Hace seis años Francia legislaba en
contra de los signos religiosos en las
escuelas públicas, después de varios
años de encendido debate sobre si la
escuela laica y republicana podía
aceptar en sus aulas a una niña que
tuviese que taparse el cabello con un
velo. El país debate ahora la
prohibición del velo integral ha
levantado preguntas sobre los límites de
la tolerancia religiosa y también de la
legislación. Ayer, una comisión
parlamentaria recomendó prohibir su uso
en todos los servicios públicos, aunque
el Parlamento podría estudiar su veto
total, es decir, también en la vía
pública.
La iniciativa de examinar la situación
de las 1.900 mujeres que oficialmente
visten el velo integral -esencialmente
el niqab y el burka-
partió del diputado comunista del
departamento de Rhône, André Guèrin,
quien abrió el debate antes del verano
al proponer una reflexión parlamentaria
sobre el tema y calificó la prenda de
"mortaja". Un mes después, el presidente
Nicolas Sarkozy colocó el debate en la
primera plana en un discurso en
Versalles, en el que calificó la prenda
de "signo de servidumbre". "El burka
no es bienvenido en Francia", sentenció,
dejando clara su postura.
Desde entonces, el tema no ha cesado de
copar portadas. Durante seis meses, la
comisión parlamentaria presidida por
Guèrin ha estudiado la forma de regular
el uso de estas prendas. Los diputados
han entrevistado a más de 200 personas
relevantes sobre el tema, entre ellas
algunas de las mujeres que han decidido
utilizar este atuendo. Finalmente, ayer
presentó sus conclusiones entre una gran
expectación. A falta de un consenso
sobre su prohibición total, es decir,
también en la vía pública, preconiza que
el velo integral no se tolere en los
servicios públicos, esencialmente en las
administraciones, los hospitales, las
escuelas y el transporte público.
La comisión opta por el voto de una
resolución -no vinculante- de condena de
la prenda, que considera "contraria a
los valores de la República", acompañada
de una disposición que prohíba
"disimular el rostro" en los servicios
públicos. De aprobarse, una mujer que
vista el velo integral en el país, según
el Gobierno, podría así ver rechazada la
entrada al metro, a una oficina
administrativa o a un centro médico. El
informe incluso contempla la posibilidad
de que dicha prohibición se extienda por
motivos de seguridad a los espacios
privados abiertos al público, como son
los comercios o los bancos, y que sea
motivo de rechazo de la obtención de la
nacionalidad francesa.
En el principio, todos aceptan que el
burka, y por extensión el velo
integral, supone un agravio para las
mujeres. "Todos estamos de acuerdo con
que el velo no debe instalarse en el
territorio nacional. Debemos hacer todo
lo posible para que retroceda esta
práctica, pero hay que hacerlo de forma
eficaz", señaló Mohamed Moussaui,
presidente del Consejo Francés del Culto
Musulmán tras reunirse la semana pasada
con el presidente francés. Muchos de los
contrarios a la prohibición temen en
efecto que el veto no haga más que
encerrar en sus casas y alejar todavía
más del resto de la sociedad a aquellas
mujeres que efectivamente deban llevar
la prenda por presiones sociales o
familiares. Dalil Boubakeur, rector del
Instituto Musulmán de la mezquita de
París, fue más allá y señaló que una ley
"daría un nuevo impulso a lo que
queremos eliminar".
Otro problema al que apuntó Moussaoui y
del que se hacen eco varios de los
contrarios a la propuesta de prohibición
es que tal ley podría dar "un
sentimiento de estigmatización" de la
población musulmana de Francia, "que en
su inmensa mayoría aspira a practicar su
espiritualidad de forma serena". El
argumento toma un relieve particular en
pleno debate sobre la identidad
nacional, en el que se han sucedido los
deslices xenófobos y que se ha centrado
en gran parte en el Islam y en el lugar
de los franceses de origen musulmán en
el país. El Partido Socialista ha
denunciado que la reflexión sobre el uso
del velo integral se ha contaminado con
este debate, y que se ha boicoteado el
informe de la misión parlamentaria
mixta.
También han salido voces a favor del
veto en el seno de la comunidad
musulmana. La semana pasada, el imán
Hassem Chalghoumi, de Drancy, en las
afueras de París, salió a la palestra
para abogar públicamente por la
prohibición del velo integral. "Soy
favorable a la prohibición por ley del
burka, que no tiene lugar en
Francia", afirmó Chalghoumi en una
entrevista la semana pasada al diario
Le Parisien. "Pero debe ser asociada
a un trabajo pedagógico como se hizo en
2004 con la ley sobre el velo", añadió.
El imán, el primero en defender la
prohibición, recordó sobre todo que el
velo integral no es una prescripción
religiosa sino "una cárcel para mujeres
y un instrumento de dominación sexista".
A Chalghoumi, el ser el primer imán en
tomar posicionamiento a favor de la
prohibición le ha valido amenazas de
muerte por parte de un grupo de
islamistas radicales que le visitaron el
lunes por la noche en su mezquita de
Drancy y le acusaron de "apóstata".
"Quieren que me calle", explicó a Radio
Oriente. "Mi voz es la de la mayoría.
Trabajo por el futuro de nuestros hijos
y de la República para que el Islam
encuentre su lugar y que en ella se
respete a los musulmanes".
Al debate de fondo, se sumó otro no
menos importante de forma. ¿Prohibir el
burka sería constitucional? Sobre
este asunto, el informe que entregó ayer
la comisión se hace eco de las
dificultades jurídicas que supondría
ampliar la regulación a todo el espacio
público, es decir, también a la vía
pública. Su "anulación por parte del
Consejo Constitucional [que ya obligó a
modificar la ley antidescargas y censuró
la tasa sobre el carbono] o una condena
de Francia por parte de la Corte Europea
de Derechos Humanos sonaría como una
derrota para la República", advierten
los parlamentarios.
Sin embargo, varios diputados, liderados
por el presidente del partido
gubernamental en la Asamblea Nacional,
Jean-François Copé, siguen abogando
porque no se vea a ninguna mujer con
velo integrar en la calle. En los
próximos días presentarán una propuesta
de ley para la prohibición total, que
prevé castigar su uso con una multa de
750 euros. La propuesta no se debatiría
hasta la primavera, una vez se hayan
celebrado las elecciones regionales de
finales de marzo.