La Ley de la
Memoria Histórica del Gobierno Socialista
Antonio
Otero Bueno *
UCR,
Entre
la cobardía moral y la ilegalidad (
I )
El
10 de septiembre de 2004, se hizo público el Real Decreto por el que se creaba
la “Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas
de la Guerra Civil y del franquismo”, presidida por la Vicepresidenta del
Gobierno (PSOE), María Teresa Fernández de la Vega. Después de sucesivas
demoras, el informe de dicha “Comisión Interministerial” y el “Proyecto
de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y
la dictadura”; fue aprobado por el Consejo de Ministros (PSOE), para su
remisión a las Cortes Generales, el 28 de julio de 2006, con la evidente
finalidad, de que los efectos de su publicación, se produjeran durante el mes
de agosto, punto máximo de las vacaciones estivales en España. Pero estos casi
dos años de espera, no han servido para nada, ya que su contenido, coincide con
la “Proposición no de ley” del diputado Ramón Jáuregui (PSOE), aprobada
por el Congreso el 1 de junio de 2004; lo que demuestra que, a pesar de los
retrasos en presentar el informe, “existía un acuerdo previo que, ha sido
mantenido” y que no recoge las demandas de las asociaciones de víctimas y de
derechos humanos.
Este
“Proyecto de ley” sobre la “Memoria Histórica”, ha obtenido una
valoración, prácticamente unánime, que oscila entre la indignación y el
desencanto. El Presidente del Gobierno ha querido calmar a las derechas,
desvirtuando los objetivos iniciales de la ley, pero se equivoca si cree que la
crispación de la vida política, provocada por la derecha más reaccionaria y
extrema del PP, va a rebajarse con la decoloración de la misma. Y, al final,
queda la impresión de que, el irrenunciable derecho a la justicia de las víctimas
del franquismo, ha servido, de nuevo, como moneda de cambio y de que, estamos
ante una reedición de la “Ley de amnistía
de 1977” o de “punto final”, y del “pacto de silencio de la Transición”.
Esta vergonzosa renuncia a terminar con la impunidad franquista y la claudicación
ante el poder mediático y fáctico del PP; sí ha sorprendido a muchos, por las
falsas expectativas creadas y por el escarnio que supone ¡una vez más!, para
todos aquellos que murieron, fueron presos, expoliados, torturados, explotados,
vejados, exiliados, muertos o, asesinados en las tapias de los cementerios y en
las cunetas de las carreteras, por defender la libertad y la legalidad democrática.
El
contenido del “Proyecto de Ley”, vuelve a poner de manifiesto, la falta de
buena fe en muchas de las actuaciones del Estado, con relación a las víctimas
de la Guerra Civil y de la represión franquista, a pesar de que, la buena fe,
debería ser una característica inherente a los actos de gobierno en un estado
de derecho. Porque es evidente, por citar un ejemplo, que, el negar la nulidad
de los juicios sumarísimos, o mejor dicho, el total silencio sobre esta cuestión,
demuestra una manifiesta “mala fe”, toda vez que el propio Partido
Socialista -Partido del actual Gobierno-, fundamentó en derecho, dicha nulidad
en una “proposición no de ley”, presentada por su diputada por León,
Amparo Valcarce, y que fue sometida
a votación el 10 de septiembre de 2003, aunque fuera derrotada por la derecha,
al contar el Partido Popular con mayoría parlamentaria en aquella legislatura.
Esta mezquindad del gobierno socialista, es mucho más grave que, si en Alemania
se hubiese decidido no anular los juicios del nazismo, pues éste, al fin y al
cabo, se asentó -desgraciadamente-, a
través de las urnas; pero el fascismo español, lo hizo a través de una
sublevación militar, y la consiguiente Guerra Civil. Manteniendo el criterio de
“seguridad jurídica”, defendido por los fiscales españoles; en la actual
Alemania, serían plenamente legales la “solución final” (exterminio de los
judíos), y las esterilizaciones en masa llevadas a cabo por los nazis, en
cuanto producto “legal” de la voluntad de los gobernantes, imposibles de
anular. La no anulación de los juicios franquistas, supone -de hecho-, legitimar el golpe de estado y la dictadura.
