparación de las incautaciones efectuadas por los vencedores, sobre miles de ciudadanos leales al Gobierno legítimo y, por ello, desposeídos de sus bienes y propiedades. Tampoco se citan las indemnizaciones que deberían pagar muchas empresas privadas -beneficiadas por la dictadura, a través del “trabajo esclavo”-, a miles de presos republicanos. El mismo olvido reciben los más de 7.500 españoles asesinados en los campos de concentración nazis y que, ni siquiera, han obtenido el reconocimiento formal de que en 1940, se les negó la nacionalidad española por parte del franquismo, y de que fueron entregados como ¡apátridas! a los nazis. Otros colectivos inexistentes para este “Proyecto de Ley”, porque siguen sin ser rehabilitados y, ni siquiera mencionados, son los militares y miembros de las fuerzas del orden que se mantuvieron fieles a su juramento, y que por ello, pagaron con su vida. En la misma situación se encuentran los guerrilleros antifranquistas (“maquis”), considerados por muchos ciudadanos, al mismo y elevado nivel de dignidad de la “resistence française”, durante la ocupación nazi. Y sobre las exhumaciones de víctimas del franquismo, las famosas “fosas comunes”; es penoso, pero no se percibe ningún avance ni mejora en las paupérrimas y débiles disposiciones, hasta ahora existentes.

La no obligatoriedad para las administraciones locales de retirada de simbología franquista y denominaciones de calles, garantiza la pervivencia del reconocimiento público y simbólico de jerarcas de la dictadura, criminales de guerra y militares traidores. 

 

                                                                                     ( III )

-Algunos detalles jurídicos-

1º - No hace ningún reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y, como consecuencia, no recoge ninguna de las demandas de las asociaciones de víctimas del terrorismo franquista (terrorismo de estado desde abril de 1939 a octubre de 1977), ya que sólo habla de reconocimiento moral y compensaciones económicas, que no indemnizaciones, y no es concordante con el derecho internacional de los derechos humanos, ni con las normas internacionales de reparación de víctimas. En este sentido, resulta conveniente recordar que los tratados internacionales suscritos por España, forman parte del ordenamiento interno, esto es, los pactos y tratados sobre derechos humanos, están reconocidos por la Constitución vigente, tratándose además, de normas de nivel superior a la misma.  

2º - Trata como “hechos aislados”, algunos de los mas resonantes crímenes franquistas, lo que plantea una prescripción formal de dichos delitos, debido al tiempo transcurrido, lo que tiene como consecuencia, favorecer a los responsables políticos (como Manuel Fraga), de algunos de aquellos hechos (muertes de Vitoria), que aún ocupan puestos de alta responsabilidad en órganos constitucionales de representación; mientras que si fueran considerados como parte de los crímenes contra la humanidad, cometidos por el franquismo; no prescribirían, ni serían amnistiables.

3º - Por tanto, la propuesta concreta del este “Proyecto de Ley”, no es sólo humillante para las víctimas, al negarles el reconocimiento jurídico, si no también, profundamente inmoral y, por consecuencia, viola los principios básicos fijados por el derecho internacional de los derechos humanos a las víctimas de crímenes graves, como pueden ser los crímenes contra la humanidad.

4º - Por otro lado, contiene un elemento de “alegalidad”, sumamente peligroso para la legitimidad de la Constitución vigente, toda vez que manifiesta, por omisión, “el reconocimiento de la legalidad franquista”, por fuera de los límites establecidos por la propia Constitución monárquica, por el derecho interno, por numerosas convenciones internacionales suscritas por España, y por el derecho internacional consetudinario aplicable.

5º - La denominada <<seguridad jurídica>>, entendida, como hace el Gobierno, como “el mantenimiento de la normativa de un régimen manifiestamente ilegal”, plantea una cuestión de fondo, con la que muchos ciudadanos no coincidimos, dado que entendemos que, el único medio válido para fortalecer la “seguridad jurídica”, es un mayor grado de juridicidad en la regulación de las conductas de los ciudadanos, y no el mantenimiento de normas cuyo origen, no sólo está fuera de la propia Constitución, sino que conllevan la negación de principios básicos, propios de las libertades civiles, como los contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros: el derecho a un debido proceso y el derecho a un recurso judicial eficaz. No se puede admitir en un estado de derecho, la interpretación de que existe “seguridad jurídica”, sin garantizar la justicia. Ni tampoco se puede aceptar una interpretación de “seguridad jurídica” que, lleva inexorablemente, a una manifiesta y grave injusticia. El Gobierno pretende hacer creer que, la seguridad jurídica, es incompatible con la justicia. Y este supuesto, es falso de pura falsedad. 

6º - La única proposición de ley que comprendía las particularidades de las víctimas del franquismo, fue la presentada en el Parlamento el 21 de noviembre de 2005, por Esquerra Republicana. Pero dicho proyecto de ley, fue rechazado, con el argumento, por parte del Partido Socialista, de que presentaría  una ley sustitutoria que, mejoraría la presentada por Esquerra Republicana, hecho que ha resultado manifiestamente falso.

