Obama
exonera a los torturadores de la CIA
Patrick Martin
Rebelión
24 de Abril de 2009
El
presidente Barack Obama anunció el pasado miércoles que los
agentes de la CIA implicados en los casos de torturas a
prisioneros durante los últimos siete años no van a ser
enjuiciados ni castigados. Cuando el Departamento de Justicia
hizo públicos los memorandos en los que se documentaban con todo
tipo de detalles espeluznantes las directrices seguidas por la
administración Bush en los interrogatorios, la Casa Blanca dejó
claro que ni quienes ordenaron la tortura, ni quienes la
ejecutaron, tendrían que enfrentarse a la justicia.
La
Oficina del Asesor Jurídico, un brazo del Departamento de
Justicia estadounidense, fue quien escribió, en 2002 y 2005, los
cuatro memorandos publicados el miércoles. Forzó su publicación
un tribunal que estableció una fecha tope para la misma en un
juicio del Acta por la Libertad de Información promovido por la
Unión por las Libertades Civiles Americanas (ACLU, por sus
siglas en inglés).
La
ACLU denunció el comunicado de la Casa Blanca de Obama
excluyendo cualquier enjuiciamiento de los torturadores. Anthony
Romero, Director Ejecutivo de la ACLU dijo que los memorandos
“proporcionan pruebas más irrefutables aún de que los
funcionarios de la administración Bush, al más alto nivel del
gobierno, autorizaron y dieron su bendición legal a actos de
tortura que violan tanto el derecho internacional como el
estadounidense”.
El
documento de los memorandos detalla los métodos empleados contra
treinta prisioneros -un número mayor del anteriormente admitido-
que incluían simulación de ahogamiento, palizas y patadas,
estamparles la cabeza contra un muro, bofetadas, mantenerles de
pie durante largos períodos de tiempo, desnudez forzosa,
sujeción prolongada con grilletes, privación de sueño, privación
de alimento y amenazas contra los miembros de la familia de un
detenido.
El
Fiscal General Eric Holder, oficial jefe para la aplicación del
derecho estadounidense, defendió la decisión de no cumplir las
leyes contra la tortura diciendo: “En una época de grandes
desafíos y de alarmante desunión, nada vamos a conseguir
gastando nuestro tiempo y energía en tratar de perseguir las
culpas del pasado”.
El
director de la CIA Leon Panetta, un ex congresista demócrata y
ex jefe del gabinete de la Casa Blanca con la administración
Clinton, envió un mensaje a los empleados de la CIA que habían
declarado que la CIA, bajo la administración Bush, había
“repetidamente solicitado y repetidamente recibido seguridades
escritas por parte del Departamento de Justicia de que sus
prácticas eran totalmente acordes con las leyes y obligaciones
legales de los Estados Unidos. Esas operaciones fueron también
aprobadas por el presidente y los directivos del Consejo de
Seguridad Nacional y asimismo se informó de las mismas a los
representantes del Congreso”.
La
declaración de Panetta subraya una de las principales
consideraciones de la Casa Blanca de Obama. Cualquier esfuerzo
serio para someter a enjuiciamiento los “sitios negros” de la
CIA -las prisiones secretas establecidas como parte de la
“guerra contra el terror” de la administración Bush- expondría
de forma inevitable a los dirigentes demócratas del Congreso,
incluyendo a la Portavoz de la Cámara, Nancy Pelosi, y al líder
de la mayoría en el Senado, Harry Reid, a sanciones criminales
porque ellos sabían, y aprobaron, los brutales métodos ordenados
por Bush y Cheney.
La
administración Obama no sólo se niega a enjuiciar a los
funcionarios de la CIA, dijo Panetta, además el Departamento de
Justicia proporcionará asesoramiento legal gratis a todo aquel
que se vea “sometido a investigación en relación con esas
operaciones”. Esto significa que el gobierno estadounidense
representará y defenderá a los torturadores de la CIA en caso de
que tuvieran que enfrentarse a una investigación por parte del
Congreso, a juicio civil por parte de sus víctimas, o a acciones
judiciales bajo el derecho internacional, tales como la
Convención Internacional contra la Tortura, de la cual Estados
Unidos es signatario. El gobierno estadounidense pagará también
cualquier sentencia condenatoria contra agentes de la CIA que
implique indemnización por daños.
El
mismo Obama envió una carta a todos los empleados de la CIA
explicando su decisión de publicar los memorandos sobre la
tortura, una acción a la que se oponían Panetta y el ex director
de la CIA Michael Hayden. Escribió: “Es necesario que esos
memorandos se publiquen en función de nuestro compromiso con el
imperio de la ley”. Ese compromiso se extiende sólo a producir
unas hojas de papel -publicadas con nombres y redactadas con
otros detalles comprometedores- pero no se refiere a imponer
ahora algún tipo de sanción contra quienes cometieron esos
crímenes espantosos.