(
II )
El
Gobierno no ha hecho el menor caso de los planteamientos expresados por algunos
de los más destacados juristas. En cambio, ha optado por no anular las
sentencias en nombre de la supuesta “seguridad jurídica”, a partir de
resoluciones que han emitido la Fiscalía General del Estado y la Sala de lo
Militar del Tribunal Supremo (la revisión de los consejos de guerra, sigue
dependiendo de esa rémora de jurisdicción militar que es la Sala 5ª). Y lo
que es, cuando menos sorprendente, es que se hayan mantenido los criterios de la
fiscalía, en concreto, de dos fiscales, el primero de ellos, nieto de un
auditor de consejos de guerra franquistas e, hijo de un fiscal del siniestro TOP
(Tribunal de Orden Público); y el segundo, hijo de todo un Ministro Secretario
General del “Movimiento” de la dictadura.
Se
obvian hechos flagrantes como la ilegitimidad de origen de las instituciones que
legislaban, juzgaban, condenaban y ejecutaban, la manifiesta indefensión, la
parcialidad de los tribunales, la ausencia de mínimas garantías procesales,
las irregularidades de los procedimientos, etc. Ciudadanos criminalizados y
convictos del delito de -¡Qué aberración!-,
“¡rebelión militar!” o “¡auxilio a la rebelión!”, por los que,
precisamente, se habían rebelado, sublevado y levantado en armas, contra la
legalidad democrática de la II República.
El
“proyecto del Gobierno socialista” es, malévolamente aséptico, no hace
distinciones entre agresores y agredidos, entre golpistas y defensores de la
legalidad y la voluntad popular; el objetivo es, torticeramente -como
también lo hacen los
“revisionistas” de la extrema derecha-, igualar a demócratas y
fascistas, a víctimas y verdugos. No refleja diferencias entre unas víctimas y
otras, entre las que durante cuarenta años disfrutaron de toda clase de
privilegios -reconocimiento público y
simbólico, homenajes, prebendas, concesiones, cuotas de reserva, etc.-, y
las que fueron condenadas a la represión, la marginación, el silencio y el
olvido. Intenta ocultar el verdadero sentido de la sublevación fascista que,
como es sabido hoy día, obedecía a un plan -detalladamente
concebido y llevado a cabo con rigor y exactitud-, de exterminio de toda la
ciudadanía leal a la República; es decir, a un inmenso genocidio político.
No
se menciona nada sobre la reparación de las incautaciones efectuadas por los
vencedores, sobre miles de ciudadanos leales al Gobierno legítimo y, por ello,
desposeídos de sus bienes y propiedades. Tampoco se citan las indemnizaciones
que deberían pagar muchas empresas privadas -beneficiadas
por la dictadura, a través del “trabajo esclavo”-, a miles de presos
republicanos. El mismo olvido reciben los más de 7.500 españoles asesinados en
los campos de concentración nazis y que, ni siquiera, han obtenido el
reconocimiento formal de que en 1940, se les negó la nacionalidad española por
parte del franquismo, y de que fueron entregados como ¡apátridas! a los nazis.
Otros colectivos inexistentes para este “Proyecto de Ley”, porque siguen sin
ser rehabilitados y, ni siquiera mencionados, son los militares y miembros de
las fuerzas del orden que se mantuvieron fieles a su juramento, y que por ello,
pagaron con su vida. En la misma situación se encuentran los guerrilleros
antifranquistas (“maquis”), considerados por muchos ciudadanos, al mismo y
elevado nivel de dignidad de la “resistence française”, durante la ocupación
nazi. Y sobre las exhumaciones de víctimas del franquismo, las famosas “fosas
comunes”; es penoso, pero no se percibe ningún avance ni mejora en las paupérrimas
y débiles disposiciones, hasta ahora existentes.
La
no obligatoriedad para las administraciones locales de retirada de simbología
franquista y denominaciones de calles, garantiza la pervivencia del
reconocimiento público y simbólico de jerarcas de la dictadura, criminales de
guerra y militares traidores.
( III )
-Algunos detalles jurídicos-
1º
- No hace ningún reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y,
como consecuencia, no recoge ninguna de las demandas de las asociaciones de víctimas
del terrorismo franquista (terrorismo de
estado desde abril de 1939 a octubre de 1977), ya que sólo habla de
reconocimiento moral y compensaciones económicas, que no indemnizaciones, y no
es concordante con el derecho internacional de los derechos humanos, ni con las
normas internacionales de reparación de víctimas. En este sentido, resulta
conveniente recordar que los tratados internacionales suscritos por España,
forman parte del ordenamiento interno, esto es, los pactos y tratados sobre
derechos humanos, están reconocidos por la Constitución vigente, tratándose
además, de normas de nivel superior a la misma.
