Europa desarrolló durante siglos un proceso de secularización que ha ido dando lugar a la existencia de estructuras jurídico-políticas neutrales en materia de credos, es decir, estados que no se cerraban en torno a un sistema de ideas y principios de una vez por todas. Ahora parece que las declaraciones de algunos políticos europeos, así como la aprobación de algunas leyes, muestran una peligrosa tendencia a vincular de nuevo el Estado no ya solo a una determinada concepción religiosa, sino a unas concretas raíces étnicas.

      En esta deriva confluye una regresión nacionalista con una regresión identitaria de carácter étnico. Algo que, por otra parte, no es desconocido en Europa. Reaparece, de esta manera, una concepción romántica del nacionalismo, basada en los lazos de sangre, en el territorio, en la etnia y en el manoseado «espíritu del pueblo» o la «identidad nacional». El discurso y la acción política de la nueva derecha en la mayoría de los países europeos están poniendo en práctica una estrategia para fomentar la homogeneidad étnico-religiosa, lo que representa una inquietante amenaza para la tradición democrática y pluralista de Europa, para sus ideales de libertad e igualdad, así como para la credibilidad de la universalidad de los derechos humanos.

      Se vuelve a oír hablar de las «raíces cristianas de Europa» con un discurso frentista contra la cultura árabo-musulmana, tras el que se encuentra la intención de afirmar la superioridad del cristianismo sobre la supuesta barbarie e irracionalidad del islam. Esto va unido a una manipulación de los sentimientos populares mezclándolos con resentimientos racistas y xenófobos contra inmigrantes y minorías en general, abocados injustamente a competir por recursos tanto públicos, como privados.

       Estas y otras afirmaciones, así como la aprobación de vergonzosas leyes que criminalizan al «inmigrante irregular», como ha ocurrido en Italia, van creando un cierto estado de opinión de hostilidad ante el islam, especialmente en los países que han sido y son receptores de inmigrantes musulmanes. Esta hostilidad (islamofobia) aparecería así como algo natural, que justificaría las prácticas de discriminación y exclusión social contra los musulmanes (aunque se trate de ciudadanos del país de acogida, como en el caso de los mal llamados inmigrantes de segunda o tercera generación), así como las leyes incriminatorias contra los inmigrantes irregulares, privados a veces incluso legalmente de todo derecho. Se vuelve a caer en el lenguaje maniqueo y estigmatizador del «inmigrante bueno» (expresión que recuerda a la del «buen padre de familia» de los códigos civiles decimonónicos) y el «inmigrante malo», al que obviamente nadie quiere y se le convierte en sospechoso de la comisión de cualquier acto delictivo.
Tras esto no solo hay racismo, a veces institucionalizado y legalizado, y xenofobia, sino también clasismo e, incluso, machismo.

      Estas no son las mejores condiciones para la convivencia de todas las posibles culturas. Si la laicidad es un método para alcanzar la convivencia entre diferentes, las tendencias de homogeneización, así como de hostilidad, hacia alguna cultura o hacia algunas minorías no solo no son un método adecuado para la convivencia, sino que expresan un contenido delictivo: la pulsión racista y xenófoba que además utiliza la identidad, en este caso, la defensa de la identidad nacional, como mercancía política.

      La identidad cultural o religiosa no puede ni debe separarse de las condiciones políticas, sociales y económicas de las personas. No parece correcto que una autoridad del Gobierno francés recomiende a los jóvenes musulmanes, inmigrantes de segunda o tercera generación, pero ciudadanos franceses, no nos olvidemos, «que busquen trabajo», «que hablen correctamente»... ¿Y los jóvenes no musulmanes, se presupone positivamente que hacen eso?

       Estos debates tienen un objetivo claro, consistente en que las personas se olviden de las consecuencias fatales de la falta de trabajo en nuestras sociedades desarrolladas (algo que sigue y seguirá incrementándose a causa del hecho irreductible de la externalización laboral generada por la globalización económica), de las restricciones de derechos derivadas de la privatización de servicios públicos esenciales como la educación o la sanidad, y de uno de los mayores fallos del sistema capitalista de desarrollo y acumulación incesante que es el cambio climático por sus desastrosas consecuencias en la agricultura, en la generación de pobreza y en los desplazamientos masivos de población en todo el mundo. Enfrentar a las personas por su identidad cultural, étnica o religiosa desde los discursos políticos, frecuentemente con fines electorales, demuestra la incapacidad de la acción política actual para construir un tipo de identidad cívica, social y políticamente abierta y, sobre todo, la inoperancia para generar expectativas sociales y laborales ante la incertidumbre de la supervivencia cotidiana.

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María José Fariñas Dulce es profesora de Filosofía del Derecho. Universidad Carlos III.