Como desliza
Varela en su resolución, en la que
tacha de prevaricadora toda
la actuación de Garzón en relación
con la investigación de las
desapariciones franquistas, el hecho
de que el juez fuera el primero en
dar ese paso dibuja un escenario
equivalente a que existiera "una
especie de conspiración de silencio
de la que serían protagonistas todos
quienes le precedieron en el
escalafón judicial y en el
Ministerio Fiscal, por no citar a
las organizaciones ciudadanas que,
antes y después de la Constitución,
han mostrado
una
encomiable sensibilidad
frente a la masacre y a la tragedia
que para los más elementales
derechos humanos supuso la Guerra
Civil y la dictadura que le siguió".
"El auto se celebró en Génova,
Ferraz y las herrikos", según el
entorno del juez
Es decir, una vez más, Garzón, con
su iniciativa instructora, se
pondría por encima de todos,
incluidos los magistrados que por su
rigor y conocimiento judicial
conforman la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, la cúspide de la
jurisdicción ordinaria y el
referente moral de la carrera
judicial. Y eso no gusta a todos.
Y a los que no les gusta se suman
los
enemigos que el magistrado se ha ido
ganando durante sus 22 años
de profesión. Fuentes de su entorno
señalan que "Garzón es un hombre al
que su carácter obliga y se ha
metido en todos los charcos que se
le han presentado". En un primer
momento, pensaron que el auto de
Varela "se estaría celebrando tanto
en Génova [en referencia a la sede
nacional del PP] como en las herriko
tabernas".
De la Gürtel a ETA
Es probable
que la explicación sea redundante,
porque la referencia es clara, pero
desde que hace justo un año estalló
el
caso Gürtel,
el
Partido Popular
se lanzó en
tromba contra el instructor
. Ya no lo es y aunque su sucesor,
Antonio Pedreira, ha ratificado su
instrucción, todavía sobrevuela
sobre él la amenaza de querellas.
Los que creen que el caso Gürtel
dejará en pañales a Filesa
sostienen que ha sido el detonante
para que "se haya levantado la veda"
contra el juez. Y la celebración en
el País Vasco será porque fue el
primer juez que estableció que los
terroristas de ETA no son sólo los
que portan armas y empezó a luchar
contra el entorno de la banda.
Luego ampliaron los lugares de
fiesta a Ferraz, la sede del PSOE,
en la que algunos sectores siguen
sin perdonar que el magistrado
investigara los GAL después de pasar
por el Ministerio del Interior en el
Gobierno de Felipe González.
Independientemente de esos motivos,
lo que nadie discute es que en este
momento se
admiten todas
las querellas
presentadas en su contra, provengan
de quien provengan. En la causa
abierta por prevaricación por el
caso de la memoria histórica, la
acusación la ejercen el
autodenominado sindicato de
funcionarios Manos Limpias, la
asociación Libertad e Identidad
también de corte ultraderechista y
el partido Falange Española de las
JONS, al que Varela aún debe fijar
una fianza para poder actuar contra
Garzón.
En el otro frente se le investiga
por el patrocinio que Banco
Santander hizo de dos cursos que
impartió durante su estancia en
Nueva York. Una financiación por la
que el propio presidente de la
entidad, Emilio Botín, fue
preguntado este jueves durante la
presentación de resultados anuales
de la entidad. Aseguró que el
Santander es "el banco más
importante del mundo en relación y
colaboración con universidades",
actividad a la que dedica 100
millones de euros al año.
A Garzón
se le acusa de
cohecho,
por los hipotéticos pagos que
recibió por los cursos impartidos en
la Universidad de Nueva York, y de
prevaricación, porque cuando volvió
al Juzgado, archivó, siguiendo el
criterio del fiscal, una querella
interpuesta contra Botín. La Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional
ratificó el archivo.
En esta causa, abierta después de
que
se archivara una primera querella
por los mismos hechos, le acusan dos
abogados: Antonio Panea y José Luis
Mazón. El primero era accionista y
abogado de Banesto y juró odio
eterno al Santander por la forma en
la que adquirió la entidad
intervenida. El segundo fue amigo y
abogado del ex consejero de Banesto
Rafael Pérez Escolar, ya fallecido,
que libró una larga batalla judicial
contra Botín. Mazón se ha
caracterizado por conseguir lo que
parecía imposible: condenar a los
magistrados del Tribunal
Constitucional por archivar de forma
arbitraria un recurso, expulsar de
la carrera judicial al juez Ferrín
Calamita por oponerse a la adopción
de una niña por sus convicciones
religiosas, revocar el nombramiento
de Javier Gómez Bermúdez como
presidente de la Audiencia Nacional
o que el Comité de Derechos Humanos
de la ONU condenara a España por
falta de doble instancia judicial.