2º
- Trata como “hechos aislados”, algunos de los mas resonantes crímenes
franquistas, lo que plantea una prescripción formal de dichos delitos, debido
al tiempo transcurrido, lo que tiene como consecuencia, favorecer a los
responsables políticos (como Manuel Fraga), de algunos de aquellos hechos
(muertes de Vitoria), que aún ocupan puestos de alta responsabilidad en órganos
constitucionales de representación; mientras que si fueran considerados como
parte de los crímenes contra la humanidad, cometidos por el franquismo; no
prescribirían, ni serían amnistiables.
3º
- Por tanto, la propuesta concreta del este “Proyecto de Ley”, no es sólo
humillante para las víctimas, al negarles el reconocimiento jurídico, si no
también, profundamente inmoral y, por consecuencia, viola los principios básicos
fijados por el derecho internacional de los derechos humanos a las víctimas de
crímenes graves, como pueden ser los crímenes contra la humanidad.
4º
- Por otro lado, contiene un elemento de “alegalidad”, sumamente peligroso
para la legitimidad de la Constitución vigente, toda vez que manifiesta, por
omisión, “el reconocimiento de la legalidad franquista”, por fuera de los límites
establecidos por la propia Constitución monárquica, por el derecho interno,
por numerosas convenciones internacionales suscritas por España, y por el
derecho internacional consetudinario aplicable.
5º
- La denominada <<seguridad jurídica>>, entendida, como hace el
Gobierno, como “el mantenimiento de la normativa de un régimen
manifiestamente ilegal”, plantea una cuestión de fondo, con la que muchos
ciudadanos no coincidimos, dado que entendemos que, el único medio válido para
fortalecer la “seguridad jurídica”, es un mayor grado de juridicidad en la
regulación de las conductas de los ciudadanos, y no el mantenimiento de normas
cuyo origen, no sólo está fuera de la propia Constitución, sino que conllevan
la negación de principios básicos, propios de las libertades civiles, como los
contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros: el
derecho a un debido proceso y el derecho a un recurso judicial eficaz. No se
puede admitir en un estado de derecho, la interpretación de que existe
“seguridad jurídica”, sin garantizar la justicia. Ni tampoco se puede
aceptar una interpretación de “seguridad jurídica” que, lleva
inexorablemente, a una manifiesta y grave injusticia. El Gobierno pretende hacer
creer que, la seguridad jurídica, es incompatible con la justicia. Y este
supuesto, es falso de pura falsedad.
6º
- La única proposición de ley que comprendía las particularidades de las víctimas
del franquismo, fue la presentada en el Parlamento el 21 de noviembre de 2005,
por Esquerra Republicana. Pero dicho proyecto de ley, fue rechazado, con el
argumento, por parte del Partido Socialista, de que presentaría
una ley sustitutoria que, mejoraría la presentada por Esquerra
Republicana, hecho que ha resultado manifiestamente falso.
7º
- Con este “Proyecto de Ley”; <<El Estado -regido
por un Gobierno socialista-, renuncia al deber de investigar judicialmente
los crímenes graves>>, constatándose además que, el proyecto de ley,
deja sin resolver el grave problema de las exhumaciones ilegales, lo que se
puede considerar, una vez más, un acto de “mala fe”, por parte del
Gobierno, toda vez que en la Orden de Presidencia (“ORDEN PRE/3945/2005), se
establecían subvenciones para dichas exhumaciones y, además, se denegaba
expresamente el derecho a un proceso judicial eficaz al establecer, en su artículo
5.2 c) que :
“En ningún
caso serán gastos subvencionables, aunque se hallen incluidos en
los
anteriores proyectos”:
(…)
c. Los gastos
de procedimientos judiciales.
8º
- Este proyecto de ley, tiene una manifiesta voluntad de servir de “defensa de
la legalidad originada en el régimen franquista”, y plantea la igualación de
víctimas y verdugos, en un acto perverso e inmoral que reviste la característica
de un burdo negacionismo de la verdad histórica, planteando que la actual
democracia tiene su límite en la “legalidad formal de aquél régimen”.
