Las leyes están, pero no se cumplen. Esta
constatación es una de las principales denuncias que
hicieron el jueves el grupo de parlamentarios que
viajó a Colombia para evaluar la situación de los
Derechos Humanos en el país andino.
La misión la encabezaron Inés Sabanés, por
Izquierda Unida; Jordi Pedret, por el PSC;
Carles Campuzano, de Convergencia i Unió;
Francesc Canet, por Esquerra Republicana;
Joan Josep Nuet, de Entesa Catalana; Mikel
Basabe, por Aralar; y Marián Suárez, de
Eivissa pel Canvi. Los parlamentarios se reunieron
esta mañana con los medios para compartir sus
impresiones, y “conmoción” fue la palabra que más
veces salió de sus bocas.
Cada uno de los participantes aseguró que
“aunque ya sabían muchos de los problemas que sufría
Colombia, nunca imaginaron con lo que se iban a
encontrar”. En sólo una semana con visitas a Bogotá,
Cali y Medellín, los parlamentarios reconocían su
“preocupación” por el sufrimiento del pueblo
colombiano. De vuelta a casa tienen un objetivo:
“La situación de Colombia se tiene que poner en la
Agenda del semestre europeo”, sentenciaba el
senador, Joan Josep Nuet.
La Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos
en Colombia fue la organizadora del viaje, y desde
el primer momento tenía como premisa aprovechar el
contexto de la negociación del Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre Europa y Colombia y la
presidencia española en la UE (en la que se llevará
a cabo la cumbre de Jefes de Estado de América
Latina - UE) para que los derechos humanos sean el
centro de las negociaciones y debates. Pero para
cumplir sus intereses necesitaban que parte del arco
parlamentario viera con sus propios ojos las
atrocidades que esta organización lleva denunciando
desde hace años. El objetivo se puede dar por
cumplido.
“Una de las cosas que
más me impresionó fue cuando en la propia Corte
Suprema nos reconocieron que el Poder Ejecutivo no
permite trabajar al Poder Judicial, no hay una
Justicia independiente”, denunciaba el
parlamentario de Esquerra Republicana, Francesc
Canet. Las amenazas a jueces y abogados están a la
orden del día y el Tribunal Supremo del país es el
primero en admitirlo y denunciarlo.
La presión que ejerce Uribe y su Gobierno
para que no salgan a la luz determinados asuntos es
una de las protestas más sonadas que hacen los
defensores de derechos humanos. El pasado mes de
diciembre doce altos cargos del Estado fueron
detenidos por pertenecer a una
red de espionaje ilegal
(creada por Uribe) que tenía como cometido
investigar a jueces, abogados, sindicalistas,
activistas de derechos humanos y periodistas.
LOS COLECTIVOS MÁS TORTURADOS
Precisamente los sindicalistas, los defensores de
los derechos humanos y las mujeres han sido los tres
sectores con los que se entrevistaron los
parlamentarios. Las impresiones son concluyentes:
“Colombia sufre un conflicto armado interno cuya
principal víctima es la población. La vulneración
de derechos humanos es constante”, decía Inés
Sabanés.
Los parlamentarios que también se reunieron
con autoridades del Estado aseguraron que el propio
Gobierno les reconoció la existencia de un conflicto
armado: “Este reconocimiento es fundamental ya que
en Defensa de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, España y otros países pueden
intervenir en Colombia para exigir el cumplimiento
de estos derechos”, explicaba Jordi Pedret, quien
insistió en numerosas ocasiones que no se iba a
poner a debatir sobre el TLC o sobre la política
interna colombiana: “Sólo estamos para evaluar los
derechos humanos, que es en lo único que nos podemos
meter”, aseveraba Pedret.
Los tres colectivos que eligieron para
entrevistarse son los más maltratados e incluso
asesinados dentro de este conflicto. Los
sindicalistas son una de las
víctimas más codiciadas
por las fuerzas paramilitares
y las Fuerzas armadas colombianas. El 60% de los
sindicalistas asesinados en el mundo son
colombianos. “Si un trabajador se asocia a un
sindicato o intenta crear un comité de empresa es
inmediatamente despedido”, contaba el senador
Joan Josep Nuet.
Con los defensores de los derechos
humanos sucede más de lo mismo: “Se los estigmatiza
y se les acusa de pertenecer a grupos insurgentes”,
denunciaba otro de los parlamentarios. Los
defensores de derechos humanos son también víctimas
de los famosos ‘falsos positivos’ por los que se dio
a conocer Colombia. Población civil que es asesinada
por militares del Gobierno con la excusa de
pertenecer a la guerrilla. Suelen aparecen muertos a
kilómetros de sus casas y se les encuentra con ropa
de guerrillero para cumplir con la escenografía
necesaria para que las fuerzas del Estado queden
impunes. Las últimas cifras hablan de 2.100
‘falsos positivos’ durante los gobiernos de Álvaro
Uribe, los cuales forman parte de los 14.700
asesinatos extrajudiciales que se han producido
en el país andino.
