La violencia parece no tener fin en
Colombia. En un nuevo informe de
Human Rights Watch (HRW), la
organización denunció la existencia
de “abusos graves y generalizados”
perpetrados por nuevos grupos
armados considerados los sucesores
de los paramilitares de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La ONG criticó asimismo la gestión
del presidente Alvaro Uribe por “no
haber abordado el surgimiento de los
grupos sucesores con la seriedad que
amerita este problema, fracasando en
hacer un esfuerzo serio en romper
los vínculos, denunciar y castigar”.
Ante las críticas, el gobierno
colombiano salió a controlar los
daños inmediatamente, calificando al
informe de “mentiroso y basado en
especulaciones.”
“Entre 2003 y 2006 Colombia
implementó un proceso de
desmovilización de la violenta
coalición armada AUC. Según el
gobierno, el proceso fue exitoso y
desde entonces han afirmado en
varias oportunidades que ya no
existen paramilitares en su país.
Sin embargo poco después de la
desmovilización, surgieron grupos
sucesores en todo Colombia que
continuaron con la actividad
delictiva, logrando un impacto
brutal en la situación humanitaria y
de derechos humanos en el país”,
reza la introducción del informe
presentado ayer en Bogotá “Herederos
de los Paramilitares: La nueva Cara
de la violencia en Colombia”.
Tras dos años de trabajo de campo,
el informe de 126 páginas describe
la brutal participación de estos
nuevos grupos armados en masacres,
ejecuciones, desplazamientos
forzados, violaciones y extorsión,
generando un clima de constante
amenaza en cada una de las
comunidades bajo su influencia. Su
presencia se extiende a
prácticamente todo el país,
habiéndose confirmado su actividad
en 24 de los 32 departamentos
colombianos.
“El gobierno ha tomado algunas
medidas para enfrentarlos, pero no
ha hecho un esfuerzo sostenido y
significativo para proteger a los
civiles, investigar las redes
criminales de estos grupos e
identificar a sus cómplices y
bienes”, señaló de manera crítica el
director para las Américas de HRW,
José Miguel Vivanco. “Estas bandas
son una continuación de bloques
paramilitares muy conocidos que
operan bajo el mismo patrón. Casi
todos sus líderes eran mandos medios
de las AUC que no se desmovilizaron
o cometieron fraude con ese proceso.
Muchos fueron contratados para
hacerse pasar por paramilitares y
los verdaderos mantuvieron intactas
sus estructuras”, indicó el
responsable de la organización
defensora de los derechos humanos.
Los nuevos grupos armados han
logrado instalarse tanto en zonas
rurales como en urbanas,
destacándose el caso particular de
Medellín, que sufrió un incremento
del ciento por ciento en el número
de homicidios durante el último año.
De acuerdo con la policía nacional
colombiana, el número de integrantes
armados rondaría los 4000 miembros
nucleados en ocho organizaciones
diferentes. Sin embargo, HRW
advirtió que algunas estimaciones
llevarían esa cifra a los 10.000
integrantes. Estas bandas, con
nombres como Aguilas Negras,
Rastrojos o Los Paisas reclutan
activamente a nuevos miembros y,
pese a la captura de algunos de sus
jefes, actúan con rapidez para
reemplazar a estos mandos y ampliar
sus zonas de operación, aseguró el
dossier.
El surgimiento de los grupos
sucesores era predecible de acuerdo
con la HRW. El gobierno colombiano
no logró desarticular las redes
criminales de manera eficaz por una
implementación inadecuada y mal
concebida de las desmovilizaciones
entre 2003 y 2006. Asimismo, la ONG
manifiesta preocupación por las
denuncias de supuesta “tolerancia”
de algunos funcionarios del Estado y
de sectores de la fuerza pública
frente a la actuación de los
paramilitares. Fiscales y miembros
de alto rango de la policía
indicaron a la organización que esto
obtaculiza su labor.
“Queremos recordar al gobierno del
presidente Alvaro Uribe que tiene
obligaciones para enfrentar a esos
grupos y proteger a la población
civil. Creemos que hay una actitud
pasiva y un discurso dirigido a
minimizar la importancia de este
problema. No hay suficientes
policías en las zonas en que actúan
estos grupos y no vemos el
despliegue de recursos necesarios.
Tampoco notamos esfuerzos para
enfrentar la tolerancia con estos
grupos”, señaló el director de la
HRW, mientras que expresó su
confianza en que este informe sirva
para redefinir las prioridades
vigentes del actual gobierno en
materia de seguridad.
El documento de la HRW fue
tajantemente rechazado por el
ministro de Defensa colombiano,
Gabriel Silva. “Es un informe que no
se basa en la realidad. No tiene
información, sino especulaciones,
son generalidades que cuando uno las
confronta con los hechos nunca son
capaces de demostrarlo”, dijo el
funcionario a los medios locales,
tras cancelar la entrevista que
tenía prevista ayer con Vivanco.