(
IV )
Evidentemente,
los hijos-nietos de los franquistas, no son responsables de los actos de sus
antepasados, pero también es evidente que, un elevado porcentaje de ellos,
siguen sin admitir, sin reconocer, sin querer que se sepa y se publique, hasta
que punto las consecuencias de la acción o, pasividad de sus antepasados; fue
deleznable. El “Proyecto de Ley”, sigue la línea marcada hasta ahora, esa línea
de no molestar, de no violentar a los hijos-nietos de los sublevados -en
muchos casos, verdugos-, ya que su sensibilidad, podría verse afectada. La
reconciliación definitiva de los españoles, sólo se puede conseguir con
justicia, pero el Gobierno está confundiendo olvido con reconciliación,
justicia con venganza, y memoria con alegalidad. Las víctimas de violaciones
graves de los derechos humanos en un estado de derecho, sólo existen frente a
la ley, y el no reconocerlo así, provoca la exclusión jurídica de todas las víctimas
del régimen franquista, negando el derecho a la justicia
y negando la igualdad jurídica frente a los derechos de otros tipos de víctimas,
como las del terrorismo.
Los
partidos políticos “democráticos”, con representación parlamentaria,
deberían hacer una profunda reflexión sobre las consecuencias perversas de
este tipo de actos que aumentan el déficit democrático, pendiente desde la
denominada “transición”, y que tienen como consecuencia, el que los
ciudadanos lleguen a la conclusión de que las libertades civiles, los
principios democráticos y los derechos humanos son, en realidad, parte de una
<<democracia otorgada>> por un régimen ilegal como el franquismo.
Si
el Estado español fuera un estricto cumplidor de las leyes internacionales, no
sería, absolutamente necesaria, una
“Ley de Memoria Histórica” ad hoc. Bastaría con que España asumiera y
cumpliera la normativa internacional sobre Derechos Humanos: crímenes de
guerra, crímenes contra la Humanidad, desapariciones forzosas, inhumaciones
ilegales, ejecuciones extrajudiciales, etc…todos ellos crímenes
imprescriptibles, con el objeto de hacer presente la verdad, reponer la justicia
y realizar la pertinente reparación. Bastaría, simplemente, que el Estado español
cumpliera con sus obligaciones.
Es
vergonzoso y reprobable que un Estado, teóricamente “progresista” y, bajo
el cual se han condenado a torturadores argentinos y chilenos, cuya magistratura
investiga crímenes contra los derechos humanos o, por genocidio en otros países;
haga oídos sordos a las resoluciones de Naciones Unidas o a los informes de
expertos sobre imprescriptibilidad de
los crímenes por genocidio y contra los derechos humanos, de la dictadura
franquista. Esta propuesta del Gobierno socialista es un insulto a las víctimas,
una afrenta a la memoria de los muertos y represaliados que lucharon por las
libertades, los valores republicanos y la democracia. Muchos ciudadanos creyeron
en la voluntad sincera del Presidente Rodríguez Zapatero, de acabar con la
impunidad franquista, sin amilanarse, con valentía, sin amedrentarse ante los
de siempre, ante los que ladran, vistan de traje azul o de púrpura, porque era
y, es el momento, el año de la “Memoria”; pero no ha sido así, e incluso
en el PSOE, es criticado este Proyecto de Ley de la “Memoria Histórica”,
que por perder, ha perdido incluso su nombre.
Finalmente,
y a pesar de todo, esperemos que el Presidente sepa plantar cara a la derecha
reaccionaria, sabiendo que ésta se fortalece con cada concesión, con cada
renuncia. Que rectifique para que, en el trámite parlamentario, se puedan coser
los tijeretazos dados. Si esto no se produce, será la más grave
responsabilidad histórica del Gobierno Zapatero y, además, los ciudadanos demócratas
y republicanos -incluidos los socialistas-,
no le seguiremos ni apoyaremos en ese camino que, desde luego, no es el de la
“Memoria”, y volveremos con renovadas fuerzas a la calle -donde cada vez somos más-, para reivindicar justicia y dignidad.
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Fuentes Consultadas
-Equipo
Nizkor
-Federación
Estatal de Foros por la Memoria
-Coordinadora
per la Memoria Histórica i Democrática de Catalunya
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Antonio Otero
Bueno es
miembro de UCR
y miembro de la Federación Estatal de Foros de la Memoria y Vicepresidente de
la Federación de la Comunidad de Madrid