Resolución del PCE sobre el inminente juicio al alcalde de Puerto
Real, José Antonio Barroso, por injurias al Jefe del Estado
Conferencia de Organización y Finanzas del
PCE / 21 may 09
El proximo
dia 2 de junio la Audiencia Nacional juzgará a Jose Antonio Barroso,
Alcalde de Puerto Real (Cadiz) y militante de IU y del PCE, por un
delito de injurias al actual Jefe de Estado. En caso de ser condenado,
Jose Antonio Barroso podria ser el primer cargo publico de este pais,
elegido democraticamente en las urnas, que resultara inhabilitado para
el ejercico de cargo publico por el mero hecho de haber expresado
publicamente sus opiniones sobre el actual Jefe de Estado. De esta
forma, se produciria una conculcacion del derecho de los ciudadanos de
Puerto Real a elegir libre y democraticamente a su alcalde, además de
una conculcacion del derecho a la libertad de expresion de ideas
politicas del compañero Barroso. Todo ello, resultado de una querella
interpuesta por la Fiscalia de la Audiencia Nacional, que entiende que
las manifestaciones sobre la condicion personal y actividades economicas
del actual Jefe de Estado, vertidas publicamente por el Alcalde Barroso,
deben llevar aparejada una sancion penal, mientras que esa misma
Fiscalia se ha abstenido de actuar, por ejemplo, contra destacados
cargos publicos de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) que
publicamente pidieron, concretamente, la “muerte al Borbon”, sin que tal
afirmacion haya supuesto el inicio de actuacion judicial alguna. Esta
diferencia de trato dada por la Fiscalia de la Audiencia Nacional a los
militantes y cargos publicos de IU respecto a militantes y cargos
publicos de otros partidos politicos, merece todo nuestro rechazo,
condena y estupor, por considerar que estamos ante una nueva
discriminacion, en este caso de Izquierda Unida, frente a otras fuerzas
politicas.
Los hechos por los que el compañero Barroso podria ser condenado e
inhabilitado como Alcalde se remontan al 14 de abril de 2008,
concretamente a las manifestaciones vertidas en un acto celebrado en el
Ateneo Republicano de Los Barrios (Cádiz). Al margen de la coincidencia
o no con las concretas manifestaciones vertidas por el compañero
Barroso, el PCE entiende que cualquier ciudadano tiene derecho a
expresar sus opiniones sobre cualquier persona, incluido el Jefe del
Estado, siempre que dichas manifestaciones no pretendan ser insultantes.
En el presente caso, conviene resaltar que todas las manifestaciones
vertidas por el compañero Barroso han sido reproducion de otras
manifestaciones previamente realizadas, explicadas, difundidas y
acreditadas por varios periodistas e historiadores, que han manifestado
las mismas opiniones en publicaciones que han sido legalmente difundidas
en toda España desde hace años, sin que en estos casos tampoco haya
existido reproche penal alguno por parte de la Fiscalia o los
tribunales.
Denunciamos igualmente que la actual legislacion penal española impide
que cualquier acusado por un supuesto delito de injurias a la Jefatura
del Estado pueda utilizar las minimas armas de defensa procesal que
nuestra Constitucion y la legislacion penal preven para los supuestos de
delitos de injurias o calumnias respecto a cualquier persona. Este
inadmisible privilegio legal reservado al Jefe de Estado y a distintos
miembros de su familia, impropio de un estado democratico de Derecho,
constituye una clara discriminacion de cualquier ciudadano que pretenda
expresar sus opiniones politicas sobre la monarquia española, ademas de
provocar la absoluta indefension de quien se atreviera a realizar tales
manifestaciones. Lo anterior, ademas de ser politicamente reprochable
conculca lo establecido en el artículo 7 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, que reza:
“Todos son iguales ante la ley y tiene, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienes derecho a igual protección contra
toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación”
Así como el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, que reza:
“Todas las personas son iguales ante la ley y tiene derecho sin
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos
(…) de cualquier índole (…) nacimiento (…)”
El PCE hace un llamamiento al Gobierno español para que de inmediato de
instrucciones para la retirada de la acusacion de la Fiscalia contra el
Alcalde Barroso, retirada que significaria sin mas el archivo de la
causa evitandose la celebracion de juicio alguno. El PCE hace resposable
al Gobierno del Presidente Zapatero de las consecuencias politicas que
tendria una hipotetica sentencia condenatoria que privara a los
ciudadanos de Puerto Real del Alcalde que democraticamnete han elegido.
Igualmente, hacemos un llamamiento a todas las fuerzas politicas que se
sientan democraticas, para que de inmediato se proceda a eliminar de
nuestra legislacion los injustificables privilegios de que disfruta la
monarquia en nuestro pais, maxime cuando estos privilegios discriman
claramente al resto de ciudadanos y pueden provocarles la privacion de
sus derechos, incluido el derecho a la libertad.
Convocamos a todos los democratas, especialmente a aquellos que se
sienten republicanos, a que acudan el próximo dia 2 de junio a las 10 de
la mañana a la Audiencia Nacional, para apoyar con su presencia al
compañero Alcalde de Puerto de Real, Jose Antonio Barroso.