España,
"un caso insólito de impunidad"
Marcelo Risi
BBC
Mundo, Madrid
27
de Agosto de 2005
España
pidió la extradición del ex gobernante de facto chileno Augusto Pinochet y
condenó al ex militar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa
humanidad, aplicando el principio de jurisdicción universal.
Sin embargo, "no ha
sido capaz de ofrecer verdad, justicia y reparación para las víctimas de su
propio país durante la Guerra Civil y el régimen franquista", denunció
la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI).
AI acaba de presentar el
informe "España: poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda
pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y del régimen
franquista".
La organización tiene
la esperanza de que el gobierno del José Luis Rodríguez Zapatero siga
"las directrices y principios de Naciones Unidas sobre los derechos de
las víctimas, como en otros países tiene que aplicarse reparación,
reconocimiento y restitución", según declaró a BBC Mundo su director,
Esteban Beltrán.
Agregó que España
"es el único caso donde no se ha avanzado prácticamente nada 70 años
después" de la Guerra Civil (1936-1939).
Tragedia
AI estima que
especialmente en los primeros años del conflicto se produjeron "al menos
30.000 desaparecidos forzadamente, miles de ejecutados extrajudicialmente o en
consejos de guerra, decenas de miles de refugiados y exiliados".
Para Beltrán, estas
cifras convierten a la Guerra Civil española en "una de las grandes
tragedias del siglo XX".
Tomasi Redondo, cuyo
padre y hermanos fueron fusilados cuando ella tenía 9 años, dijo que el
informe de AI "es un homenaje para ellos". Y lamentó que personas
en su situación hayan "estado muy olvidados durante el franquismo
(1939-1975) y en democracia".
"Ya no tengo
esperanza de nada", añadió, aunque afirmó que aún quiere encontrar
los restos mortales de su padre y hermano.
"Obstáculos"
El informe de AI
denuncia que, a excepción de reparaciones parciales y administrativas hasta
la fecha, "la inmensa mayoría de víctimas y sus familias no han tenido
nada, ni saben dónde están sus seres queridos, ni han podido empezar
recursos ante los tribunales, ni han recibido un sólo euro o peseta",
explica su director.
Más allá de que
"muchas fuentes primarias desaparecieron de los archivos durante los
primeros años de la transición" a la democracia, hoy en día se
mantienen obstáculos a la investigación, por ejemplo, "cuando un juez
declara prescrito el delito sin investigar o cuando los restos mortales
hallados se declaran restos arqueológicos", añade.
Explica que se trata de
consideraciones administrativas de ayuntamientos y sentencias judiciales ya en
democracia que inhiben investigaciones penales.
Según AI, el gobierno
ha "olvidado por completo su responsabilidades como Estado ante miles de
personas", dando lugar a un caso excepcional en el mundo.
"Un régimen que
hace 30 años termina, una guerra civil que empieza hace 70 y donde no hay
casi verdad, reparación ni justicia", dijo Beltrán.
En este sentido, José
Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, le explicó a BBC
Mundo que la jurisprudencia se ha "aferrado a un formalismo jurídico
desfasado, diciendo que para que haya revisión tiene que haber un hecho
nuevo".
Añadió que le
preocupaba que en algunos sectores "la legalidad emanada del franquismo
sea considerada igual a la emanada de un parlamento democrático".
Aprender de Latinoamérica
Para actuar en España,
el magistrado Martín Pallín citó el ejemplo de Argentina como precedente
legal. La Corte Suprema de este país declaró la inconstitucionalidad de las
leyes de punto final y obediencia debida, que protegían a quienes habían
cometido violaciones de los derechos humanos durante el último régimen
militar (1976-1983).
"En la comunidad
jurídica internacional la sentencia no ha sido tachada de aberrante,
vengativa o cualquier otro vicio de carácter legal", dijo anticipándose
a los críticos de su propuesta de anular las dos normas de amnistía españolas
de 1976 y 1977, es decir, que son "preconstitucionales".
En su informe, AI cita
los ejemplos por seguir en El Salvador, Guatemala y probablemente también en
Uruguay.
El director español de
la organización afirmó: "No se pueden poner puertas al campo cuando son
tragedias humanas tan grandes, tenemos mucho que aprender en España de los
procesos contra la impunidad en América Latina, en lugares donde todavía se
enfrentan a ejércitos que cometen graves violaciones de los derechos
humanos".
Fuera de España,
"ningún otro país en el mundo ha seguido este modelo de olvido completo
y de impunidad absoluta y dejar además que la única verdad oficial fuera la
del régimen franquista", añade.
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