Nuevos frentes
Y, en la
recámara, aguarda su turno otra
querella, la primera interpuesta por
las escuchas
de las conversaciones
que los imputados en la Gürtel
en prisión mantuvieron con sus
abogados. Es la de Ignacio Peláez,
el ex fiscal de la Audiencia
Nacional que defiende al constructor
imputado en el caso José Luis
Ulibarri. El Colegio de Abogados de
Madrid también ha anunciado que se
querellará contra Garzón y las
fiscales Anticorrupción adscritas al
caso.
Estas querellas, también por
prevaricación, deberían ser
rechazadas o bien ampliarse al
actual instructor del caso. El
magistrado del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid Antonio Pedreira
rechazó en un auto muy motivado los
primeros recursos presentados contra
la orden de Garzón de intervenir las
conversaciones. No en vano, él las
mantuvo.
Pero, aun así, no pudo evitar
contagiarse del
ambiente contra Garzón que se
respira en el mundo judicial e
incluyó en su resolución una
referencia a que el abogado de
Francisco Correa, el ex compañero de
Garzón José Antonio Choclán,
pretendía unir la "suerte" de su
recurso a la del primer instructor.
Futuro nada halagüeño
Para cuando el Supremo determine si
admite a trámite o rechaza esas
querellas, es muy posible que Garzón
ya haya sido
suspendido cautelarmente por
el Consejo General del Poder
Judicial, lo que ocurrirá en cuanto
el Alto Tribunal dicte el auto de
transformación necesario para juzgar
al juez y solicite que se le aparte
del Juzgado Central de Instrucción
número 5. La prevaricación se pena
con hasta 20 años de inhabilitación.
Este auto era el que se esperaba de
Varela, una vez hubiera formalizado
la acusación de Falange. Sin
embargo, habrá que esperar, porque
el instructor ha preferido dejar al
querellado la posibilidad de
recurrir y que sea la Sala Segunda
que admitió la primera querella la
que lo siente en el banquillo. De
esa Sala forma parte Adolfo Prego,
un viejo conocido de Garzón, al que
las víctimas del franquismo
intentaron apartar del caso por
haber firmado un manifiesto contra
la Ley de Memoria Histórica y ser
patrono de la fundación para la
Defensa de la Nación Española.
Las víctimas, cuya personación fue
rechazada en el procedimiento,
olvidaban que la inquina que gran
parte de la Sala Segunda del Supremo
y del CGPJ sienten hacia Garzón
supera
la
división de izquierdas y derechas.
De hecho, Varela es un histórico de
Jueces para la Democracia.
Pero también se le considera un
enemigo acérrimo de Garzón. Dicen
que hace ya 15 años predicaba a los
opositores que preparaba para
acceder a la carrera judicial que
"Dios vino al mundo dos veces: una
en Belén, y otra en Jaén, y ahora es
juez de la Audiencia Nacional".
Más allá de las rivalidades que
hayan podido tener en el pasado,
entre las que algunas fuentes sitúan
los GAL y el proceso que se siguió
contra magistrados progresistas de
la Audiencia Nacional por la
excarcelación de un narcotraficante
apodado El Negro, Garzón y
Varela se sitúan en las antípodas de
cómo entender la judicatura.
El caso es que ni el progresismo de
Varela ha servido para
archivar el procedimiento abierto.
El auto del jueves cercenó esta vía:
declaró que había prevaricación en
la actuación de Garzón y negó la
posibilidad de investigar penalmente
los crímenes del franquismo. Y el
recurso contra el auto, definido por
algunos como "un poner la cabeza
para que la corten", será
previsiblemente rechazado.
Así se dará la paradoja de que
Garzón será juzgado por prevaricar
al haber abierto la primera causa
penal al franquismo, pese a que se
archivó a través de recursos. Hasta
algunos de los más acérrimos
detractores del juez entienden que
en la causa de la memoria histórica
no hubo delito.
"Si allí hay prevaricación,
prevaricamos todos", apunta un juez
antes de recordar que cinco
magistrados de la Audiencia Nacional
apoyaron los planteamientos de
Garzón para asumir la investigación,
lo que veta la prevaricación.