7º - Con este “Proyecto de Ley”; <<El Estado -regido por un Gobierno socialista-, renuncia al deber de investigar judicialmente los crímenes graves>>, constatándose además que, el proyecto de ley, deja sin resolver el grave problema de las exhumaciones ilegales, lo que se puede considerar, una vez más, un acto de “mala fe”, por parte del Gobierno, toda vez que en la Orden de Presidencia (“ORDEN PRE/3945/2005), se establecían subvenciones para dichas exhumaciones y, además, se denegaba expresamente el derecho a un proceso judicial eficaz al establecer, en su artículo 5.2 c) que :

             “En ningún caso serán gastos subvencionables, aunque se hallen incluidos en

               los anteriores proyectos”:

             (…)

             c. Los gastos de procedimientos judiciales.

8º - Este proyecto de ley, tiene una manifiesta voluntad de servir de “defensa de la legalidad originada en el régimen franquista”, y plantea la igualación de víctimas y verdugos, en un acto perverso e inmoral que reviste la característica de un burdo negacionismo de la verdad histórica, planteando que la actual democracia tiene su límite en la “legalidad formal de aquél régimen”. 

                                                                  ( IV )

Evidentemente, los hijos-nietos de los franquistas, no son responsables de los actos de sus antepasados, pero también es evidente que, un elevado porcentaje de ellos, siguen sin admitir, sin reconocer, sin querer que se sepa y se publique, hasta que punto las consecuencias de la acción o, pasividad de sus antepasados; fue deleznable. El “Proyecto de Ley”, sigue la línea marcada hasta ahora, esa línea de no molestar, de no violentar a los hijos-nietos de los sublevados -en muchos casos, verdugos-, ya que su sensibilidad, podría verse afectada. La reconciliación definitiva de los españoles, sólo se puede conseguir con justicia, pero el Gobierno está confundiendo olvido con reconciliación, justicia con venganza, y memoria con alegalidad. Las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en un estado de derecho, sólo existen frente a la ley, y el no reconocerlo así, provoca la exclusión jurídica de todas las víctimas del régimen franquista, negando el derecho a la justicia  y negando la igualdad jurídica frente a los derechos de otros tipos de víctimas, como las del terrorismo.

Los partidos políticos “democráticos”, con representación parlamentaria, deberían hacer una profunda reflexión sobre las consecuencias perversas de este tipo de actos que aumentan el déficit democrático, pendiente desde la denominada “transición”, y que tienen como consecuencia, el que los ciudadanos lleguen a la conclusión de que las libertades civiles, los principios democráticos y los derechos humanos son, en realidad, parte de una <<democracia otorgada>> por un régimen ilegal como el franquismo.

Si el Estado español fuera un estricto cumplidor de las leyes internacionales, no sería, absolutamente necesaria,  una “Ley de Memoria Histórica” ad hoc. Bastaría con que España asumiera y cumpliera la normativa internacional sobre Derechos Humanos: crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad, desapariciones forzosas, inhumaciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, etc…todos ellos crímenes imprescriptibles, con el objeto de hacer presente la verdad, reponer la justicia y realizar la pertinente reparación. Bastaría, simplemente, que el Estado español cumpliera con sus obligaciones.

Es vergonzoso y reprobable que un Estado, teóricamente “progresista” y, bajo el cual se han condenado a torturadores argentinos y chilenos, cuya magistratura investiga crímenes contra los derechos humanos o, por genocidio en otros países; haga oídos sordos a las resoluciones de Naciones Unidas o a los informes de expertos sobre imprescriptibilidad  de los crímenes por genocidio y contra los derechos humanos, de la dictadura franquista. Esta propuesta del Gobierno socialista es un insulto a las víctimas, una afrenta a la memoria de los muertos y represaliados que lucharon por las libertades, los valores republicanos y la democracia. Muchos ciudadanos creyeron en la voluntad sincera del Presidente Rodríguez Zapatero, de acabar con la impunidad franquista, sin amilanarse, con valentía, sin amedrentarse ante los de siempre, ante los que ladran, vistan de traje azul o de púrpura, porque era y, es el momento, el año de la “Memoria”; pero no ha sido así, e incluso en el PSOE, es criticado este Proyecto de Ley de la “Memoria Histórica”, que por perder, ha perdido incluso su nombre.

Finalmente, y a pesar de todo, esperemos que el Presidente sepa plantar cara a la derecha reaccionaria, sabiendo que ésta se fortalece con cada concesión, con cada renuncia. Que rectifique para que, en el trámite parlamentario, se puedan coser los tijeretazos dados. Si esto no se produce, será la más grave responsabilidad histórica del Gobierno Zapatero y, además, los ciudadanos demócratas y republicanos -incluidos los socialistas-, no le seguiremos ni apoyaremos en ese camino que, desde luego, no es el de la “Memoria”, y volveremos con renovadas fuerzas a la calle -donde cada vez somos más-, para reivindicar justicia y dignidad.

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Fuentes Consultadas

-Equipo Nizkor

-Federación Estatal de Foros por la Memoria

-Coordinadora per la Memoria Histórica i Democrática de Catalunya

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* Antonio Otero Bueno es miembro de  UCR y miembro de la Federación Estatal de Foros de la Memoria y Vicepresidente de la Federación de la Comunidad de Madrid

 

 

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