¿De
qué memoria hablamos?
Víctor
Díaz-Cardiel *
UCR 7 de
Octubre de 2006
El
manifiesto ciudadano de condena al franquismo presentado colectivamente en el
acto público celebrado el pasado 14 de julio del 2006 en el Ateneo de Madrid
junto al incremento de admisiones de organizaciones sociales, sindicales, políticas
y de numerosísimas personas a título individual hecho público el 21 de julio
de 2006, por un lado, y por otro el envío por parte del gobierno-consejo de
ministros, del pasado 28 de julio del 2006, de un proyecto de ley, digamos de
Memoria Histórica, aunque borrada, el parlamento permite que UCR, entre otras
muchas organizaciones sociales, impulse su actividad al tiempo que posibilita un
mayor impulso al incremento de la unidad social y política, por así decir.
El
concepto de “Memoria Histórica” ha desparecido lisa y llanamente en el
proyecto enviado por el gobierno: No
existe, no hay Memoria Histórica. El título del proyecto es,
sencillamente, irreconocible, impensable el memorizarle.
El
camino, la senda del manifiesto (21-07-2006), permite seguir en la campaña de
adhesiones colectivas, de movimientos sociales y de organizaciones sindicales y
políticas; de personas individualmente lo más amplia posible, así como la
posibilidad de favorecer la celebración de actos públicos, al tiempo que
impulsamos su aparición en las páginas webs, en Internet.
La
aparición, el envío coincidente en el tiempo del manifiesto (21-07-2006) y el
proyecto de ley impronunciable por parte del gobierno (28-07-2006) al parlamento
hacen posible la continuidad de la acción por el logro de que el proyecto se
transforme en un sentido positivo.
Ni
la 1ª, ni la 2ª, ni la 3ª, ni la 4ª, ni la 5ª… tampoco la 6ª de reciente
aparición, o sea ni las televisiones públicas, ni las privadas de carácter
general, por así decir, han tenido, han dispuesto de tiempo alguno para
informar del proyecto de ley remitido por el gobierno al parlamento, de la
naturaleza democrática que queremos, y por el que luchamos tantas y tantas
personas, para la salud pública y democrática de este país.
Todas
esas cadenas de televisión públicas y privadas, que tan sensibles y cortesanas
han sido con la noticia del embarazo de una respetada señora, en sus
disposiciones de tiempo, en sus avances
informativos, incluso con variaciones en sus programas, altamente
irrespetuosos con su público, sus audiencias, no han dedicado momento alguno a
un proyecto de vital importancia para la salud democrática de este país.
Las
cadenas de radio que se denominan así mismo con un especulativo título de
estar en medios de información “” paso por delante, también han mantenido
una situación cómplice.
Las
cadenas de televisión y radio de índole autonómico, salvo honrosas
excepciones, han estado más calladas que un muerto. Esta es la comunicación pública
y privada de la democracia española. Así es el debate democrático en España
(o en el estado español).
El
proyecto de ley enviado por el gobierno (28-07-2006) al parlamento ha sido
rechazado por las fuerzas públicas y sociales por razones distintas, pues,
ciertamente, no es lo mismo, igual, el rechazo del PP, que el de ERC (que ya
tienen planteado un texto alternativo), el de IU, por ejemplo. Tampoco la
actitud del PNV que la de CIU.
Pero,
además, el rechazo también ha sido por parte de historiadores, profesores de
derecho constitucional, escritores y un largo etcétera de personalidades del
mundo de la cultura.
Las
asociaciones de defensa de la memoria, de ex presos políticos, también han
expresado su oposición ha dicho proyecto. Sin temor a ser imprudente se puede
afirmar que hay todo un “frente” social, cultural e institucional que va a
seguir, tal como dijeron Paloma Aguilar y Julián Casanova en unas declaraciones
al especial de “El País” (30-07-2006) en el sentido de que:
“No
se puede pasar la recuperación de la memoria de las víctimas de Franco”.
Esta
visión de la memoria, su recuperación contrasta de manera, digamos chocante,
con el argumento aducido por el anteproyecto de ley reproducido en el editorial
de “El País” (30-07-2006) de que “La recuperación de la memoria histórica
es responsabilidad de los historiadores”. ¿Qué visión es esta?. Los
historiadores se ocupan de la historia y, quizás, por ello, historiadores como
Sánchez Juliá, considera que hacer una memoria histórica es cosa de Regímenes
totalitarios” o, como escribe la periodista de “El País”, Soledad Gallego
que afirmaba, el pasado 21-07-2006, que “la memoria no reside en la política”.
Entonces: por ir a lo más próximo de la dictadura fascista del General Franco,
lo que va desde la sustitución de los Tribunales Militares por el Tribunal del
Orden Público (TOP), que duró desde 1963 a 1977 (o 1975), la memoria de los
casi 25.000 expedientes que afectó, mas o menos a 50.000 personas, detenidas,
procesadas, encarceladas (recuerdan el 1.001, que condena por defender el
derecho sindical, la libertad sindical, derecho de huelga, asociación etc...)¿Qué
era memoria abstracta, histórica, que no hacia política porque esta está…¿en
los cielos?.
En
efecto, ha habido muchos que han intentado que el debate sobre la recuperación
de la memoria histórica sea desmontada, desprestigiada. Sin embargo, con una
aptitud como la expresada por los firmantes del manifiesto del 21-07-2006, con
las asociaciones, los grupos políticos, sindicalistas, personas individuales;
con el propósito, la decisión política por parte de los grupos políticos con
representación parlamentaria de hacer enmiendas a la totalidad del proyecto político,
con el respaldo social puede hacerse modificar ese desprestigio de la memoria
histórica.