El
texto de la declaración de Obama emitido por la Casa Blanca es
la típica mezcla de hipocresía, demagogia y mentiras que está
caracterizando los principales pronunciamientos del nuevo
presidente. Obama nunca utiliza en él la palabra tortura,
sustituyéndola por una serie de eufemismos que los medios
repitieron después como papagayos y donde la palabra “tortura”
aparece sólo en las citas de los críticos ante la decisión de la
Casa Blanca.
Obama afirma: “En una de mis primeras actuaciones como
presidente, prohibí que EEUU utilizara esas técnicas de
interrogatorio porque socavan nuestra autoridad moral y no nos
proporcionan mayor seguridad”. En realidad, esa prohibición no
es absoluta y es esencialmente un gesto cosmético con el
objetivo de restaurar la “autoridad moral” de una potencia
imperialista que ha perpetrado crímenes de guerra masivos.
Deshaciéndose en disculpas ante la CIA por publicar los
documentos, Obama se apresuró a tranquilizar a las agencias de
inteligencia expresándoles que siguen contando con su apoyo,
declarando: “En un mundo peligroso, Estados Unidos debe
desarrollar en ocasiones operaciones de inteligencia y proteger
la información clasificada por motivos de seguridad nacional. He
luchado ya por ese principio en los tribunales y lo volveré a
hacer en el futuro”.
Obama describe a los torturadores de la CIA como gentes “que
llevaron a cabo sus tareas confiando con buena fe en el
asesoramiento legal del Departamento de Justicia de que no
serían sometidos a enjuiciamiento”. Esto recoge los ecos de la
defensa de “fue en cumplimiento de las órdenes recibidas” que el
Tribunal de Nuremberg rechazó cuando los criminales de guerra
nazi intentaron acogerse a la misma.
Nadie necesitaba un memorando para que le dijeran que los
métodos empleados en los “sitios negros” de la CIA eran
brutales, repugnantes y criminales. Esa es la razón por la que
la CIA y sus protectores están utilizando tácticas
obstruccionistas frente a los tribunales mucho después de que
esos detalles vieran la luz a través de filtraciones a la prensa
basadas en los relatos de quienes sobrevivieron a esos
interrogatorios, así como a los hallazgos del Comité
Internacional de la Cruz Roja.
La
mayor parte del comunicado de Obama está dedicado a glorificar a
la “comunidad de la inteligencia”, en un lenguaje que parece
haberse hecho eco, palabra por palabra, de las de Bush y Cheney:
“Los hombres y mujeres de nuestra comunidad de inteligencia
sirven valientemente en las líneas del frente de un mundo
peligroso. No se reconocen sus logros ni se saben sus nombres,
pero debido a sus sacrificios, todos y cada uno de los
estadounidenses viven más seguros. Debemos proteger sus
identidades con el mismo empeño con que ellos protegen nuestra
seguridad y debemos proporcionarles confianza en que pueden
hacer sus tareas”.
La
verdad es que las agencias de inteligencia de la CIA cometen
asesinatos, torturas, subversiones y provocaciones en interés no
del pueblo estadounidense sino de la elite gobernante
financiero-corporativa estadounidense. La CIA es vilipendiada
por todo el mundo como “Asesinato Incorporado”
estadounidense, que ha derrocado gobiernos en nombre de
Washington, instigado guerras civiles y establecido dictaduras
militares país tras país.
La
declaración de Obama contiene una abyecta cobardía al doblegarse
ante el poder de los aparatos de inteligencia/militar y adoptar
su historia de violencia y contrarrevolución, como promete en el
comunicado: “Haré siempre cuanto sea necesario para proteger la
seguridad nacional de Estados Unidos”.
Para terminar, el presidente de EEUU declara: “Este es un
momento de reflexión y no de castigo... no ganaremos nada
empleando nuestro tiempo y energías en buscar culpas por el
pasado. Nuestra grandeza nacional va incrustada con la capacidad
de EEUU para corregir su curso en concierto con nuestros valores
fundamentales y avanzar con confianza. Es por eso por lo que
debemos resistir a las fuerzas que nos dividen y marchar juntos
en nombre de nuestro común futuro”.
¡Qué cínica basura! ¡Como si pudiera acabarse con la tortura
exonerando a los torturadores y ocultando sus crímenes a la
gente!
El
mensaje es claro: cualquiera que exija responsabilidades por los
crímenes cometidos bajo la administración Bush (y continuados
bajo la administración Obama) está actuando para “dividir” a la
nación.
Al
declarar una amnistía para quienes perpetraron acciones que
-incluso según la administración Obama- constituían tortura y
eran ilegales, la Casa Blanca está sancionando una actividad
criminal a través del estado. Esto supone dar carta blanca a los
aparatos de inteligencia y militar para que utilicen cualquier
método ilegal que se les antoje.
Obama, al doblegarse ante las fuerzas más reaccionarias del
estado está reforzando el inmenso y siempre creciente poder que
ese “estado dentro del estado” ejerce sobre todos los aspectos
de la política del gobierno. Es una demostración más de la
descomposición terminal de la democracia estadounidense.
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Traducido
del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández |