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Joan Herrera i Gaspar Llamazares
Después de mucho tiempo,
el Gobierno, sin mediar comunicación con las fuerzas políticas ni sociales que
hemos impulsado una ley de memoria, ha presentado un anteproyecto sobre esta
cuestión. En el país de la UE que más años ha padecido un régimen
totalitario faltaba lo que ha hecho casi todo el mundo: una política pública
por la recuperación de la memoria democrática. Pero el proyecto no sólo ha
llegado tarde sino que totalmente desenfocado. ¿Puede una ley en democracia
hablar de dos bandos, desde un planteamiento equidistante, cuando lo que la ley
define como uno de los bandos era el gobierno legítimo y democrático mientras
que el otro era un grupo golpista? ¿Podemos no hacer justicia con republicanos
y antifranquistas, cuando sin ellos, simplemente, la democracia que hoy tenemos,
no sería la misma?
Para IU-ICV con esta ley no se trataría de hacer tabla rasa de la reconciliación
ni de la amnistía. Se trata por el contrario, de hacer justicia, en primer
lugar con la historia que ha condenado al franquismo como régimen fascista y,
además, con las víctimas que fueron objeto de cárcel, tortura y asesinato
programado por sus ideas y su lucha por la democracia.
Han pasado 30 años desde el fallecimiento del general Franco, y 27 años desde
la aprobación de la Constitución Española de 1978. Es tiempo suficiente para
que desde una perspectiva histórica, y con nuestra experiencia democrática,
podamos ir gradualmente recuperando y fomentado la memoria histórica de
aquellos ciudadanos y ciudadanas que dieron lo mejor de sí mismos para la
restauración de los valores y principios democráticos. Y ello significa
superar definitivamente cualquier forma de trato discriminatorio a quienes
padecieron persecución, sanciones y condenas penales por razón de la defensa
de los ideales republicanos y democráticos. Es la condición para su plena
rehabilitación moral y jurídica. Pero junto a esta recuperación de la
dignidad del pasado debemos pensar también en el presente. En nuestras jóvenes
generaciones que desean y necesitan saber su pasado político no democrático
para que nunca vuelva a repetirse.
El Estado debe asumir como propia la responsabilidad de recuperación de la
memoria. Y así, para afrontar con total garantía este proceso de regeneración,
debemos, en primer lugar, garantizar por ley, como en otros países democráticos
que han sufrido dictaduras, la supresión de los símbolos franquistas aún
existentes en edificios, públicos y privados, monumentos, calles y plazas,
entre otros. Es imprescindible una reordenación de funciones y usos del Valle
de los Caídos por su alto contenido simbólico franquista para transformarlo en
un "Centro del Memorial de la Libertad", sede de un futuro Instituto
de la Memoria tal y como en Europa y Latinoamérica han realizado la conversión
de centros de represión y tortura, en instalaciones de fomento de la cultura y
tradición democrática.
Ligado a este Instituto de la memoria debería haber un marco institucional, que
liderase, en colaboración con comunidades autónomas, organizaciones sociales,
y especialistas académicos, el desarrollo de una política institucional por la
recuperación de la memoria democrática, desde la educación a la política
museística.
También es fundamental algo que el actual anteproyecto del Gobierno ha
olvidado: la declaración de nulidad de Resoluciones y Sentencias que se
dictaron durante el franquismo. El mantenimiento de la validez de las Sentencias
dictadas por los Consejos de Guerra (los casos de Julián Grimau, el President
Lluis Companys y el de Manuel Carrasco i Formiguera, son elocuentes), en los términos
expuestos, es incompatible con la plena y definitiva rehabilitación moral y jurídica
de las personas condenadas por ellos. Resulta pues incomprensible y reprobable
que el Gobierno haya renunciado en su proyecto a declarar la nulidad de las
sentencias condenatorias dictadas por los Consejos de Guerra.
En definitiva, los daños causados a las víctimas fueron irreparables. Ahora,
ante tanto y tan grave despropósito y completa vulneración de derechos y
garantías, es inaplazable una reparación que la democracia debe a quienes
sufrieron una represión y el terror bajo una mera apariencia de legalidad.
Porque todos aquellos procesos estaban afectados por vicios profundos de forma y
fondo, con una ausencia radical de garantías, determinantes de una completa
indefensión siendo las resoluciones y sentencias que en ellos se dictaron nulas
de pleno derecho.
Hoy, según varias encuestas, a la mayoría de la ciudadanía le es indiferente
la figura de Franco, una indiferencia que tan sólo puede ser fruto del
desconocimiento. La falta de políticas públicas por la recuperación de la
memoria ha hecho que para unos la mejor opción haya sido el olvido, y que para
otros, Franco sea un personaje sobre el que saben poco, y del que se habla
menos. Si el Gobierno opta por tramitar la ley tal y como está, mantendrá la
excitación de un PP, que ha decidido mantenerse beligerante, instalándose así
en la derecha extrema con una reinterpretación interesada de la reconciliación
como absolución del franquismo; y además frustrará muchas expectativas,
incluidas las de muchos socialistas. Permitirá que el país que más años
padeció el fascismo, sea también un país desmemoriado, y difícilmente sentará
las bases para que de una vez por todas tengamos una derecha un poco más
europea.
IU-ICV va a continuar tendiendo la mano para que el Gobierno cambie de actitud y
retome una ley de la memoria que es una obligación con la historia y con las víctimas.
Lo es también para las organizaciones que hoy trabajan por esa recuperación de
la dignidad. Pero sobre todo lo es para la sociedad democrática. La democracia
y la reconciliación no son completas sin justicia y sin memoria. De no ser así,
tanto desde nuestras enmiendas a la totalidad como de tipo parcial, será
necesario cambiar la fisonomía del actual anteproyecto de ley. Sólo así
podremos dignificar plenamente el pasado de quienes sufrieron un régimen
totalitario y decirles a sus hijos y nietos que deben sentirse orgullosos de su
lucha contra el franquismo porque hicieron lo correcto e hicieron lo mejor para
que hoy podamos disfrutar de libertad y democracia. Si la historia lo sabe ¿por
qué no debe decirlo?
