¿Legislando la memoria?

Luis Arias Argëlles-Meres 

La Nueva España 3 de Agosto de 2006

        Qué le está pasando a este país con la traída y llevada memoria acerca de la II República, la guerra civil y el franquismo? ¿Cómo es posible que, existiendo una bibliografía tan oceánica, todo ello esté aún sin resolver en el debate público de la España de hoy? ¿Por qué el Gobierno de Zapatero retrocedió tanto a la hora de legislar al respecto? ¿Por qué el PP se contradice de forma tan escandalosa acerca de ello? ¿Por qué no nos planteamos la trascendencia de este asunto en la medida en que supone algo decisivo para dirimir la legitimidad democrática del Estado que ahora tenemos? ¿Por qué hay tanta ceguera ante el hecho de que la generación que ahora está en el poder no acepta la forma en que se zanjó en el debate de la vida pública nuestro pasado más inmediato?

Resolver algo así no pasa, desde luego, por el revanchismo, argumento que se esgrime por parte de quienes no desean que se hable acerca del período referido. Pero yo no creo que se pueda considerar tal cosa abominar de una dictadura que hizo un daño irreparable no sólo en la medida en que fue un régimen represor, sino también por el hecho de haber condenado a miles y miles de españoles al exilio.

El señor Rajoy argumenta que todo lo que sea ocuparse oficialmente de estos asuntos supone crear crispación. ¿No recuerda el actual líder de la oposición que fue su antecesor, Aznar, un entusiasta de la figura de Manuel Azaña? ¿También lo ha olvidado doña Esperanza Aguirre, que manifiesta en tono de reproche que el modelo de Zapatero es la II República? ¿Es de recibo que en un momento dado, hace poco más de una década, el partido conservador y sus mariachis hayan utilizado en su discurso a figuras históricas de un tiempo que ahora no quieren recordar? ¿Es pertinente jugar así con la Historia, como si todo lo que la configura fuesen objetos de usar y tirar? ¿Cómo puede cuadrarnos que don Jaime Mayor Oreja en su discurso en el Parlamento europeo contra la condena del franquismo considerase disparatado que estemos en una segunda transición, cuando se da el caso de que Aznar, en su momento, publicó un libro que tenía precisamente por título «La Segunda Transición»? ¿A qué juega el PP entonces?

Gran parte del argumentario contra la II República se fundamenta en que aquel Estado no logró un clima de acuerdo en la sociedad española, al tiempo que favoreció los enfrentamientos, frente a la atmósfera de concordia que presidió la transición. Si la República no logró ese deseado ambiente, alguna responsabilidad tendrían también en ello todas las fuerzas que a ella se oponían.

Es cierto que la transición fue posible, entre otras cosas, por el afán que había de alcanzar acuerdos que permitieran la convivencia. Lo que no está tan claro es que ese clima exista hoy. Y, caso de no haberlo, alguna responsabilidad tendrá en ello el PP. ¿O es, acaso, la única fuerza política dialogante en la España de hoy, frente al sectarismo de las restantes? A tanta desfachatez argumentativa es de esperar que no se llegue.

En cualquier caso, el Gobierno actual ha legislado sobre la memoria colectiva de este país. Estoy persuadido de que la expresión «memoria histórica» no es la más afortunada. Pero la forma en que se ha bautizado el decreto de marras suena a palabrería huera de principio a fin: «proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura».

El derecho a la memoria frente a la amnesia. ¿Con qué derecho se le puede pedir a un país que no recuerde a las víctimas de una guerra y de una dictadura? ¿Con qué razonamientos se puede enarbolar un discurso en virtud del cual las víctimas de los que perdieron la guerra no tienen derecho a ser recordadas? Alguien hablará también de que hubo víctimas entre los vencedores. Por supuesto que sí. Por supuesto que se cometieron atrocidades en ambos bandos. Pero será difícil negar que de eso se hizo recordatorio y martirologio durante cuarenta años. Entonces, se trataría de recordar a todos. Y, eso sí, no como revancha, sino en virtud de reconocer la dignidad no sólo de los que vieron sus vidas y derechos pisoteados, sino también la de un país que tiene la suficiente altura de miras para abominar del horror.

¿No sería deseable y plausible un pacto, sin ruido y sin furia, entre los partidos y administraciones públicas para que todos los restos de la dictadura estén en la Historia, pero no en los callejeros y en organismos oficiales de un Estado democrático?

Legislando la memoria colectiva, acerca de ella. Si esta pluscuamperfecta y bienamada Constitución monárquica es un modelo para la convivencia democrática, ¿por qué tiene que ser tan problemático abominar de una dictadura y dignificar el recuerdo de los que lucharon contra ella? ¿Qué puede tener tal cosa de inquietante?

¿Alguien podría explicarlo?