El
manifiesto ciudadano contra la dictadura se presentó en el Ateneo de Madrid por
distintas fuerzas políticas y sociales, por diversas asociaciones de defensa de
la memoria: sociales, de ex presos políticos. Posteriormente el documento se
hizo público el 21 de julio de 2006. Las televisiones de carácter general y
las autonómicas, las emisoras de radio y la prensa lo silenciaron. Lo mismo
hicieron, por cierto, con el envío del proyecto de ley, enviado por el gobierno
al parlamento.
Ese
silencio de los medios, desprestigia al mismo nivel que las campañas mediáticas
de otros medios de comunicación que se empeñan en ocultar la verdad real de
cuanto ocurrió.
Las
declaraciones en relación al proyecto del gobierno han sido de rechazo. Lo han
hecho: IU, ERC, PCE, IR, CNT, AIT, CGT, PCPE, BNG.
Después
del envío por parte del consejo de ministros al parlamento (28-07-2006), han
aparecido más artículos en torno a la memoria que en cualquier periodo
anterior. Sin hacer un recorrido sobre ellos, en modo alguno exhaustivo, leamos
lo que decimos.
“El País”
09-08-06 El barco de la memoria. M. Rivas
“El Mundo”
11-08-06 Ley de la memoria histórica: crónica
de una claudicación. Francisco Frutos. Secretario General del PCE
“El
País” 10-08-06 LA caza del maestro. J.
Fontana
“El País”
13-08-06 90.000 fusilados, 900
desenterrados. Manuel Altozano
“El País”
13-08-06 18 de julio de la memoria. J.A.
Martín Pallín
“El País”
19-08-06 La espada y la balanza. J.A. Martín
Pallín.
“El País”
18-08-06 Lorca: setenta años después. Ian
Gibson
“El País”
18-08-06 Memoria trágica en el barranco de
Viznar. Luís García Montero.
“El País”
30-08-06 Una causa justa. Luís Yáñez
Barnuevo
“El País
21-09-06 recuperar o corregir la memoria
histórica. Vicenç Navarro
“El País
26-07-06 Reescribir la historia. Alberto
Reig Tapia
“El País”
30-07-06 Entrevista a Paloma Aguilar y J.
Casanova
“El País”
19-07-06 Cartas de la memoria- julio de
1936. G. Marañón Y
Bertrán De Lis Y A. López Vega
“El
Mundo” 30-07-06 Larga vida a la estatua
de Franco. Felipe Fernández
“El País”
20-07-06 Muchas verdades. A. Trapello
“El País”
19-07-06 Hace 70 años. J. Pradera.
“El País”
06-09-06 Una memoria con dignidad. Gaspar
llamazares.
“El País”
14-09-06 Sin archivos, no hay memoria. Julián
Casanova
Encuesta del
Instituto opina, para El País 18 de julio de 2006:
64%
de los españoles quiere que se investigue la Guerra Civil…. Y la dictadura.
El
proyecto de ley del gobierno del Sr. Zapatero mantiene el pacto de la transición.
Es decir: cede, no quiere ofender, por su influencia, a la participación de la
iglesia y del ejército en la represión que tuvieron durante la dictadura,
sigue a la defensiva, el grupo socialista, el Sr. Zapatero, ante la ofensiva de
una derecha-extrema social y política incapaz de romper con el franquismo.
El
reconocimiento de la legitimidad y legalidad de la II República, la
ilegitimidad del alzamiento del 18 de julio de 1936. La sublevación militar, o
sea, el poderlo declarar ilegal, podría significar poner las cosa patas
arribas, es decir, declarar ilegal los 40 años de historia de la dictadura que,
a su vez pondría en tela de juicio la propia legitimidad de la monarquía.
El
actual anteproyecto del gobierno cree, al parecer, que la reconciliación de los
españoles plasmada en la constitución puede romperse si se recupera la
historia y si honra a los supervivientes defensores de la República y a los
luchadores por la democracia. Y, que en consecuencia, según el citado
anteproyecto, debería honrarse por igual a las víctimas de los dos bandos. Es
evidente, sin embargo, que la reconciliación plena sólo puede mantenerse en
Democracia, aceptando sus reglas y el respeto a los derechos humanos. A la vez,
no puede olvidarse, tal y como hace el anteproyecto del gobierno, que la mayoría
de las víctimas lo fueron como consecuencia de la sublevación de la guerra
provocada por los fascistas. Además debe recordarse también que los del bando
fascista fueron honrados durante 40 años por la dictadura que honró a
“Excombatientes”, ex cautivos, caballeros mutilados, mientras a los no
franquistas fueron perseguidos implacablemente.
El
mantenimiento de la validez de las sentencias dictadas por los consejos de
guerra (los casos de Julián Grimau, presidente Companys, y otros muchos), en
los términos expuestos., es incompatible con la plena y definitiva rehabilitación
moral de las personas condenadas por ello.
El
proceso de revisión y evaluación de las sentencias franquistas no debería ser
inconveniente respecto a la constitución de 1978 y, como dijera el catedrático
de derecho constitucional Pérez Royo.
“…Si
se pueden recusar los procesos anteriores a la constitución de 1978, porque lo
exige la decencia”.
Tal
y como se dice en el manifiesto ciudadano contra la dictadura fascista de Franco
(21-07-06)
“Es
intolerable, y muy peligroso para la salud moral y política de nuestro país,
que todavía se pretende equiparar al gobierno legítimo de una nación democrática
con la facción militar que se sublevó contra el Estado al que, había jurado
defender por su honor”
01
de octubre de 2006
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*Víctor
Díaz-Cardiel es miembro de la dirección de Unidad Cívica por la
República