Durante su estancia, los
parlamentarios padecieron una anécdota que ellos
mismos calificaron de “dolorosa”: “Nos estábamos
entrevistando con madres de jóvenes asesinados como
‘falsos positivos’, y ese mismo día en los
periódicos aparecía la noticia de la excarcelación
de varios militares que habían cometido estos
crímenes. Lo peor de todo es que el Gobierno lo
celebraba y pagó una fiesta a los militares con
spa, payasos y música. Una vergüenza”, contaba
Sabanés.
Las
mujeres son las otras grandes
víctimas del conflicto
. Madres viudas o con hijos
asesinados y con el miedo a que los más pequeños
tengan la misma suerte, se ven obligadas a
desplazarse (en Colombia ya hay cinco millones de
desplazados internos) de sus casas para escapar de
la violencia de las guerrillas, de los paramilitares
y de las fuerzas del Estado. Violaciones y torturas
son algunas de las atrocidades que sufren estas
víctimas.
URIBE Y SUS LEYES
Todos los parlamentarios coincidieron en que las
leyes están y “son buenas”, pero no se cumplen.
“La Ley de Verdad Justicia y Reparación no se
cumple, las víctimas están abandonadas y los
culpables siguen impunes. La sensación de
impunidad es otra de las problemas más grandes que
hemos percibido, no es una sensación, es una
realidad”, constataba el parlamentario de Esquerra.
La impunidad es un problema que los defensores de
los derechos humanos han vinculado en numerosas
ocasiones con el presidente Álvaro Uribe. Sin
embargo los parlamentario se ponen un poco nerviosos
cuando se les hace la pregunta: “Tenemos que
reconocer que prácticamente todas las asociaciones y
grupos sociales con los que nos hemos reunido
vinculan la impunidad y la vulneración de Derechos
Humanos con el presidente del Gobierno, pero
pensamos que no es un problema personalista sino del
Estado”, dijo Joan Josep Nuet. El representante de
Esquerra Republicana se mojó un poco más: “No
podemos obviar que un tercio de la ejecutiva de
Uribe está siendo juzgada por sus relaciones con los
paramilitares”, reconocía el parlamentario.
Los enviados españoles quisieron dejar
claro que no tuvieron ningún problema para
entrevistarse con asociaciones y con las autoridades
colombianas, y aseguraron que en ningún momento les
pusieron obstáculos para recavar información. “Desde
el Gobierno nos advirtieron que estaban
acostumbrados a que les hicieran este tipo de
evaluaciones, que las aceptaban, pero que se
reservaban el derecho de réplica”. Tras el regreso
de los parlamentarios, un adjunto del ministerio de
Defensa colombiano publicaba en el diario El
Tiempo (un de los más leídos en el país) el
“vergonzoso y absurdo trabajo” de los enviados
españoles: “Sobre estas cosas no vale la pena
opinar, estamos acostumbrados a las críticas”, decía
Jordi Pedret.
LA VISBILIDAD DEL CONFLICTO
Tras sus denuncias, los
parlamentarios plantearon las propuestas: “Vamos a
llevar el conflicto de Colombia a la Unión Europea y
dentro de dos semanas haremos un debate en el Senado
sobre la situación que se vive en el país”. El
senador Joan Josep Nuet decía: “Hablaremos de
Colombia y no de América Latina, por la sencilla
razón de que este país tiene los récord más brutales
en asesinatos extrajudiciales, desapariciones,
desplazamientos forzosos
y todo tipo de
vulneraciones de los Derechos Humanos”.
A pesar de no querer entrar en las vicisitudes
del TLC, sí admitieron que el cumplimiento de los
Derechos Humanos debe ser una condición para poder
llevar a cabo las negociaciones. Pero el
reconocimiento del Gobierno colombiano de que en su
país existe un conflicto armado y político interno,
es a juicio de los enviados españoles unas de las
declaraciones imprescindibles para empezar a
solucionar el problema.
Los parlamentarios se ponen como tarea principal
“visibilizar el conflicto colombiano”, pero también
piden a Uribe y a su Gobierno que se comprometa a
cumplir los derechos humanos, respete la
independencia judicial y el papel de los
trabajadores y sindicalistas. Francesc Canet hizo
una propuesta personal: “Desde mi partido (Esquerra
Republicana) también vamos a
vigilar la cooperación
que se hace con Colombia,
porque hemos percibido que no es eficaz y no tenemos
claro que llegue al destinatario correcto”.