Como en años
anteriores, distintos actos han conmemorado el pasado 14 de
abril la llegada de la II República de 1936. Como no podía
ser menos, se han celebrado los importantes pasos que en
aquella época se dieron: libertades democráticas, educación
pública, derecho a voto de las mujeres, matrimonio civil y
divorcio, régimen laicista, autonomías catalana, vasca y
gallega, etc…
Vaya por delante
que todo lo que se haga en esta dirección será siempre poco.
Celebrar aquel triunfo de la libertad frente a la tiranía
sigue siendo una tarea de tremenda actualidad. Más aún
teniendo en cuenta que los partidos que durante la
Transición firmaron los pactos constitucionales tuvieron
especial cuidado de no impulsar durante años, sino todo lo
contrario, todo lo que pudiera ser comparado con el bodrio
institucional (monarquía, unidad patria indivisible e
indisoluble, privilegios de la Iglesia mantenimiento del
Ejército y la policía franquista,…) por ellos cocinado.
Ahora bien, una
cosa es afirmar lo anterior y otra muy distinta hacer de la
II República algo etéreo, situado al margen y por encima de
la lucha de clases que la alumbró y bajo la cual se
desarrolló. Por ello, reducir la II República a una bandera
y una Constitución es algo que atenta, no solo contra la
verdad histórica, sino contra los ideales de izquierda,
socialistas y libertarios que quisieron alumbrar una
sociedad cualitativamente diferente, que iba mucho más allá
de la tricolor y su Constitución.
La República vino
de la mano del fortalecimiento que, a pesar de la fuerte
represión, había tenido el movimiento obrero, las
organizaciones campesinas y las fuerzas nacionalistas en los
años anteriores. Ello, unido a la podredumbre que acompañó
al propio régimen dictatorial de Primo de Rivera y
monárquico de Alfonso X!!!, fue lo que provocó la llegada de
la República, el 14 de abril, y el aplastante triunfo
socialista y republicano en las elecciones generales de
junio de 1931.
Esta lucha de
clases siguió viva en los años siguientes, no solo entre los
defensores y detractores de la República, sino dentro
también de las propias filas republicanas. Así, durante el
“bienio negro” (1933-36), el gobierno Lerroux-Gil Robles
(Partido Republicano Radical y CEDA) se centró en combatir
legal, social y policialmente el avance organizativo y
político logrado en los primeros años por las fuerzas de
izquierda y nacionalistas. Mientras que para unos la
República era poco más que el reemplazo del rey por un
presidente y unas cuantas libertades formales, para buena
parte de la izquierda se trataba de sacudir a fondo la
sociedad, limpiándola de todo tipo de inmundicias feudales,
clericales y burguesas.
Reflejo de lo
anterior fue la Ley de Defensa de la República, de 1931,
que, por encima de la propia Constitución, dejaba en manos
del Gobierno y su Policía los derechos y libertades que en
principio aquella proclamaba. Ley utilizada, sobre todo,
para reprimir las ocupaciones de tierras e insurrecciones
como la de Casas Viejas y el Alt Llobregat, en las que
decenas de personas fueron ametralladas por la guardia civil
o deportadas por cientos a Guinea. Mientras tanto, golpistas
como Sanjurjo, condenado a muerte por alzarse militarmente
en Sevilla –1932-, vería conmutada su pena y luego, tras
cumplir dos años de cárcel, serían expulsado al exilio en
Portugal.
Otra ley, la de
Vagos y Maleantes, de 1933, sería utilizada por el gobierno
para, bajo la excusa de controlar a mendigos e indigentes,
reprimir a los miles de inmigrantes que acudían desde el
campo a los centros fabriles catalanes o madrileños, los
trabajadores en paro, las familias desahuciadas por no poder
pagar sus rentas o los obreros en huelga. Junto a ella, la
Ley de Reforma Agraria -1932- no pasó de ser una mera
caricatura de lo reclamado por las organizaciones
campesinas. El presupuesto para su aplicación era la mitad
del destinado a la Guardia Civil, cuerpo que reprimía las
ocupaciones del campesinado sin tierra.
Durante el período
republicano (1931-1939) el debate no se situó tan solo en
torno a la lucha entre la democracia y el fascismo, sino en
el de la revolución y la contrarrevolución social. “
Tenemos que luchar hasta que en las torres y edificios
oficiales ondee, no la bandera tricolor de una República
burguesa, sino la bandera roja de la revolución socialista
”, escribía Largo Caballero en el periódico “El
Socialista”, en 1933. En el PSOE, la CNT, el POUM, la FAI,
el PCE, las JJ:SS…, muchos pensaban como él o de forma
parecida. Octubre de 1934 fue la muestra de lo que estaba en
juego, pero la revolución asturiana pagó los platos rotos de
aquel aislado alzamiento: mil muertos, dos mil heridos,
30.000 encarcelados...
Para las fuerzas
de centro y derecha, la República no debía sobrepasar el
orden burgués. Por eso mismo, ante el auge de las luchas
obreras, populares y nacionales (declaración del Estat
Catalá en 1934 por el presidente Companys), cada vez más se
inclinaron por una salida que frenase aquel proceso
revolucionario en marcha. En la CEDA, finalmente, los
sectores más violentos y golpistas (Calvo Sotelo) se
impusieron frente a los más legalistas (Gil Robles).
Las banderas que
ondeaban en los edificios oficiales eran tricolores, pero
las que acompañaban mayoritariamente las manifestaciones
obreras, populares y nacionalistas eran la roja socialista y
comunista, la rojinegra cenetista y la ikurriña y senyera
vasca y catalana. Los batallones de milicianos y gudaris
portaban esas mismas banderas. Muchos fusilados en Navarra
lo fueron por ser republicanos, pero muchos más aún lo
fueron por ser socialistas, ugetistas, cenetistas,
nacionalistas,.. El alzamiento fascista, con sus bandos y
comunicados, dejó bien claro cuáles fueron las razones del
golpe: cortar por lo sano los atentados contra el orden
social caciquil y burgués, contra la unidad de la patria,
contra la Iglesia católica,...
En algunos actos y
escritos que estos días han celebrado el aniversario de la
II República se oculta bajo el manto de la tricolor y su
Constitución el contenido real de lo acontecido aquellos
años. Algunos, en el colmo del cinismo, comparan aquella con
el actual régimen constitucional de “derechos y libertades”,
al cual, a lo más, le falta alguna que otra reforma. Que
viva pues la República, pero que vivan sobre todo los
ideales socialistas, libertarios y de soberanía que entonces
se defendieron.