Pero es que muchos jueces consideran
que castigar a Garzón por ello,
además de ser difícil de explicar a
la opinión pública, supondrá un
peligroso precedente para todos.
¿Por qué? Porque implicaría castigar
también a los jueces que cometen un
error. Esta misma semana, el Supremo
absolvió a un hombre condenado por
la Audiencia de Las Palmas a 36 años
de cárcel, pese a que las pruebas de
ADN lo exoneraban. ¿También
prevaricaron o sólo se equivocaron
al interpretar las pruebas?
En cualquier caso, los contrarios a
Garzón comparan su juicio por la
memoria histórica con la condena del
mafioso Al Capone por delito fiscal.
Y restan importancia al caso, porque
creen que "si hubiera mantenido una
actitud recta, no le habría pasado
nada".
La causa con más apoyos
Pero no deja de ser difícil de
entender que se pueda juzgar a un
juez por abrir una causa. Y es más
curioso, porque en este
procedimiento, en el que la opinión
pública al menos la de izquierdas lo
apoya incondicionalmente, con una
dosis de desprestigio equivalente
para el Supremo, la defensa será más
complicada que en la otra causa.
De la querella de los cobros en
Nueva York, se ocupará Manuel
Marchena, un magistrado de talante
conservador, considerado mano
derecha de Jesús Cardenal durante su
mandato al frente de la Fiscalía
General del Estado. En conclusión:
tampoco proclive a Garzón.
Esta misma semana, participó en un
encuentro en Madrid en el que
coincidió con el vicedecano del
Colegio de Abogados de Madrid, Luis
Rodríguez Ramos, abogado del
diputado nacional del PP imputado en
el caso Gürtel, Jesús
Merino. Trataron la regulación de
las intervenciones telefónicas a
través de Sitel.
Pero la situación de Garzón supera
que se designe a un determinado
magistrado u otro como instructor de
las causas abiertas en su contra. La
forma en la que ha ejercido la
judicatura, su exposición en los
medios o su ambición le han
permitido abrir nuevas vías de
investigación contra el entorno de
ETA, contra el narcotráfico o contra
los crímenes contra la humanidad,
pero también le han granjeado
enemigos.
Su entorno atribuye a la envidia la
apertura del procedimiento porque el
Santander financió con 302.000
dólares (260.000 euros) los
cursos que impartió en Nueva York,
en los que intervinieron Felipe
González o Álvaro Uribe. Pese a que
las cartas encabezadas por "un
querido Emilio" con las que
agradeció el patrocinio dañaron la
imagen del juez, la defensa no
parece complicada: comparar sus
ingresos con la contabilidad de la
entidad universitaria.
Para admitir a trámite las
querellas, el Supremo aplicó el
artículo 410 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, que permite recabar
antecedentes para evitar querellas
temerarias. El abogado de Garzón,
Gonzalo Martínez-Fresneda, advierte
en sus escritos de que la
investigación ha ido mucho más allá,
"al llevarse a cabo una instrucción
material de la causa sin permitirle
defenderse a lo largo de la misma".
Peor que a otros jueces
Por eso, considera que ha sido peor
tratado que los demás ciudadanos. Lo
que es seguro es que se le ha
tratado peor que a otros jueces. Las
dos últimas sentencias del Supremo
por prevaricación judicial han sido
absolutorias. Al juez Francisco
Javier de Urquía le quitó la
prevaricación, pese a declarar
probado que recibió dinero del ex
asesor de Urbanismo de Marbella Juan
Antonio Roca. Y al ex presidente de
la Audiencia de Las Palmas José
Antonio Martín también, pese a que
el TSJ canario le había condenado,
tras escuchar a sus compañeros de
tribunal, por mediar a favor de la
excarcelación de un narco.
Independientemente de todo, para
explicar por qué han triunfado las
querellas presentadas contra el
juez, es perfectamente aplicable el
refrán de más vale llegar a tiempo
que rondar cien años. Ahora hay
muchos magistrados y vocales hartos
de ese pasarse de frenada que se ha
atribuido al magistrado con
frecuencia, al igual que el de ser
mal instructor. Supuestos defectos
que, sin embargo, le han permitido
amargarle sus últimos años al
dictador Augusto Pinochet, impedir
que los crímenes de Estado quedaran
impunes y dar un paso de gigante en
la lucha contra ETA y el
narcotráfico.