Isabel Caballero
Nueva
Tribuna
6
de Febrero de 2010
Los requerimientos hechos a España por distintos
organismos internacionales sobre la que se ha venido
a llamar como 'ley de punto final' han caído en saco
roto. La causa contra el juez de la Audiencia
Nacional abierta por el Supremo tiene todos los
visos de salir adelante pero la reacción fuera de
nuestras fronteras puede ser mayor de la esperada.
Ayer se conoció el
auto
dictado por el magistrado del Tribunal Supremo,
Luciano Varela, contra el juez de la Audiencia
Nacional, Baltasar Garzón, en el que le acusa
de prevaricación por querer investigar los crímenes
de la Guerra Civil y el Franquismo, abriendo así la
posibilidad de que sea juzgado y condenado a la
inhabilitación por un periodo de hasta 20 años.
La causa se abrió a raíz de la
querella
interpuesta por el ultraderechista sindicato Manos
Limpias el 27 de mayo de 2009, a la que después de
adhirieron las
demandas
presentadas por la asociación Libertad e Identidad,
el 15 de junio de 2009, y la Falange Española de las
JONS.
Al margen de las consideraciones que pueda
despertar la naturaleza de los querellantes,
herederos de la rémora franquista, hay otras
cuestiones de carácter jurídico que no deberían
pasarse por alto. Varela sostiene que Garzón no es
competente para juzgar los crímenes de la dictadura
amparándose en la
Ley de Amnistía de 1977.
Razonamientos jurídicos no le faltan si se basa,
como es el caso, en los límites impuestos por la
jurisdicción española (la “autarquía jurídica”),
pero el asunto, visto desde la óptima del derecho
público internacional, no solo es injusta, también
roza la ilegalidad.
EN EL DERECHO INTERNACIONAL NO EXISTEN LAS 'AUTOAMNISTÍAS'
Hasta ahora no han sido pocos los organismos
internacionales que han recordado al Gobierno
español que las “autoanmistías” no están
contempladas en el ordenamiento jurídico
internacional. Así lo ha sostenido en reiteradas
ocasiones el Comité de Derechos de Naciones Unidas
que ha pedido a España que derogue la Ley de
Amnistía, calificada por muchos como la ‘ley de
punto y final’.
Dicha norma, nacida de la Transición favorece a
los responsables de delitos cometidos durante la
Dictadura. Sin embargo y, curiosamente, España firmó
meses antes de aprobarse esta ley el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la
ONU que en su artículo 15.2 establece que “nada
de los dispuesto en este artículo se opondrá al
juicio ni a la condena de una persona por actos u
omisiones que, en el momento de cometerse, fueran
delictivos según los principios generales del
derecho reconocidos por la comunidad internacional”,
un precepto que por sí solo invalida el mecanismo de
“autoamnistía” al que ahora se acoge el juez Varela.
El Gobierno sigue haciendo mutis por el foro ante
los requerimientos internacionales, pero al mismo
tiempo suscribe tratados como el ratificado en
agosto de 2009 en el marco de la Convención
celebrada con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de los Desaparecidos (30 de agosto) a
la que se le dio muy poca publicidad.
Dicha
convención
(que aún no ha entrado en vigor a falta de ser
firmada por otros países) prohíbe las detenciones
secretas y contempla el derecho a la reparación para
las víctimas y sus familiares. Aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
diciembre de 2006, su objetivo es prevenir las
desapariciones forzadas, luchar contra la impunidad
de estos delitos y hacer realidad el derecho de las
víctimas a la justicia y a la reparación. Además,
recuerda que en ciertas circunstancias, las
desapariciones forzadas pueden ser consideradas
crímenes contra la humanidad y, en consecuencia,
estar sujetas a persecución penal internacional.
Se trata de un tratado de derechos humanos
histórico que tiene mucha relevancia para España y
que aporta argumentos adicionales a la
interpretación de Garzón al declararse competente
para investigar la desaparición de 114.000 personas
entre 1936 y 1951 según argumenta EDIEC (Centro de
Intercambio de Información sobre Desapariciones
Forzadas) en un
artículo publicado
en octubre de 2008.
"EL JUEZ VARELA PLANTEA LA NEGACIÓN DEL DERECHO
INTERNACIONAL"
¿A qué se debe entonces esta
persecución a Garzón? El presidente de la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica,
Emilio silva, lo tiene muy claro: “No van contra
la prevaricación, van contra el juez”. En
declaraciones a nuevatribuna.es, Silva afirma
que “la autarquía jurídica no se ha roto en España
donde sigue sin aplicarse el derecho internacional”.
A su juicio, lo que plantea el juez Varela en su
auto es precisamente “la negación” de la legalidad
internacional. “Es muy grave –dice- que España quede
al margen” y que “aplique a 13.000 kilómetros de
distancia unos delitos que no aplica dentro”.
Con esta situación, la
Ley de Memoria Histórica
aprobada por el Gobierno socialista, se queda en
papel mojado, una normativa “blanda”, en opinión de
Silva, que quedó “dinamitada” cuando Garzón asumió
la responsabilidad de investigar los crímenes del
Franquismo. “En ese momento tiró por los suelos la
rentabilidad política” que obtuvo el PSOE, un debate
que –recuerda- fue zanjado por el propio presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
al decir que “a Franco ya le ha condenado la
historia”.
A la falta de voluntad política se une el
hecho de que la mayoría de los miembros del Supremo
juraron los principios del Movimiento declarando su
fidelidad al Régimen, por lo que para Silva
“deberían ser inhabilitados en asuntos como este”.
De hecho, algunos de ellos han sido ya recusados por
el letrado Joan Garcés, abogado de Carmen,
la nieta de Juan Negrín, el que fuera
presidente del gobierno de la República desde 1937
hasta 1939.
Silva no confía en que Garzón salga indemne de
este proceso abierto contra él. Él mismo aventuró
hace escasos meses que la Ley de Amnistía es
doblemente impune: políticamente “porque durante
muchísimos años el Parlamento vivió ajeno a las
violaciones de los derechos humanos durante el
franquismo”; y jurídicamente, “porque significó un
blindaje que puede hacer que un juez de la Audiencia
Nacional que trata de investigar esos hechos quizás
se vea sentado en un banquillo para responder por
una acusación de prevaricación que ha hecho un grupo
de extrema derecha”.
Sin embargo, Silva también quiere ver el lado
positivo de este asunto que puede venir dado por la
reacción internacional y el apoyo a Garzón de los
Premios Nobeles de la Paz ante lo que el Gobierno
quizá se vea obligado a dar explicaciones.
Lo que ha supuesto la apertura de esta
causa para Garzón tiene también en su opinión la
derivada del “miedo”, el miedo de las víctimas por
escarbar un asunto que en España está relegado al
plano personal y familiar; y el temor de unos jueces
(a los que Garzón ha rebotado las causas, un total
de 55) por llevar adelante el proceso de
exhumaciones (tan solo una jueza de Benavente, en
Zamora, se ha atrevido hasta el momento a hacerlo)
después de ver la “persecución” a la que está
sometido el magistrado de la Audiencia Nacional.