Más
allá de la reparación 'moral' de las víctimas del franquismo
Sergio
Gálvez
Mundo
Obrero/ ene 05
La Comisión
Interministerial para el estudio de las víctimas de la Guerra Civil y del
franquismo, se centra en la investigación de lo sucedió a” los que, como
consecuencia de su compromiso democrático, padecieron actuaciones represivas
durante la guerra civil y el franquismo, y hasta la restauración de las
libertades democráticas, así como de proponer las medidas, legales o de otro
tipo, que resulten necesarias para ofrecerles adecuado reconocimiento y
satisfacción moral”. Veamos algo más de su contenido.
En la consecución de dicho propósito se plantean varias medidas, destacando en
primer término la realización de un informe sobre el estado de la cuestión.
La pregunta que debe formularse es qué historiadores serán los encargados, y
he aquí un punto para comenzar a inquietarse, no sólo por la falta de noticias
sino por la elección de los investigadores que se realice, dado que el tema no
concita precisamente unanimidad, en el gremio.
De igual forma se pretende acometer un informe que permita establecer las
condiciones de acceso a los archivos públicos y privados, lo que de llevarse a
cabo supondría un crucial paso a medio y largo plazo para el avance de los múltiples
aspectos aún por investigar. No obstante, cabe inquirirse que sucederá con los
fondos documentales de los archivos militares, y hasta dónde llegará la total
apertura, en donde se hace imperativo de una vez por todas cumplir la normativa
del Consejo Internacional de Archivos.
El punto siguiente a destacar es la elaboración de un anteproyecto de ley en el
que se regulen las medidas que conduzcan a la restablecimiento exclusivamente
“moral” de las víctimas. Como ha denunciado recientemente la Asociación de
Archivo Guerra y Exilio (AGE) (véase su acertada carta-denuncia a la Comisión
del 15/XI/2004), parece ser que ha habido una importante errata, ya que en las
declaraciones tras el Consejo de Ministros del 23 de julio se planteó la
“rehabilitación moral y jurídica” de las víctimas. Omisión o error, el
asunto es de tanta trascendencia que de no solucionarse, el RD y sus medidas
quedarían extremadamente limitadas en cuanto a sus objetivos.
De hecho la encargada de la Comisión, la vicepresidenta Teresa Fernández de la
Vega, ya ha declarado que el plan del ejecutivo se limitaría a dar “plena
satisfacción moral a quienes se vieran sometidos a procesos enfrentados a las mínimas
reglas jurídicas que conforman la idea de un juicio justo” (El Periódico de
Aragón, 16/X/2004). Lo que contrasta claramente con las noticias aparecidas en
El País los días 11/IX/2004 y 19/X/2004, en los que se anunció que el
Gobierno iniciaría la “rehabilitación moral y jurídica”. Sin duda hasta
que no se aclaren estos extremos poco o nada se podrá avanzar.
Interrogantes
Una primera pregunta es ¿qué tipo de memoria se pretende definir y establecer
por parte del Gobierno?, ¿estamos ante la creación de una memoria oficial o
institucional?. De ser así, el peligro que se corre es mayor dado que ningún
organismo estatal o autonómico puede otorgarse el derecho a establecer un tipo
de memoria oficial, al ser ésta patrimonio de todas y todos los ciudadanos.
Además si por algo se caracteriza este tipo de memoria histórica es por su
naturaleza multidimensional y proteica.
El segundo interrogante es si la formulación de la memoria histórica del
ejecutivo estará basada en la idea de concordia, que el Ministro de Defensa José
Bono nos proporcionó a todos los españoles con el desfile militar del 12 de
octubre, poniendo a la misma altura a vencedores y vencidos. Lo que significaría
la vuelta al metarelato, muy en boga durante la transición, de que todos fuimos
culpables de lo sucedido, dando por consiguiente razón a las tesis del
revisionismo histórico.
Además no puede ocultarse una intencionalidad política de tratar de finalizar
el asunto lo antes posibles con los menores costes políticos (y económicos)
para el Gobierno y el partido socialista. Lo que supondría cerrar la cuestión
en falso una vez más, y perpetuar un tema en el que en pocos años no habrá
testimonios vivos del genocidio.
En resumen, la encrucijada de la memoria histórica se debate en múltiples
preguntas. En tanto, la cuestión de la represión franquista y de sus víctimas
continúa siendo un tema que desborda el ámbito estrictamente historiográfico,
y se reconduce por diversos vericuetos.
El Foro por la Memoria hace valer su trabajo
El día 2 de Diciembre la Comisión Interministerial
para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil recibió al
Foro por la Memoria en Presidencia del Gobierno.
Dentro de la ronda informativa que está realizando dicha Comisión con las
entidades más significativas en el ámbito de la Recuperación de la Memoria
Histórica, una comisión delegada por el Foro por la Memoria formada por Paloma
Vázquez, responsable de organización del Foro por la Memoria, Sergio Gálvez,
responsable de Historia de la Comisión Federal del Foro por la Memoria, Víctor
Díaz Cardiel miembro de Unidad Cívica por la República y militante histórico
del PCE, y Francisco Javier Moreno Díaz, miembro de la Comisión Federal del
Foro por la Memoria, fue recibida por una representación de la Comisión
Interministerial formada entre otros por su Presidente y el Director General del
Libro.
La reunión transcurrió de forma muy positiva. La comisión fue creada para
recabar información y hacer un balance de la situación actual de los
represaliados del franquismo, así como de las diferentes posturas mantenidas
por las asociaciones que las representan.
El Foro por la Memoria defendió su postura constante de combate contra la
impunidad; con esta postura, avalada por la asesoría de los abogados del Foro
por la Memoria para mantenerla dentro de un contexto de legalidad internacional,
se intenta la restitución moral, social y política de las víctimas del
franquismo (presos políticos, asesinados, desplazados, topos, guerrilleros,
etc).
Resultó muy importante también la aportación por parte del Foro de su
Protocolo para la realización de excavaciones para la exhumación de fosas
comunes (es relevante destacar que sólo existen dos asociaciones que realizan
exhumaciones en el ámbito estatal, una de ellas es el Foro por la Memoria).
Este protocolo fue recibido por parte de la comisión de forma muy favorable al
destacar el foro que, para la asociación, es prioritario la judicialización de
las excavaciones, así como la naturaleza pluridisciplinar de éstas.
Resaltar la importante aportación del camarada Víctor Díaz al exponer sus
razones delante de la Comisión. La aportación del veterano represaliado afianzó
la postura del Foro por la Memoria y del PCE dentro de la memoria histórica.
La Comisión anunció que tenía previsto finalizar sus trabajos en el mes de
febrero, cosa que creen que no van a poder cumplir por la dimensión de la
tarea. Dentro de estas tareas, estaría un proyecto de normalización de las
exhumaciones de ámbito estatal con el fin de combatir las exhumaciones
incontroladas, como también anunció que continuaba abierta a las diferentes
aportaciones que proponga el Foro por la Memoria.