El País
9
de Febrero de 2010
El 33º aniversario de la matanza perpetrada en
el despacho de abogados laboralistas de la
madrileña calle de Atocha, que se cumplió el 24
de enero último, volvió a remover, como cada
año, los recuerdos de quienes sobreviven a aquel
atentado flagrante, cometido desde las entrañas
ultraderechistas del franquismo contra el sector
de la ciudadanía más generosamente comprometido
con el proceso democrático: la izquierda
perseguida y masacrada por la dictadura.
Este
año, el reconocimiento que la Fundación Abogados
de Atocha dedicó a los letrados que ejercieron
la acusación particular contra los asesinos, así
como al colectivo Justicia Democrática, que
luchó contra el franquismo desde dentro de la
judicatura, tiñó de contenido jurídico el acto
celebrado el 23 de enero en la sede de
Comisiones Obreras de la madrileña calle de Lope
de Vega, a muy poca distancia de donde las balas
segaron las vidas de Javier Sauquillo, Javier
Benavides, Enrique Valdevira, Serafín Holgado y
Ángel Rodríguez Leal e hirieron gravemente a
Lola González Ruiz, Alejandro Ruiz-Huertas, Luis
Ramos y Miguel Sarabia.
La
evocación de aquellos días negros, durante los
estertores del régimen, y el recuerdo de aquel
entierro masivo, impresionantemente silencioso y
pacífico, dejó paso este año a la memoria del
proceso penal, a cargo de unos letrados expertos
en defender, pero no en acusar; que acudieron al
juicio como perdedores... de sus colegas
asesinados; que aguantaron con entereza los
insultos en la sala de audiencias, y que
lograron condenas sustanciosas para los autores
materiales de los cobardes crímenes.
Unos
abogados que, a pesar de la rabia originada por
el múltiple crimen, no tuvieron la tentación de
pedir para los asesinos la pena de muerte que
con tanta facilidad aplicaba el Estado fascista
de aquellos pistoleros. Los ocho abogados de la
acusación particular Jaime Sartorius, José Luis
Núñez, José María Mohedano, Cristina Almeida,
José Bono, Antonio Rato y los fallecidos José
María Stampa y Jaime Miralles -este último
particularmente ejemplar por la energía con que
ejerció, como abogado, su búsqueda de la
justicia al margen de ideologías- siempre
lamentaron no haber podido sentar en el
banquillo a las cabezas inductoras de aquella
salvajada, entre otros motivos por la desastrosa
instrucción que realizó el juez Rafael Gómez
Chaparro, que siguió en activo con la
democracia.
En el
acto conmemorativo se afirmó que el juicio
contra los asesinos de Atocha fue el primero
realizado al franquismo, observación que fue
apostillada por el magistrado del Tribunal
Supremo José Antonio Martín Pallín -quien
intervino en nombre de Justicia Democrática- con
las palabras "el primero... ¡y el último!", que
arrancaron un largo aplauso. Según Martín
Pallín, la llamada ley de la memoria histórica
-de título mucho más largo, farragoso y
"atormentado"- no ha respondido a las
expectativas que suscitó, fundamentalmente
porque ha eludido declarar la nulidad de las
condenas procedentes de los órganos de represión
franquista, por la privatización de las tareas
de identificación y recuperación de los
cadáveres y por la extrema lentitud con que el
Gobierno ha puesto en marcha su desarrollo
reglamentario.
A
falta de una ley más clara, explícita y
operativa, la vía judicial abierta por el juez
Baltasar Garzón para investigar los crímenes del
franquismo y las desapariciones forzadas durante
la dictadura es la iniciativa jurídica más
relevante y acorde con la justicia para las
víctimas de aquel régimen, aunque no cuente con
el apoyo del ministerio fiscal -encargado
constitucionalmente, no se olvide, de "promover
la acción de la justicia"- ni de amplios
sectores de la judicatura, desde los que se
pretende criminalizar al propio juez, a petición
del pseudosindicato ultraderechista Manos
Limpias, la asociación Libertad e Identidad y
Falange Española de las JONS. Nada menos.
El
poeta Marcos Ana -quien, junto con el comunista
histórico Domingo Malagón, ha obtenido el Premio
2010 de la Fundación Abogados de Atocha- fue
capaz de mantener, a sus 90 años, 27 de ellos en
las cárceles franquistas, su "esperanza en las
nuevas generaciones, para que prosigan la lucha
por nuestros ideales y se acabe el hambre y la
guerra, desaparezcan las desigualdades y se
pueda comer el pan con alegría". En contraste
con el optimismo del poeta, muchos de los
asistentes al acto, desencantados, manifestaron
sus críticas hacia la Transición.
Unos
días después, el 27 de enero, en el Ateneo de
Madrid, coincidiendo con el Día del Holocausto y
a propósito de la presentación del libro La
lucha por la libertad, editado por la
Asociación de Ex Presos y Represaliados
Políticos, se produjeron más reproches a la que
se denominó "mediocre Transición". Ante un
auditorio de edad avanzada, Gervasio Puerta,
Gregorio Ortiz y Juan Vallejo, cansados de las
dificultades con que chocan las víctimas del
franquismo e incluso un juez, "si se le ocurre
hurgar en la memoria histórica", explicaron que
el libro, del que son protagonistas los
luchadores por la democracia, como los abogados
de Atocha, plantea, "sin rencor", la
recuperación de la República, contra la que se
alzó Franco, y la sustitución de la Constitución
de 1978 por la de 1931. La memoria les hace
insoportable el olvido.