El
franquismo no estará superado hasta que no se aclaren las 30.000 desapariciones
de la dictadura
La
casa sigue sin ser habitable
Carlos
Jiménez Villarejo *
www.elperiodico.com 27
de Febrero de 2006
El
20 de noviembre del 2002, el Congreso de Diputados aprobó una declaración
institucional condenando, sin mencionarlo expresamente, el golpe de Estado del
18 de julio de 1936. Como dijo entonces un diputado "la casa no será
totalmente habitable" mientras no se afronte la recuperación de la memoria
histórica y la rehabilitación moral y jurídica de los "ex-presos,
guerrilleros, represaliados, exiliados y los enterrados clandestinamente".
La casa, nuestro sistema democrático, pese a los avances producidos,
sigue sin ser totalmente habitable. Porque aún permanecen zonas de olvido como,
entre otras, la conservación de validez de los procesos ante los tribunales
militares y especiales subversivos que condenaron con terrible dureza a los
republicanos y demócratas.
En
la transición española se aprobó la ley de amnistía, como forma de superar
el régimen franquista y generar un clima de concordia y de consenso
constitucional. Así lo expresó entonces Marcelino Camacho: "Hemos
enterrado nuestros muertos y nuestros rencores". Era una forma de
materializar la reconciliación y abrir una etapa de diálogo en la construcción
de la democracia. Pero la amnistía no podía representar "un borrón y
cuenta nueva" como si el pasado del franquismo y de la represión no
hubiera existido. Y, ciertamente, la amnistía favoreció el olvido hasta fechas
muy recientes de los atropellos de la dictadura.
Atropellos
y barbarie, que es necesario tener presente este año de 2006, 70 aniversario
del golpe militar y del comienzo de la guerra civil. Las elevadísimas cifras de
de fusilados y encarcelados por las autoridades franquistas, además de
torturados, depurados profesionalmente, exiliados, desposeídos de sus bienes y
perseguidos personal y familiarmente, justifican que el Consejo de Europa haya
planteado no sólo instituir el 18 de julio del 2006 como jornada de condena
internacional del régimen del general Franco, sino que insta al Gobierno
español, como ya lo había hecho Amnistía Internacional, a "la constitución
de una comisión nacional de investigación sobre las violaciones de los
derechos humanos cometidas bajo el régimen franquista". Pero el Gobierno
continua aplazando injustificadamente la respuesta. Es más, el pasado martes
rechazó, alineándose con el PP, las proposiciones de ley sobre la memoria histórica
de Izquierda Verde y Esquerra Republicana.
PERO HAY una cuestión que por su gravedad y enorme dimensión humana exige una
respuesta urgente. El Estado y las administraciones están obligados a afrontar
definitivamente el problema de los desaparecidos como consecuencia de las
actuaciones de las tropas y milicias franquistas. El Consejo de Europa los ha
evaluado de forma aproximada en 30.000. Las desapariciones provocadas por el
franquismo tienen origen, en su mayor parte, en la comisión masiva de delitos
de detención ilegal sin que posteriormente se diera cuenta del paradero de la
persona detenida, que era ejecutada extrajudicialmente, conducta delictiva en
cualquier ordenamiento penal, tanto entonces como ahora. Conductas gravísimas
que, desde hace muchos años, constituyen delitos de lesa humanidad, crímenes
internacionales que atentan contra todos los derechos básicos de la persona.
Se
trata de un delito de ejecución permanente, que sigue cometiéndose mientras se
mantenga la detención o desaparición. Así lo entiende la ONU:
"Todo acto de desaparición forzosa será considerado delito permanente
mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona
desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos". Por su carácter
de delito permanente, las detenciones ilegales, determinantes de desapariciones,
no pudieron quedar comprendidas en la ley de amnistía, que sólo alcanzaba a
los "actos" delictivos que relacionaba "realizados", es
decir, consumados, antes del 15 de diciembre de 1976. Por tanto, en ningún caso
podía incluir hechos delictivos que en esa fecha aún estaban produciéndose,
dado que no era conocida la suerte de los desaparecidos. Por esta causa,
tiene un riguroso fundamento requerir a la Administración de justicia que asuma
un papel más activo en la "localización de fosas, exhumaciones,
identificación de restos y restitución a sus familiares" (AI) porque, sin
lugar a dudas, es a quien corresponde, de oficio o a denuncia de particulares,
investigar y esclarecer hechos de naturaleza penal. Es la jurisdicción penal la
que, por mandato del artículo 340 de la ley de enjuiciamiento criminal, debe,
ante una posible "muerte violenta o sospechosa de criminalidad",
proceder a la identificación y reconocimiento del cadáver o los restos
humanos.
LO QUE NO podía continuar ocurriendo es que el Estado abdicase de tan relevante
responsabilidad trasladándola, sin más, al esfuerzo personal y económico de
los familiares de víctimas y asociaciones comprometidas en esa tarea. El
Gobierno, a través de la orden de 16 de diciembre del 2005 de la
vicepresidenta, ha corregido parcialmente su anterior pasividad y se ha
comprometido a otorgar subvenciones públicas a aquellas iniciativas.
Concretamente, podrán concederse a quienes pretendan "la investigación,
exhumación e identificación de las personas desaparecidas violentamente
durante la guerra civil o durante la represión política posterior y cuyo
paradero se ignore". Es una decisión acertada pero tardía e incompleta.
Pero, en todo caso, la Fiscalía General del Estado, no necesita de una decisión
ni del impulso del Gobierno para actuar frente a las "desapariciones
violentas" producidas por la represión franquista. Está obligada a ello
por la Constitución y la ley de enjuiciamiento criminal.
Mientras
el Estado democrático no responda cumplidamente, entre otros, a este
compromiso, el franquismo no estará definitivamente superado.
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Carlos Jiménez Villarejo es Exfiscal
anticorrupción
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